Por Bernardo Henao Jaramillo.
Columnista de Opinión
La situación en Colombia es cada día más crítica. Esto se debe exclusivamente al gobernante que desde el 7 de agosto de 2022 rige los destinos del país. Actúa de una manera tal que parece estar improvisando y decidiendo sobre la marcha pero no es así. Porque ante tanta reforma que propone resulta imposible pensar que todo esto no lo tuviese preparado desde hace mucho tiempo. Y así es como nos vemos hoy enfrentados a la avalancha de las petroreformas, que pretenden cambiar las principales actividades del país y las instituciones que son cruciales para la democracia.
Reformas a la justicia, a la política, Paz total, tributaria, laboral, pensional, a la salud a las FFMM y de Policía, electoral y otras más que serán radicadas una vez se instalen las sesiones ordinarias del Congreso.
Es claro que no se logrará «el cambio» tan cacareado durante la campaña con una gran cantidad de reformas que presentan diversos inconvenientes y entre ellos claros y evidentes alcances inconstitucionales.
Hablamos, por ejemplo, del ingreso de la Segunda Marquetalia a diálogos de paz, dado que ellos incumplieron el Acuerdo de la Habana. Iván Márquez, en compañía de Jesús Santrich, de alias Romaña, de alias El Paisa y otros fascinerosos, fueron expulsados del proceso, se rearmaron para atentar contra el país y por supuesto traficar con cocaína que es su oficio. En octubre 4 de 2019, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó la exclusión de la Jurisdicción Especial para la Paz de estos individuos y se decidió en ese entonces que todos los casos en los que estaban involucrados pasaran a ser de competencia de la justicia ordinaria. Descaradamente dejaron saber que están listos para participar en las conversaciones una vez terminen los diálogos exploratorios. Pero su ansiedad por ingresar se hace visible a través de la designación de tres guerrilleros para participar en las mesas: Walter Mendoza, Iván Alí y Yurleni Guerrero. El gobierno debe ser serio y respetar y acatar las normas y las expresas prohibiciones.
La situación descrita se ve agravada por las oprobiosas declaraciones del primer mandatario. Ha dicho que la Primera línea actuaba en defensa de su vida. Insiste en la falsa teoría del estallido social por cuenta de los «impuestos a la comida» que quería imponer el presidente Duque. Por supuesto que sus propios impuestos a la comida no son mencionados en ninguna parte.
Como quiere liberarlos y no lo ha logrado en muchos casos, ha dicho que los jueces están siendo presionados; afirmación temeraria sin ningún soporte ni prueba. Califica a la justicia de vengativa. Pero lo mejor es esta frase digna de Cantinflas: Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen no se consideren crimen más adelante pues habrá por definición menos crimen en Colombia.
Ha dicho también: Cuando la salud era pública, la gente se moría más pero se moría con dignidad, eso es lo que debemos rescatar. Ese pretendido cambio llevara al desastre en la prestación de los servicios médicos en Colombia.
Como si fuera poco, en reciente discurso en Cali habló de guerra étnica dado que, según él, entre los manifestantes, durante los bloqueos del año 2021, había muchos negros.
Los colombianos se sienten angustiados. Algunos se fueron del país o sacaron dinero pero la mayoría no puede hacerlo y debe hacer frente al cambio que implican la altísima devaluación y la carestía
Ante estos graves hechos es necesario que la oposición se unifique en torno a objetivos claros y líderes capaces de marcar los derroteros. Hasta el momento los partidos no han hecho la tarea con la excepción del Centro Democrático y también Cambio Radical. Los demás han dejado al país al garete y ya se están dando cuenta de lo grave de la situación y de la necesidad de separarse del Pacto Histórico. Pero una cosa es la oposición bajo la sombrilla de los partidos y otra muy diferente la llamada a cumplir la sociedad civil.
En el año que terminó se dio un hecho sin precedente: durante los primeros 100 días del gobierno Petro se realizaron 4 marchas que, lamentablemente, por el egoismo de sus líderes y de quienes se identificaban con ellos, no funcionaron bien y acabaron dando al traste con la iniciativa. Pierre Onzaga y William Vergara están ahora en peleas deplorables y Andrés Rodríguez, el Gury, anda buscando participación en política. Se le ha visto por los lados del CD y del Movimiento de Salvación Nacional. Desastroso.
Nació un nuevo movimiento, Mesa de Patriotas por la Libertad, que está convocando a un paro nacional indefinido para el 14 de febrero. Pero, como lo dijo Alvarez Gardeazábal, este paro está pifiado. Poco se sabe de quienes integran el movimiento. En la invitación que circuló por la red se menciona que lo apoyan 24 organizaciones poco conocidas, sin mayor liderazgo ni representación. A la invitación se han sumado algunos políticos que sugieren cambiar la fecha del 14 al 15 y al parecer el paro ha mutado en marcha. En medio de este desorden no puede funcionar la oposición.
La oposición, liderada por la sociedad civil, debe aprender del activismo judicial que liderara el senador Iván Cepeda. A él se le debe en gran parte el triunfo del Pacto Histórico. Su estrategia de demandar las principales actuaciones del gobierno de Iván Duque y esa postura de perro rottweiler que no soltaba judicialmente al expresidente Uribe produjeron frutos, especialmente en las redes, que hoy trata de conservar.
La izquierda y sus colectivos de abogados cumplieron la tarea. Ahora la oposición debe cumplir similar papel y aplicar el principio de la semejanza que fuera establecido por Hipócrates. Similia similibus Curantur, que traducido al castellano es “lo semejante cura lo semejante”.
En lo que a los centros de pensamiento y a la academia se refiere, se necesita de ellos más acción y menos discurso. En Colombia la unión debe prepararse y habrá que practicar la desobediencia civil si se persiste en imponer reformas sin respeto por las instituciones ni por los principios democráticos. Debemos afianzar la justicia y recuperar la autoridad.
