Por Rafael Rodríguez-Jaraba*
En un mundo de decoro y dignidad, y, de tenerse, el menor asomo de autoestima y elegancia, las tres (3) señoras nominadas a Fiscal General por el remedo de presidente que Colombia padece, deberían renunciar.
Es muy diciente que, sumadas todas las rondas de votaciones de la Sala Plena de Corte Suprema de Justicia, haya ganado el voto en blanco, lo que evidencia que las candidatas, en su conjunto, no son depositarias de plena confianza, ni trasmiten seguridad al alto tribunal, como tampoco, a la mayor parte de la nación y menos, a la comunidad jurídica y académica en general.
Ahora bien, en la última ronda de votación, una de las candidatas obtuvo trece (13) votos, lo que también demuestra, que los alcanzó por consenso y no por predilección de los honorables Magistrados, habida cuenta que, en anteriores rondas, no obtuvo ni la mitad de ellos, lo que razonablemente permite concluir que, de ser elegida, lo sería gracias al espíritu de cuerpo de la Corte y no, mediante votos emitidos en conciencia y con plena convicción.
Si bien las señoras postuladas, al parecer, reúnen los requisitos constitucionales y legales para aspirar al cargo, es preciso señalar que, estos requisitos son los mínimos necesarios exigibles y no, los máximos posibles deseables, máxime, tratándose de un cargo de tan alta jerarquía que inviste la mayor dignidad, autoridad y responsabilidad.
Colombia requiere, y más en estos momentos, que los candidatos a Fiscal General, además de satisfacer los requisitos legales, sean poseedores de ciencia, virtud, sabiduría y, en especial, de integridad, capacidad, imparcialidad e independencia, y, es manifiesto que, ninguna de las postuladas aúna estas condiciones.
Para nadie es extraño que, muchos son los funcionarios públicos que se eligen o nombran con el cumplimiento de todos los requisitos legales, pero que adolecen de adecuada formación, preparación, capacidad de gestión, diligencia y decisión para ejercerlos, e inclusive, en ocasiones, la honorabilidad de ellos, está en seria duda y entredicho, tal y como sucede con los señores Armando Benedetti y Roy Barreras para no hacer más extensa la lista.
Para también corroborar lo anterior, basta revisar el nombramiento de la señora Irene Vélez como Ministra de Minas y la elección de la señora Francia Márquez como Vicepresidente, personas que si bien cumplieron los requisitos legales para su nombramiento y elección, dieron y siguen dando testimonio de falta de preparación y capacidad para ejercer tan importantes cargos, lo que explica, los yerros, las torpezas, los despropósitos y los desvaríos en que a diario han incurrido y siguen incurriendo, a lo que se suma, la ignorancia atrevida y contestataria que las caracteriza, lo que sobrecoge y apena.
En el caso específico de la señora Amelia Pérez, al parecer, la candidata con mayor opción de ser elegida Fiscal, existen pruebas de su deficiente desempeño profesional, así como de su cercanía con Gustavo Petro, quién, siendo alcalde de Bogotá, la favoreció con cinco (5) contratos de los que no se conocen informes de gestión y menos de resultados, lo que compromete seriamente su independencia, autonomía y neutralidad, y peor aún, en momentos en que podría estar en entredicho la investidura del Petro, de probar el Consejo Nacional Electoral que su campaña sobrepasó los valores establecidos en la ley, aparte de haber recibido cuantiosas donaciones en especie cuyos valores no figuran registrados en su contabilidad.
Pero, no siendo poco lo anterior, el señor Gregorio Oviedo, cónyuge de la señora Amelia Pérez, caracterizado por sus desapacibles y vulgares mensajes por X y, por su enardecido fanatismo por el gobierno Petro y por la llamada Primera Línea, no cesa de lanzar infundios contra la misma Corte Suprema de Justicia, así como contra todos los periodistas que se atreven a criticar las obtusas ocurrencias de Petro.
Es claro que, en el hipotético caso, de salir elegida la señora Amelia Pérez como Fiscal General, de suyo estaría impedida para investigar a todas las personas que ha irrespetado, maltratado y calumniado, su procaz cónyuge.
Ante tantos y tan graves hechos develados, la Corte Suprema de Justicia debe revaluar la terna enviada por Petro y, en su sabiduría, tomar una decisión sin estar sometida a ningún tipo o forma de presión, asedio o amenaza.
Ojalá que, de este vergonzoso episodio propiciado por Petro, por la señora Amelia Pérez y su cónyuge, y por las otras dos candidatas a Fiscal, quienes de tener decencia y escrúpulos deberían renunciar, salga fortalecida la democracia, y, se consolide el respeto por la separación de poderes y por la independencia, autonomía y neutralidad de los órganos de control del Estado dentro del marco de la ley.
Entretanto, la nación sigue esperando que el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de sus facultades, se pronuncie, bien sea para disipar el manto de duda que se cierne sobre la legitimidad de la investidura de Petro, o bien, para que se demuestra que su campaña sobrepasó la suma autorizada por la ley, y, de ser así, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes con base en esa demostración, ahora sí y de inmediato, presente ante el Senado una acusación formal contra Petro por indignidad, derivada de la violación probada de la ley, de la que difícilmente saldrá indemne.
Lo que no conviene, es que el Consejo Nacional Electoral dilate su pronunciamiento sobre estas presuntas violaciones, máxime, disponiendo de plenas facultades y atribuciones legales para avocar e instruir la investigación, así como por la existencia de un cúmulo de pruebas que los mismos familiares de Petro y los medios de comunicación han develado y aportado, y que la nación entera conoce.
Si bien Petro a diario irrespeta a la justicia, desacata el orden constitucional y, veladamente amenaza con detonar un nuevo estallido social si las autoridades judiciales y de control no se pliegan a sus ocurrencias, las altas Cortes, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría, no deben inhibirse en sus decisiones y menos, mostrarse amedrentadas ante las transgresiones de un gobernante incapaz y perturbado, que no oculta su odio por la democracia, la misma democracia que le perdonó todas sus fechorías, en la que fue elegido y a la que ahora pretende destruir.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
