Por Sixto González
El eventual ingreso del mandatario colombiano a la lista OFAC sería más que un castigo personal ya que este implicaría un bloqueo financiero preventivo sobre las principales empresas del Estado y una herida profunda a la credibilidad del país.
La lista OFAC −mantenida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos− no es tan solo una sanción simbólica, pues se traduce en una condena financiera. Quienes aparecen allí no pueden operar con el sistema bancario internacional, ni abrir cuentas, ni recibir transferencias, ni participar en ningún negocio que involucre dólares.
Para una persona del común, eso equivaldría a una muerte financiera, pero, para un jefe de Gobierno, representa algo mucho más grave: una especie de virulencia institucional, porque en cada empresa en donde el Estado tenga un asiento o influencia quedaría bajo el mismo signo de sospecha.
Desglosemos el grado y los efectos dentro de las empresas mixtas de nuestro país en donde Gustavo Petro por ser el jefe de Gobierno participa directamente dado que el Estado es el socio mayoritario: Ecopetrol, ISA, Banco Agrario y varias Cámaras de Comercio, entre otras.
Nuestra “reina de la corona”, Ecopetrol, está listada en la Bolsa de Nueva York, sería ella la primera víctima. Sus bonos, sus socios y su crédito dependen de bancos y fondos sujetos a la regulación estadounidense. Esta sanción al presidente −su representante máximo− paralizaría su relación con inversionistas extranjeros, encarecería su deuda y cerraría puertas a mercados estratégicos.
No por castigo formal directo −dado que la sanción OFAC es de índole personal−, sino, por prevención: nadie quiere negociar con una empresa vinculada, aunque sea indirectamente, a un nombre en la Lista Clinton.
En ISA (Interconexión Eléctrica S.A.) habría un efecto dominó, ya que ella es controlada por Ecopetrol y con presencia en Chile, Perú, Brasil y Centroamérica. Sus filiales podrían enfrentar auditorías extraordinarias, suspensión de seguros internacionales y dificultades para acceder a líneas de crédito. Algo que, en el lenguaje diplomático, se le llama “riesgo reputacional”, que para efectos prácticos sería un bloqueo disfrazado de precaución.
El Banco Agrario, opera principalmente en territorio nacional, pero depende de bancos corresponsales estadounidenses para sus transferencias internacionales y líneas de crédito multilateral. Con un presidente sancionado, esas relaciones se congelarían de inmediato, lo que conllevaría a una asfixia silenciosa. El banco podría seguir abierto, pero aislado del circuito financiero global.
Incluso las Cámaras de Comercio −entidades con funciones públicas, pero de naturaleza privada− también se verían afectadas. Su interlocución con organismos de cooperación y certificación internacional quedaría en entredicho, y su representación en juntas donde haya funcionarios cercanos al sancionado sería revisada. Sería un golpe reputacional, pero duradero.
El verdadero trasfondo de este asunto no está en las sanciones mismas, sino, en la causa que las provocó. Durante meses, nuestro mandatario ha escalado sus ataques contra figuras internacionales −en especial contra Donald Trump− con una mezcla de cálculo ideológico electoral y mucho tinte de vanidad personal.
Petro, no ha entendido que la política exterior no es un escenario para egos, sino, un tablero bien formado de equilibrios. Al desafiar a Trump con ligereza, ha arrastrado −a lo mejor con saña premeditada− consigo, la estabilidad económica del país.
Petro no entiende que la diplomacia no se grita desde el megáfono, las redes sociales, las entrevistas pactadas, un pulpito en la casa de Nariño o como hizo ayer, desde la plaza pública, sino, que se construye con determinación objetiva hacía lo que debería ser su verdadera preocupación: la Nación. Cada palabra hostil hacia una potencia financiera es una factura que, tarde o temprano, pagaríamos. Pues, no afectaría solo al hombre, sino a la credibilidad completa de Colombia ante el mundo.
Cuando un presidente convierte sus más mezquinas y egoístas bajas pasiones en política exterior, lo que termina sancionado no es solo su cuenta bancaria, sino, además la dignidad del Estado. Y cuando el mundo deja de confiar en la cabeza del Gobierno, toda la nación queda en observación. Ya no haría falta una orden judicial ni una guerra comercial, bastaría el peso del descrédito para que el país quedara en cuarentena financiera. Todo, por confundir un falso liderazgo ideológico con protagonismo.
Hoy, ya no es una amenaza, sino, una penosa realidad. El presidente figura en la lista OFAC., y con él, el país entero ha quedado bajo una nube de sospecha. No existe un decreto oficial directo que sancione a las instituciones del Estado −es verdad−, pero el efecto es el mismo: las puertas financieras tenderían a cerrarse, los bancos internacionales a alejarse y los inversionistas a tomar distancia, porque el sistema financiero global se basa en la aplicación del «compliance» preventivo, no solo espera órdenes, siempre él evita riesgos.
El problema ya no sería solo jurídico, sino también, moral y político. Colombia, una nación que luchó por décadas por limpiar su nombre del estigma del dinero sucio del cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar y otros, vuelve a estar en la observación global por culpa de quien estaba llamado a proteger constitucionalmente los intereses de nuestra nación.
Petro, no fue sancionado por defender la soberanía nacional, sino, por desafiar las reglas del sistema financiero internacional desde la tribuna de la vanidad y el egocentrismo.
La historia juzgará con dureza a quienes creyeron que podrían enfrentar al mundo con discursos incendiarios mientras firmaban la ruina y el descredito con tinta extranjera. Hoy, no hay una sanción simbólica, hay una condena práctica al crédito, a la confianza y a la imagen del Estado colombiano. Y este es el costo más alto que puede pagar una república: la pérdida de su credibilidad por el ego mal sano y delirante de su gobernante.
