Por: Rafael Rodríguez-Jaraba
Es claro para la Nación entera, la pérdida de confianza y credibilidad en el Presidente Gustavo Petro y su gobierno, así como el desengaño y la frustración de quienes lo eligieron.
El Congreso de la República no puede ignorar esta realidad y resistirse a admitir el rechazo mayoritario que producen las mentiras, falacias, improvisaciones, despropósitos y desvaríos de Petro.
Ya no hay duda que Petro es un ser perturbado, alucinado y descompuesto, carente de preparación, formación, capacidad y cordura para gobernar, a quien lo mueve el resentimiento, el odio y la venganza, y actúa enceguecido por sus regresivas ideas y retardatarias creencias.
Más allá de cualquier consideración política o valoración médica, es claro que Petro no actúa como una persona normal y, por ende, no cuenta con condiciones para gobernar. Su oscura conducta, sus permanentes yerros, su negación a la realidad, la ciencia y la verdad, su falta de buen juicio, sus disparatadas ocurrencias y sus enrevesadas propuestas, así lo demuestran.
Ante tan cruda e inocultable realidad, los miembros del Congreso no deben olvidar, que no fue Petro quien los eligió, que quienes los eligieron fueron sus electores y a ellos se deben y representan, y, en consecuencia, deben actuar consultando el bien común, el interés general y no los intereses de Petro.
Tampoco los congresistas deben olvidar que, son responsables ante la sociedad y la justicia del cumplimiento de sus obligaciones, y que su condición de legisladores no los faculta para violentar el orden constitucional y menos, para fletar su conciencia y vender la dignidad a cambio de prebendas.
La nación sigue esperando que los miembros del Congreso, honren sus deberes y antepongan la integridad a la conveniencia, la pulcritud a la componenda, el honor a la felonía y la coherencia a la desinteligencia, de manera que, eviten convertirse en peones de un gobernante mesiánico, torpe y perturbado, que no cesa de dar muestras de ineptitud e incapacidad para dirigir la nación.
Si bien es cierto que, cerca del 20% de los miembros del Congreso aún son obsecuentes a Petro y votan de manera dócil y obediente sus obtusas propuestas, es esperable que los demás congresistas de las otras bancadas que conformaban o aún conforman la coalición de gobierno, no las apoyen por reñir con los postulados de sus partidos o movimientos, por ser contrarias al querer de sus electores, por desconocer la voluntad mayoritaria de la nación y por comprometer la vigencia del Estado de Derecho.
Dadas las circunstancias actuales, y, ante el clamor nacional para que el Gobierno retire su absurda reforma a la salud y dadas las remotas posibilidades que en un acto de sensatez lo haga, es necesario que los congresistas que, por interés o conveniencia conforman la bancada de gobierno, reflexionen, y con fundamento en la evidencia, desistan de apoyar tamaña ocurrencia, la que como bien se ha probado, además de disparatada, es destructiva, regresiva y absolutamente insostenible.
No en vano todos los sectores de la salud y la comunidad médica y científica se han manifestado en contra de la reforma, la que consideran que, antes que mejorar y fortalecer el sistema de salud, promover su calidad y eficiencia, y aumentar su cobertura, revertiría su formidable desempeño que hoy lo sitúa para la Organización Mundial de la Salud, como el mejor del continente y vigésimo segundo en el mundo, y, para Bloomberg, como décimo segundo en el concierto mundial.
Llama la atención, que los especialistas y expertos en administración de salud, también se opongan a la reforma por no encontrar en ella, el menor asomo de coherencia técnica, funcional, económica y financiera.
Si bien el sistema de salud debe mejorar aún más y su cobertura aumentar del 96 al 100%, en especial, en los sectores rurales y en materia preventiva, es claro que lo que se propone en la reforma antes que lograrlo revertiría su desempeño.
También llama la atención que diversos líderes de opinión de todos los matices, coincidan en discrepar con la manera desafiante, intimidante y provocadora con que Petro pretende sacar adelante la reforma, y, estén de acuerdo en que, Petro debe respetar el Estado de Derecho, la división de poderes y las instituciones republicanas, y, que cualquier reforma que pretenda promover, se debe hacer dentro del marco de la Constitución y la ley, con el respeto que merece el Congreso, y no, bajo chantaje, amenaza y apremio.
En suma, el Congreso debe evitar la destrucción del Estado de Derecho y con ello, la destrucción de la democracia y, por ende, su propia destrucción. El Congreso no puede desconocer la ciencia y la evidencia científica, ignorar la realidad y privilegiar la improvisación sobre la experiencia positiva de lo construido.
Por todo lo anterior, el Congreso debe hundir de manera definitiva el proyecto de reforma a la salud, por destruir y no construir, y más que eso, para defender y preservar la salud de los colombianos, así como para mantener su autonomía como órgano legislativo ante las imposiciones de un gobernante perturbado y desorientado, al mando de un gobierno que se mantiene a flote, sin rumbo y al garete, con averías irreparables, haciendo agua y condenado al naufragio.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
