Por: Eduardo Padilla Hernández*1 y Sixto Alfredo Pinto*2
Como una indefensa gacela rodeada por una manada de hienas, están más de 50 mil millones de pesos, correspondientes al contrato de pavimentación en concreto asfaltico de la vía Jaraquiel-Martinica-Leticia (Margen occidental), en una longitud de 21 kilómetros, ubicada en Montería, Córdoba. El Consorcio Montajes Rurales es el contratista de la obra, representado legalmente por Andrés Restrepo Ángel.
Como decía el ‘Compae Gollo’: “Esa platica está más perdida que cucaracha en baile de gallinas”.
O al estilo Jaime Garzón: – ¿Será que en Colombia no hay código penal o este no contiene normatividad que castigue a los funcionarios que cometen peculado? ¿Para qué planean hacer vías, si se van a robar la plata?
En derecho, el peculado o la malversación de caudales públicos es un delito consistente en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia en beneficio propio o de terceros.
La sociedad civil parece que estuviera hechizada, pues no reacciona ante los delitos que cometen los administradores del Estado.
Continuando con la racha de contravenciones asociadas al referido convenio, el apalancamiento y apoyo está torcido hacia la explotación ilegal de canteras por parte del (Instituto Nacional de Vías) INVIAS y el municipio de Montería, entidades que autorizaron el suministro ilegal de material para el terraplén contratado.
El 02 de noviembre del 2022 fue firmada el acta de inicio de obras del Contrato No 01 por el contratante, el contratista, INVIAS y la Interventoría, pero después de 5 meses de ejecución de las obras, por observación directa del trazado en intervención, podemos denunciar a los contratantes por negligencias técnicas administrativas, financieras y ambientales, qué inciden y repercuten directamente en la calidad de la obra ejecutada, por la omisión absoluta de sus funciones obligantes del personal técnico de control de las obras, cómo son el interventor del municipio de Montería, el supervisor del convenio interadministrativo de INVÍAS, la Secretaría de Infraestructura municipal y la ingeniera Mónica María Severiche, quien es la encargada de recibir y viabilizar los pago de las actas parciales por obra ejecutada sin el control técnico específico.
No existe in situ la vaya informativa del contrato, donde aparezca el nombre del contratista ejecutor, el objeto específico del contrato, tiempo de ejecución, su valor, tal como lo exige la ley 80 del 93.
Tampoco se identifica al respectivo interventor y el supervisor del convenio, todo esto bajo un velo de ocultamiento deliberado para desorientar a los usuarios civiles del proyecto, el cual se encuentra muy atrasado, pues debió haberse entregado en operación vial en diciembre del 2022, teniendo en cuenta que ya se inició el invierno del 2023, cuando el trazado específico afecta negativamente el humedal de Martinica con la saturación de los suelos y su compactación, puesto que no se ejecutaron las obras de drenaje requeridas.
El trazado del eje vial entre el kilómetro 3.5 y el kilómetro 5.5, intercepta el humedal de Martinica, y transcurre paralelo al caño de la Caimanera, que fue recientemente rectificado y recuperado por la UNGRD, lo que certifica que el eje vial discurre soportado por limos arcillosos de muy baja capacidad portante y plásticos saturados, qué son expansivos y que deberían ser reemplazados para lograr una buena estructura de base para la carpeta de rodadura asfáltica.
En enero y febrero de 2023, aprovechando el inicio del verano, cuando aún los materiales in situ se encontraban secos, fueron reciclados, compactados y reutilizados, para el terraplén primigenio de subbase granular, con material ilegal, por estar contaminado con limos, arcillas y material vegetal, que se paga a más de 170.000 pesos por M3.
Así fue aceptado por la interventoría y la supervisión del INVIAS, siendo que este material contaminado, mixto, no cumple con lo exigido en la curva de granulometría que tiene el INVIAS para tal efecto, según las enumeraciones No 220, 320 y 330, violando las especificaciones técnicas para el terraplén de la base, mientras le cobran al municipio de Montería un material inexistente, es decir, que nunca ha sido colocado como nuevo por el contratista de la obra, tipificando un gravísimo peculado en contra del contratante (municipio de Montería).
La primera etapa física de la construcción del proyecto vial, que esta inejecutada, representa un valor superior a $27 mil millones, suma esta que supuestamente se la están robando al contratante con la complicidad de la interventoría, de la supervisión del invias y de la Secretaria de Infraestructura, Mónica María Severiche Núñez.
Con relación al transporte de material sobrante de excavaciones, los tres funcionarios mencionados deberán demostrar en físico y, con registro fotográfico, dónde depositaron el volumen de 7.241.941 de M3, en botadero debidamente autorizado por la autoridad ambiental CAR-CVS, según lo establecido en el respectivo plan de calidad de la obra o su respectiva licencia ambiental, puesto que el eje vial bicepta el humedal de Martinica, donde hay terrenos de particulares, hoy intervenidos por Agencia Nacional de Tierras (ANT), por ser de la nación, en las fincas las Mercedes, El Desvelo, El Mora y otros terrenos vecinos afectados en más de 2 mil hectáreas.
Es imposible que dos retroexcavadoras sobre orugas y ocho palas mecánicas de 12M3 cada una, movilicen en tres meses de operaciones más de siete millones de M3 de sobrantes de excavación, que nadie sabe dónde se encuentran depositados como lo exige el contrato.
La comunidad espera que demuestren la disposición final del volumen y la distancia de acarreo, con el respectivo registro fotográfico, puesto que el material contaminado e inundado de la vía nunca fue retirado del eje vial, lo cual debe ser soportado con el registro fotográfico de su remoción, cargue y transporte, con cargo al constructor y su debido registro en la bitácora de la obra, para la cual, supuestamente, no existe licencia ambiental para la construcción de la vía, porque no se menciona en el presupuesto de costos y tramitación respectivos, tipificando delito ambiental cohonestado por el INVIAS.
El contratante está utilizando material de una cantera que no tiene licencia de explotación de filón ni ambiental, por lo tanto es minería ilegal, delictiva, situada al sur de la locación de Jaraquiel, a una distancia de 5 km del inicio de la vía, por lo tanto esta ilegalidad le está generando unas utilidades punibles al contratista ejecutor, de más del 50% del valor por M3 contratado, pero más importante es que este material de la cantera de la Enea no cumple lo exigido en la curva granulométrica para terraplenes, según especificaciones No 220, 320 y 330, porque tiene altísimo porcentaje de limos y arcillas muy plásticas y sin sobre tamaños, lo cual no lo hace apto para terraplenes que van a estar sobresaturados de agua, por encontrarse ubicados en el tramo vial del sector que definimos, desde las Mercedes, pasando por el desvelo, el mora, hasta llegar a Martinica, donde el terraplén de la sección vial hoy tiene aproximadamente 1.5 metros de altura, pero que ya está construido con material ilícito, puesto que el filón de la Enea es ilegal y no tiene licencia de explotación de cantera.
Así anunció el INVÍAS el comienzo de la citada obra en Montería…
Esta ilegalidad es conocida y apoyaba por todos los actores del contrato como son: Secretaría de infraestructura Municipal, Interventoría de las obras, la supervisión del convenio y el INVÍAS, pues dentro del plan de calidad de ejecución de las obras debieron exigir las respectivas licencias de explotación de cantera y de control de la autoridad ambiental CAR-CVS, para la disposición final de los sobrantes de excavación, que nunca han existido.
Lo insólito de este asunto es que la longitud vial contratada es de 21 km en el corregimiento de Leticia, donde se encuentra ubicada la finca La Providencia, de propiedad del destituido Gobernador de Córdoba Edwin Besaile Fayad, quien direccionó presuntamente todo el proceso de contratación con sus testaferros avalado por el ente municipal y nacional qué origina los recursos del proyecto, para valorizar a más de 1.500 hectáreas de su propiedad rural, que hoy se benefician con el mejoramiento vial.
La autoridad ambiental CAR-CVS, apalanca la explotación ilegal de la cantera porque su director Ejecutivo Orlando Medina Marsiglia, es cuota burocrática del grupo Besaile y, en consecuencia, es el facilitador del presunto delito de minería ilegal que se cancela con recursos del Estado colombiano, apalancando presuntos comportamientos delictivos que se censuran y atacan fuertemente en otras secciones del país, en concordancia con las políticas ambientales nacionales y en cumplimiento de las normatividades respectivas que hoy tienen escuderos que protegen al contratista, en detrimento del patrimonio del municipio de Montería, porque están cancelando material para la conformación de terraplenes que no cumplen las especificaciones del INVIAS, porque son provenientes de canteras ilegales, identificadas por todo el mundo, menos por la Interventoría y la Secretaria de Obras Públicas Municipales, que son muy eficientes en la tramitación de las respectivas actas con cantidades de obra ejecutadas.
El eje vial que transcurre desde el kilómetro 4 en las Mercedes, hasta el kilómetro 6 cercano a Martinica, en inviernos extremos actúa como muro de contención de inundaciones sectoriales, por lo tanto estará expuesto a sobresaturación hídrica que disminuye y altera sus capacidades mecánicas portantes.
El alto índice de plasticidad de las arcillas que contaminan los materiales utilizados en dicho terraplén presentará deformaciones que incidirán en la vida útil de la capa de rodamiento en asfalto MCD2, presentando asentamientos y agrietamientos tal como sucedió en la vía Ciénaga de Oro, que antes de tres años de operación presenta fallas en más de un 50% de su recorrido, por tránsito sobre suelos aluviales similares que forman parte de la planicie de inundación del Sinú medio en Montería y municipios vecinos.
La Veeduría Redvigila conminó a los notificados para que verificaran que los terraplenes ejecutados cumplan las especificaciones técnicas exigidas por el INVIAS y que las pruebas de densidades de campo obliga que antes de esta etapa cumplan los porcentajes de compactación exigidos en las especificaciones técnicas respectivas de la propuesta y que se verifique la legalidad de la procedencia de los materiales de cantera utilizado, comparando la debida facturación de su compra con las cantidades de obras recibidas en actas, para así tener claro qué cantidad de material preexistente sobre el eje de la vía fue reciclado, reutilizado y cobrado al municipio de Montería, en favor del contratante y en detrimento de los recursos del Estado colombiano.
Es censurable la conducta de los que actúan en nombre y representación del INVIAS y de la CAR-CVS, puesto que todo el mundo sabe que en Córdoba es normal que el grupo Besaile compre simultáneamente los contratos de construcción e interventoría de obras, para así poder hacer su voluntad, violar las especificaciones técnicas y enriquecerse valorizando sus tierras vecinas, aprovechando las obras viales en ejecución en el departamento de Córdoba.
Con la firma del acta se tenían que iniciar las obras, la interventoría debía aprobar el cronograma de obras y el plan de inversión del anticipo, el plan de calidad de las obras con las licencias y permisos requeridos, para que, finalmente, el contratista las entregara en la fecha estipulada, pero, al fin de cuentas, nada de ese proceso se cumplió. Así opera la corrupción en Córdoba.
*1 Abogado, presidente de Redvigila.
*2 Periodista, Director del portal La Otra Cara.
