Por: Germán Calderón España.
Exhorto al Gobierno y a los manifestantes, a encauzar sus esfuerzos a la reivindicación de la dignidad de la persona, en la definición que he erigido de ella, como “aquella condición que le permite al ser humano reconocerse a sí mismo y ser reconocido por los demás, de acuerdo con los niveles de felicidad y utilidad que proyecta”, abriendo todos el compás al espacio democrático que requiere la crisis social y permitiendo a la autoridad el restablecimiento del orden público y la sanción a los autores de conductas que atentan a diario contra la integridad de los ciudadanos y contra sus bienes, materiales e inmateriales.
Esto que suena bonito y fácil de realizar, se logra con una actitud de todos, autoridades y ciudadanos, fundada en el “pensar” y en el “actuar” para sí mismo, pero, de igual modo, para los demás, en donde imperen los valores como la solidaridad, la reciprocidad y la felicidad, porque, especialmente, esta última, trae bienestar, con respeto a la dignidad y un sentimiento que nos vincula al cumplimiento de nuestros deberes, pues como lo afirmó Kant, “asegurar la felicidad propia es un deber, al menos indirecto, pues el que no está contento con su estado, el que se ve apremiado por muchas tribulaciones sin tener satisfechas sus necesidades, puede ser fácilmente víctima de la tentación de infringir sus deberes”.
He ahí el asunto nuclear de la crisis, pues, parodiando a Kant, los ciudadanos no están contentos con su estado, porque se ven apremiados por muchas tribulaciones sin tener satisfechas sus necesidades, las cuales están contenidas en el derecho fundamental al mínimo vital, entendido por la Corte Constitucional, como «la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana,…”.
Si los ciudadanos tienen un trabajo del cual emana un ingreso, podrán satisfacer sus necesidades, y así, al decir de Kant, no serán fácilmente víctimas de la tentación de infringir sus deberes, consagrados en el artículo 95 de la Constitución Política, entre ellos, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales; defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; propender al logro y mantenimiento de la paz; colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.
Si los ciudadanos tienen deberes y obligaciones, las autoridades también, pues así lo afirma el inciso segundo del artículo 2 de la Constitución, cuando dispone que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Quienes protestan pacíficamente, tienen el derecho a reclamar la satisfacción de sus necesidades, el mínimo vital mediante un trabajo que les represente un ingreso digno hacia mejores condiciones de vida futura para sus familias, sin pensar que, en una economía débil como la nuestra, se pueda implementar un sistema asistencialista en el que los ciudadanos se queden en la casa esperando que se les provea todo sin contraprestación del trabajo y consolidando una práctica peligrosa que atentaría contra la sostenibilidad fiscal del Estado y que pronosticaría, sin duda alguna, la quiebra y sus consecuencias adversas al bienestar general.
Lo anterior admite una salvedad, ante casos en los que el Gobierno debe atender en forma urgente e inmediata a las familias, a los ancianos, a los desempleados, y otros, que sufren situaciones de crisis, como la que trajo la pandemia del coronavirus Covid-19.
En este contexto, la izquierda, los estudiantes, los manifestantes, deben exigir con racionalidad; y la derecha, el Gobierno y las autoridades deben cumplir de acuerdo a su capacidad. Los primeros, reclamando respeto a la vida, a la integridad, a la salud, a la educación, en resumen, a la dignidad, en sus diversas manifestaciones desentrañadas por la Corte Constitucional, una, como derecho a la autodeterminación o al diseño de un plan de vida (vivir como quiera); otra, como derecho a gozar de condiciones materiales de existencia (vivir bien) y; una última, como la integridad física y moral (vivir sin humillaciones). Los segundos, requiriendo respeto y apoyo a las fuerzas armadas legítimamente investidas de poderes para mantener el orden y la convivencia pacífica, y cumpliendo cabalmente con los fines esenciales del Estado y la satisfacción de las necesidades básicas de la población.
Así, en uno y otro sentido, todos pretenderán el beneficio personal y social, no importa desde qué orientación ideológica o política, siendo el escenario ideal, que todos se den un espacio para reflexionar, para volver al cauce pacífico y para reconstruir nuestra sociedad, nuestra democracia y nuestra mejor manera de coexistir. ¡No nos destruyamos más!
