Por Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
La universidad es la puerta de entrada a la realización de los sueños, es el lugar donde logra la persona convertirse en su mejor versión, donde perfecciona su perfil y se prepara para hacer un impacto positivo y ético en la sociedad, por lo que resulta totalmente cuestionable que desde el gobierno se desdibuje ese norte y se les ejemplifique con trapisondas y sinuosos caminos.
Por eso y mucho más la corrección que de “los malos pasos” ha hecho la jurisdicción es una victoria de la institucionalidad y una reflexión para los estudiantes en punto al respeto a la ley y los reglamentos, única forma de lograr los objetivos en paz y armonía social.
Durante casi dos años, el nombramiento de Ismael Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional de Colombia constituyó una anomalía institucional difícil de justificar. No se trataba de un debate académico ni de una discusión programática. Se trataba de una designación formal efectuada el 21 de marzo de 2024. Sin embargo, una vez posesionado y ejerciendo la rectoría —el 6 de junio de 2024, mediante Acta 09— fue separado del cargo ese mismo día, y en su lugar se nombró como rector a Leopoldo Múnera Ruiz para el período 2024-2027.
Por medio de sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 20 de noviembre de 2025, se decretó la nulidad del nombramiento de Múnera López, decisión contra la cual no procedía recurso alguno.
La forma cuestionada como llegó Leopoldo Múnera Ruiz a la rectoría —“arrebatándole” el cargo a quien ya había sido válidamente designado— dejó la impresión de que se produjo un cambio por puro ejercicio político, sin respetar los reglamentos internos de la Universidad. Con la elección válida de José Ismael Peña, debía cumplirse y respetarse su período.
Luego de padecer un verdadero viacrucis judicial durante cerca de dos años, Ismael Peña logró finalmente su restablecimiento en el cargo. La reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó concederle el amparo de sus derechos fundamentales, revocó la cuestionada providencia proferida por el Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá el pasado 21 de enero del presente año, mediante la cual se le había negado la tutela.
Fue tan evidente el irrespeto institucional que el Tribunal impartió una orden perentoria al Consejo Superior Universitario para que, en un plazo improrrogable de 48 horas, adoptara las medidas necesarias para hacer efectivo el ejercicio del cargo.
Pero el desenlace no borra las preguntas que, con seguridad, hoy se formulan en el sector académico.
¿Fue solo una controversia administrativa?
¿Se trató de una interpretación distinta sobre competencias?
¿O existieron decisiones judiciales claras que fueron postergadas, reinterpretadas o simplemente desconocidas?
Si había órdenes en firme, ¿por qué no se cumplieron de inmediato?
Y si no las había, ¿qué explicación justifica dos años de bloqueo institucional?
Cuando una decisión judicial no se ejecuta oportunamente, la inquietud es inevitable: ¿estamos ante un simple desacuerdo institucional o frente a una posible elusión deliberada del fallo? La argumentación del Juzgado 46 Laboral del Circuito resulta, cuando menos, discutible. Haber tenido que acudir incluso a la acción de tutela para lograr el restablecimiento en el cargo deja interrogantes serios sobre la solidez de la decisión que le antecedió.
La autonomía universitaria no es negociable
La Universidad Nacional no es una dependencia administrativa más. Es la principal institución académica del país, con una historia que la ubica como referente de formación, investigación y pensamiento crítico.
¿Hubo presiones externas para alterar su rumbo?
¿Se intentó condicionar su dirección?
Si la autonomía universitaria puede suspenderse por razones coyunturales, el daño no se limita a la rectoría: golpea la arquitectura institucional misma.
La posesión ya efectiva de Ismael Peña no constituye únicamente un triunfo individual. Es, sin exagerar, una de las más significativas victorias institucionales en el actual gobierno, porque la justicia prevaleció en medio de tensiones políticas.
Habrá resistencias, particularmente en un sector del estudiantado. Eso es previsible en un escenario polarizado.
Habrá debates. Eso es natural en una universidad pública.
Pero la formación académica, la trayectoria y el profesionalismo de Peña serán determinantes para mantener a la Universidad Nacional en la línea de rigor, excelencia y preparación que su historia reconoce.
La institucionalidad no se defiende con discursos, sino con decisiones firmes y respeto por las reglas. Cuando una decisión judicial no se ejecuta, aunque tarde, gana el sistema.
Hoy corresponde felicitar al rector. No por haber vencido a nadie, sino por haber persistido en la vía jurídica y por haber confiado en los mecanismos institucionales.
Que esta etapa no sea recordada por la confrontación, sino por la reafirmación de que la universidad pública colombiana puede y debe gobernarse con autonomía, excelencia y legalidad.
Esa es la verdadera victoria.
