Una novedosa propuesta consistente en el pago de recompensas contra todos aquellos que atenten contra el libre ejercicio democrático antes y el día de los debates electorales planteó el empresario y ex senador Emiro Arrázola Ospina.
Al preguntársele las razones de su propuesta expresó: «Estuve viendo la ley sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, la semana pasada tendente a proteger los mecanismos de participación democrática. Si bien denota un esfuerzo por corregir hechos como las responsabilidades de los gerentes y tesoreros de campañas políticas y de castigarlos con cárcel, establece también la figura de penar a los que estando inhabilitados se hacen elegir».
Si la ley se aplicara y sirviera, muchos de los que hoy están en el Congreso no hubieran llegado: Emiro Arrázola.
Y continuó: «Un avance importante, sobre todo en la fase final del proceso. Empero aún siguen patentes infracciones contra el libre ejercicio del voto que aunque están catalogadas como delitos electorales aún persisten y tienen que ver con la raíz del problema, por cuanto a pesar de existir esas leyes no dejan de ser utilizadas mañosamente prácticas tradicionales que atentan contra la libre expresión ciudadana, cada vez que un debate electoral se avecina».
Considera que el sistema electoral colombiano hoy adolece de múltiples vicios que hacen que el real desenvolvimiento del voto libre se vea contaminado bien por presiones provenientes de los electores o porque el aspirante entiende que el estado de necesidad puede traducirse a su favor si se granjea la voluntad ciudadana con dádivas: televisores, aires acondicionados, abanicos, cemento y tejas son apenas los más visibles y de común renombre, pero el constreñimiento, la compra de votos y el abuso desmedido del poder tiene tantos tentáculos en la época preelectoral que inventariarlos resulta difícil. Cada vez se sofistican y ramifican que hace letra muerta su descripción entre los 11 artículos que cobijan los más usuales delitos contra el sufragio. De estos son pocos los que se castigan o denuncian, pero cada vez que se avecina una época preelectoral salen a relucir por millares sus violaciones sin que la eficacia de la ley se note.
Siempre ha existido
Según Arrázola, la corrupción electoral como tal en sus diversas modalidades siempre ha existido. La diferencia entre antes y el presente es que el calibre de sus costos se ve reflejado por la subsistencia e incremento de esos vicios en algo que podemos definir de manera simple como que antes la dádivas de corrupción electoral podían pagarse en pesos y hoy son tan elevadas las sumas que invierten los políticos en un debate electoral que solo pueden ser cubiertas o recuperadas en dólares.
Afirmó que esto demuestra que a la ley hay que darle herramientas, y estoy absolutamente convencido de que la recompensa es un arma fundamental para empezar a darle golpe grande a este tipo de prácticas que hoy tienen al país abismado con las noticias sobre corrupción últimamente conocidas por la opinión pública.
Hoy el Estado, conocedor de las dimensiones que conllevan los vicios electorales que propician la corrupción en las más altas esferas del Estado, se encuentra obligado a controlar el sistema electoral y cuidar la pureza del mismo para que el presupuesto nacional no pague los excesos que las normas que regulan los topes de las campañas no han podido evitar.
Indicó que el mayor poder corruptor que incide en la contratación estatal no nace en las instituciones estatales, germina realmente en los preparativos de las campañas electorales, su alto costo y la subsistencia de vicios electorales sin sanción por la falta de una herramienta como la recompensa que infunda temor al político que pretenda utilizarlas.
Más adelante Arrázola manifiesta: «Hoy los celulares poseen técnicas de grabación y filmación que pueden servir de sustento y prueba para que las penas establecidas como castigo al infractor electoral se pongan en real aplicación. Sobra imaginar tantas grabaciones y cuántas pruebas saldrán a la luz pública cuando el elector a quien se le ofrece un objeto a cambio de voto pueda grabar a su corruptor. Incontables serían los casos en que los compradores de votos aparecerían en videos o audios en el momento en el cual a cambio de unos pesos entregan su cédula como garantía del cumplimiento de la compraventa de un voto. Entre un millón o dos que podría ser el valor de una recompensa a quien entregue prueba fehaciente. Sería mucho el temor de quienes usan esta modalidad para que se atrevan a ponerla en práctica».
Arrázola también es consiente de que toca prevenir injusticias, falsos positivos o falsas denuncias para lo cual deberán ingeniarse mecanismo de control para que el proceso electoral no se vuelva un caos que enrede las elecciones y congestione la justicia.
Dijo que al tratarse de una figura nueva en la democracia colombiana los mismos mecanismos clientelistas utilizados para salir elegidos son empleados incluso con mejor sofisticación cuando de la figura de Revocatoria se trata.
El primer atentado
El primer atentado contra el ciudadano, puntualiza, es el propio poder del gobernante que se pretende revocar. Parodiando la vieja frase del que escruta elige, tan utilizada en antaño, hoy se podría afirmar que quien tiene el poder es para ejercerlo y defenderse, agregó. El presupuesto municipal o departamental, al igual que la capacidad empleadora y contratación, son entre otras ventajas que posee el gobernante de turno y que permiten a los mandatarios regionales blindarse para contrarrestar este tipo de iniciativas de origen popular en las que desde luego, para perpetuarse en el poder, echan mano a las viejas prácticas electorales entre las cuales sobresalen la retención de cédulas para propiciar la abstención y evitar el umbral, agrega.
Si el Estado definió unos delitos electorales, por qué no usar una herramienta como la recompensa, para que el elector se anime a delatar a esos políticos que juegan con su necesidad. Ese control, y esas recompensas saldrían más baratas que salir a controlar la última consecuencia de un proceso electoral costoso y fraudulento que no es otro distinto que las arcas del Estado.
Manifiesta que dos controles le urgen a la patria establecer: la llegada de corruptos al poder, que de inmediato produce disminuir actos corruptos en las instituciones municipales, departamentales y estatales, y ahorrar tantos costos de procedimientos electorales como en la revocatoria, en la que se pueda concluir que el establecimiento de esa figura de castigo político no es que sea ineficaz, sino que lo que la hace inoperante es el poder sin control del mandatario que se pretende revocar y la alta influencia de los vicios preelectorales en dichas campañas de revocatoria.
Arrázola considera que le faltan dientes a la ley, instrumentos reales que intimiden tanto al político como al elector de caer en la práctica detectada por la ley, pero sin mecanismos facilitadores para evitar que sea un simple saludo a la bandera.
Según Arrázola, hoy el Estado ha logrado, gracias a esa figura de la recompensa, grandes logros. Históricamente esta modalidad ha resultado el mecanismo más eficaz para combatir el delito en las más diversas modalidades. Los colombianos vimos sus primeros efectos positivos en las épocas de Pablo Escobar cuando se convino tal modalidad con la utilización de medios de avance tecnológico como la interceptación y la ubicación. Más tarde siguió siendo utilizada para desmantelar carteles de la droga, grupos de extorsión, vandalismo y muchos actos que causaron impactos en la fibra ciudadana. Entre los últimos, el atentado en el centro comercial Andino (Bogotá).
La corrupción institucional es el último paso de un sistema de corrupción electoral en una democracia: Arrázola.
«Y respecto a la corrupción en la política y las altas cortes quedó demostrada la eficacia de la recompensa con la figura de acogimiento a sentencia anticipada y la delación. En la práctica no son otra cosa que recompensa en un menor número de años en cárcel por delatar. También opera quitándole el mayor número de delitos. Como conocimos públicamente se está actuando con el ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons».
Eficaz
«Es entonces la figura de la recompensa la metodología más eficaz encontrada por el Estado que además de encajar perfectamente en la cultura latina ha mostrado que pone a funcionar las leyes para que estas puedan activarse su aplicación», dijo.
Finalizó expresando que ningún candidato tendría recursos para aguantar una campaña en la que su ofrecimiento de cien mil pesos a un elector no serviría de nada frente a la tentación de ese ciudadano por delatarlo a cambio de un millón de pesos.
