El Consejo de Estado tumbó la medida cautelar que había otorgado un magistrado en el Tribunal Administrativo de Córdoba la cual pretendía suspender la convocatoria de acreedores de acuerdo con la Ley 550, emitida por la Superintendencia de Sociedades que le dio la razón a la IPS Funtierra Rehabilitación, firma a la que la Gobernación de Córdoba le debe un gran monto de dinero por sus servicios de terapias legamente prestados a favor de los niños pobres discapacitados de la zona entre 2015 y 2016.
Esta era la última excusa que tenía la Gobernación de Córdoba para no cumplir con la sentencia de la Superintendencia de Sociedades, fallo que la entidad en cabeza del mandatario local Orlando Benítez Mora pretendía tumbar ilegalmente con una Acción Popular que no procede en estos casos. Por eso, el Consejo de Estado a través de una lección de derecho acaba de decirle a dichos demandantes de la Acción Popular lo siguiente:
«REVÓCASE el auto proferido el 17 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Córdoba por medio del cual se decretó la medida cautelar consistente en ordenar a la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que se abstenga de convocar o suspenda la realización de asamblea de acreedores con ocasión del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del Departamento de Córdoba, para los efectos señalados en el parágrafo 1 del artículo 35 de la Ley 550 de 1999. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo . Documento firmado electrónicamente por:EFRAIM ALBERTO MONTAÑA PLATA, FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ(con aclaración de voto), MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ fecha firma:Dec 14 2022 3:04PM».
Con esta pieza jurídica irrefutable, clara precisa, el Consejo de Estado sabiamente reafirma lo que dijo la Supersociedades en tres fallo anteriores (el primero fue la sentencia, en el segundo les negó la apelación y el último la nulidad que instauraron los hombres de la Gobernación en la misma Súper).
La equipo de la Gobernación, luego presentó una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá y este les argumentó que no podían alegar sus propios errores, negándoles sus pretenciones y reafirmando el fallo de la Supersociedades que benefició a Funtierra.
Después, la Gobernación, en su desespero y con el fin de no pagarle a Funtierra, fue a la Corte Suprema de Justicia, donde esa entidad territorial volvió a perder. Seguidamente con artimañas y metiras, los agentes de Benítez, con su aval, acudieron a la Corte Constitucional y esta no revisó las acciones juridiciales porque encontró todo ajustado a la ley. Eso fue el cierre de dicha controversia jurídica.
Ya con la costumbre, en la Gobernación de Córdoba siguieron con su estrategia contra Funtierra y se inventaron una auditoría de control a las cuentas médicas, de igual forma ilegal, y pagaron más de 4 mil millones de pesos al Universidad de Cartagena y también perdieron esos recursos públicos porque todo estaba legal según certificó la institución educativa. Ese gasto innecesario resultó ser un claro detrimento patrimonal de los dineros del Estado causado solo por la retaliación con unos empresarios que no cedieron ante el corrupto sistema de salud del departamento y del país.
Recientemente salieron unos conceptos de la Contraloría General de la República y de la Superintendencia de Salud en los cuales quedó establecido claramente que ya la sentencia de la Supersociedades es cosa juzgada constitucional del alargado y polémico caso.
En cuanto a la actual decisión del Consejo de Estado, recordemos que la Acción Popular nunca se utiuliza para tumbar fallos o sentencias judiciales en firme.
La presecusión a Funtierra es porque nunca quiso dar prebendas o coimas a ningún funcionario o personajes cercanos a las gobernaciones de cordobesas de Alejandro Lyons, Edwin Besaile o el mismo Orlando Benitez, y por esta razón, esas administraciones se han negado pagarle sus servicios prestados. Todo es debido a la negativa de esta firma con la corrupción.
Reiteremos que Funtierra interpuso un demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington (Estados Unidos) que ya fue admitida y pidió medida cautelar para obligar al departamento de Córdoba a brindale atención a los niños pobres con discapcidad, asunto en el cual los gobernantes de turno no ven negocio alguno, porque en ese departamento todo es corrupción.
El único camino de la Gobernación de Córdoba es pagarle a Funtierra.
