Por Rafael Rodríguez-Jaraba*
En evidente extralimitación de funciones, y arrogándose facultades de las que carece, el gobierno Petro, por medio del Ministerio de Agricultura, pretende restringir los derechos a la libre asociación y a la iniciativa privada.
En efecto, el Ministerio de Agricultura, mediante la expedición de la -invasiva y viciada de nulidad- Resolución 0052 de 2025, intenta asumir funciones de inspección vigilancia y control sobre organizaciones agropecuarias y asociaciones campesinas nacionales, lo que constituye manifiesto quebrantamiento del orden legal y constitucional, en razón a que una resolución no tiene jerarquía legal para asignar tan especializadas competencias, lo que solo es posible mediante la expedición de una ley orgánica.
Pero más que un nuevo yerro del descuadernado gobierno que padece la nación, la expedición de esta obtusa resolución constituye, un atentado contra la vigencia de los derechos fundamentales de libertad para asociarse y de iniciativa privada, lo que denota el desprecio de Petro por la democracia, por la división del poder y por la competencia de las instituciones republicanas.
En su enrevesada prédica defensiva, la señora que está de ministra de agricultura alega que la expedición de la Resolución 0052 se hizo en desarrollo de lo previsto en la Ley 2219 de 2022, ignorando que el ordenamiento legal y constitucional no se puede modificar mediante una resolución, y menos, para limitar, restringir o desconocer derechos fundamentales, lo que solo es posible mediante leyes estatutarias.
Pero más que un asunto de torpeza, de mera jerarquía de normas o de asignación de funciones y autoridad, lo sustantivo por analizar, es que la promulgación de la resolución, es una clara y expresa amenaza a la libertad, así como a los principios y derechos rectores de la democracia como son los de: autonomía de la voluntad; libre disposición de los derechos legítimos; y, uso y goce de los bienes que se adquieren en ejercicio de ellos.
Lo colombianos deben saber que la democracia, bien sea representativa o participativa, no solo se reduce al derecho al sufragio universal. No, la democracia es más que eso. La democracia comporta la libertad y dentro de ella, la de mercado, libre asociación e iniciativa privada, lo que supone la menor intervención del Estado, siendo prudente su vigilancia, y residual y extrema su intervención y tan solo legítima y necesaria, cuando algún agente del mercado se extralimita o dolosamente se limita en el giro de sus actividades y con ello, inflige daño a los consumidores o a la economía, y, en todo caso, debiendo ser la vigilancia disuasiva antes que interviniente, y de ser esta última necesaria, solo ejercida por los organismos investidos de facultades para hacerlo.
El fundamento primigenio del derecho a la libertad económica, a la iniciativa privada y a la libre asociación, apareció en Francia en el Siglo XVIII, como doctrina medular de la Escuela Fisiocrática (el poder de la naturaleza), comprimido en la memorable frase “laissez faire et laissez passer, le monde va de lui meme”, la que traduce “dejen hacer y dejen pasar, el mundo va solo”, en relación con la completa libertad que debe existir en la economía dentro del marco del bien común, de manera que los gobernantes, refrenen su inclinación y resistan su tentación por el intervencionismo, el que generalmente termina prohibiendo, limitando, distorsionado o corrompiendo la economía.
Este credo liberal francés, es muy anterior al que ahora, por moda, esnobismo o pedantería, algunos agitan sin conocimiento o convicción, y llaman Escuela Libertaria, que es una ramificación de la Escuela Austriaca de Carl Menger, que niega de manera ruda y rotunda cualquier presencia o intervención del Estado en la economía.
Para moderar los dos credos económicos en favor de la libertad, Milton Friedman, padre de la Escuela de Chicago y probablemente el mejor y más influyente economista después de Adam Smith y David Ricardo, fervoroso irreductible de la internacionalización y liberalización del comercio, y creyente de la autorregulación del mercado a pesar de reconocer sus fallas, en sus teorías no niega la necesidad de la presencia del Estado, pero solo justifica su intervención en situaciones extremadamente críticas o devastadoras.
En contrario a estas posturas leseferianas, libertarias y liberadoras, se mantiene moribunda la postura anacrónica, por regresiva y retardataria de los comunistas, hoy vergonzantes y solapados bajo la apariencia de “Progresistas” o “Globalistas”, que desconocen la ciencia, niegan la evidencia y distorsionan la realidad para degradarla a posverdad, y buscan por todos los medios controlar el mercado y los medios de producción, estatizar y politizar los servicios públicos, e ideologizar la educación y el trabajo.
Petro, en asocio de sus serviles corifeos, y fiel al dañino y fallido modelo comunista, no se resigna, y a pesar del rotundo fracaso de su parodia de gobierno, sigue asediando la economía, entrometiéndose en el mercado e interviniendo en asuntos y actividades de las que no tiene la menor noción, y en las que le compete, exhibe invencible ignorancia como bien lo demuestran, sus absurdas y destructivas reformas tributaria, laboral, a la salud, y pensional, la que por insanable inconstitucionalidad tiene los días contados.
La abierta inconstitucionalidad y desvergonzada ilegalidad de la Resolución 0052 del Ministerio de Agricultura, permite razonablemente suponer, la avalancha de demandas que tendrá, así como anticipar, su absoluta nulidad, que, de no declararse, sentaría un peligroso precedente que despejaría el camino para que el Gobierno siga desconociendo y violentando los derechos fundamentales, y asumiendo de forma abusiva y nefasta el control de actividades en las que no tiene competencia, como sería, limitar la autonomía e independencia de gremios y asociaciones, y al parecer, para hacerse a los recursos que estas organizaciones civiles poseen o administran.
Los días de gobierno, se le acaban a Petro, y la frustración y desengaño de los que creyeron en su perorata, aumenta. Petro terminará solo, aislado, repudiado, y atrapado en el laberinto que ha construido con su propia villanía.
En Sala de Espera No. 1: Que la Corte Constitucional declare “Estado de Cosas inconstitucional”, ante la grave y extrema crisis que afronta el sistema de salud, y pone en riesgo la vida de todos los colombianos. La Corte Constitucional debe evitar una tragedia nacional.
En Sala de Espera No. 2: Que la Corte Constitucional declare inexequible, el Decreto mediante el cual el Gobierno declaró, con falsa motivación, la Conmoción Interior en la región del Catatumbo.
En Sala de Espera No. 3: Que la Corte Constitucional declare inexequible, la ley que aprobó la improcedente, descuadernada y confiscatoria Reforma Pensional.
En Sala de Espera No. 4: Que el Consejo de Estado declare la nulidad del decreto que Prohibió las Exportaciones de Carbón al Estado de Israel, lo que arruinaría a los departamentos de Guajira y César, y destruiría más de 4.000 empleos productivos y bien remunerados.
En Sala de Espera No. 5: Que el Senado de la República se prepare para NO dar concepto favorable a una Consulta que pretende burlarlo y desconocer el orden constitucional, y que costaría cerca de 575 Mil Millones de Pesos para complacer el gusto de un presidente dislocado, y carente de apoyo y respaldo popular, y, además, por ser muy probable que, por no alcanzarse el umbral de más de 13 Millones de votantes, el resultado de la consulta no sería vinculante.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
