Por: Eduardo Padilla Hernández
Magíster en Derecho y Profesor en Derecho Ambiental.
Desde la década de los setenta del siglo XX en Colombia se ha dado una transición económica, pues las actividades agropecuarias que protagonizaban el escenario, fueron desplazadas por la explotación de minerales e hidrocarburos, por la creciente demandan industrial a nivel nacional e internacional. No obstante, ello no solo apalancaría al sector oficial y legal, sino que se convertiría en la fuente de recursos para comunidades vulnerables, así como de las diversas formas de criminalidad que encontraron en la minería ilegal, por ejemplo, una forma de financiación.
Entre un cúmulo impensable de problemáticas, ha sido la del narcotráfico la que ha tenido los reflectores centrados en ella. Así, para el público en general hay retos que pasan desapercibidos, y que ciertamente se están convirtiendo en el elefante en la habitación. Esta expresión que se deriva de un viejo adagio de la India, se usa cuando hay una cuestión que es evidente y relevante, pero que es deliberadamente ignorada o evadida.
Tal es el caso de la minería ilegal, la cual se ha ido expandiendo en todo el territorio nacional, especialmente en aquellas zonas donde la ausencia de la estatalidad abona un entorno en el que la ilegalidad coopta los espacios vacíos. De este modo se tienen cifras tan complejas, como que de los 200.000 mineros que hay en Colombia, el 70% se dedica a la minería ilegal (Tarazona, 2023).
Según Tarazona (2023) “el 65 % de las minas auríferas en Colombia son ilegales. La huella ambiental se calcula en la degradación de más de 100 000 hectáreas”. Uno de los puntos clave de la apuesta del gobierno de Petro es la formalización de la Minería, por ello desde su llegada a la Casa de Nariño se han inhabilitado más de 900 minas ilegales, y se dio la instrucción a las Fuerzas Militares de destruir dragas, retroexcavadoras, motobombas y otros elementos propios de la actividad ilegal, produciendo ello un paro por parte de la población afectada y de los grupos ilegales que se enriquecen con la minería, tal es el caso del afamado Clan del Golfo.
Así surgió la idea de formalizar un Distrito Minero en el Bajo Cauca, pero expertos afirman que faltan resolverse asuntos técnicos y normativos a nivel nacional y, a nivel internacional, se deben aunar fuerzas con otros países involucrados en la demanda de lo extraído de nuestro rico suelo. Particularmente, es menester regular la Ley 2177 de 2021 por medio de la cual se expiden normas para que el sector minero colombiano acceda a los servicios del sistema financiero y asegurador nacional, y la Ley 2250 de 2022 por medio de la cual se expide el Plan único de legalización y formalización minera.
Los grupos mineros ya han dado a conocer su propuesta al gobierno nacional, en la que se leen estrategias como estructurar un nuevo Código Minero que tome en cuenta las tecnologías y condiciones ambientales actuales, la creación de una entidad descentralizada de apoyo al minero, que sea multidisciplinaria y multipropósito; implementar sus sistema de dragado especial en las cuencas de los ríos principales; que haya una inclusión en el legislativo y en las mesas de diálogo nacional, entre otras.
La problemática no es menor, en ella convergen diversos actores ilegales, el daño ambiental deja cráteres que ya están siendo detectado por los satélites de la NASA, menoscabando la potencialidad que tenemos por nuestros baluartes naturales. Socioeconómicamente el drama es mayor, pues los bolsillos de los criminales se engrosas y los obreros (campesinos e indígenas) apenas reciben lo de una o dos comidas al día.
El Eln y las nuevas bandas también sacan tajada. A la par de la extorsión, estos grupos manejan directamente zonas de explotación en sus áreas de influencia. Además del daño ambiental, es esa millonaria fuente de ingresos para los ilegales la que ha convertido el combate contra la minería criminal en un asunto de seguridad nacional. Solo un 13 por ciento del oro que se saca cada año del país proviene de minas tituladas. El resto, que equivale a unos 7 billones de pesos, se queda en la informalidad y en los bolsillos de las organizaciones criminales (Torres, 2015).
Se espera que los ánimos del actual presidente no languidezcan ante la magnitud de este problema que ha de resolverse con prontitud para formalizar a miles de mineros, dignificar sus condiciones de vida, prevenir más daños al medio ambiente y desterrar cualquier forma de financiación de la violencia, la ilegalidad y la criminalidad. También, e surgente para tal fin, hallar la fórmula de gobernanza nacional e internacional en la que se integren todos los actores que pueden aportar genuinamente a la construcción de rutas de acción certeras…ello sin lugar a duda si sería una huella imborrable del legado del gobierno del cambio.
Referencias
Tarazona, D. (31 de Marzo de 2023). Minería ilegal en Colombia: un mes de paralizaciones complica las acciones de control del gobierno. Obtenido de https://es.mongabay.com/2023/03/mineria-ilegal-colombia-un-mes-de-paralizaciones/#:~:text=El%2065%20%25%20de%20las%20minas,tanto%20pueden%20mejorar%20la%20problem%C3%A1tica.
Torres, J. (16 de Diciembre de 2015). Nuevos desiertos avanzan detrás de la fiebre del oro. Obtenido de https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16460299.
