Por Eduardo Padilla Hernández, abogado profesor de derecho ambiental.
Este articulista digital estableció contacto con el líder monteriano Julio Mejía, habitante de la Comuna 1, barrio El Dorado, de la capital cordobesa, quien, de manera muy amable, explicó para esta columna que Urbaser (empresa prestadora del servicio de aseo), además de generar con su demora en la recolección, la acumulación de basuras, envía, a los hogares monterianos estrato 1, una tarifa con un valor excesivo que supera los 23 mil pesos mensuales.
Añade este líder social que los vehículos y obreros recolectores no entran a los callejones, sino que sólo cubren las vías principales, ocasionando una crisis ambiental que deteriora la salud de los habitantes, especialmente de niños y ancianos, por la proliferación de insectos y los olores nauseabundos que causan los deshechos podridos.
Por otra fuente sabemos que Urbaser tiene políticos monterianos en el negocio de las basuras, y toda esta maquinación está orquestada desde la alcaldía, con el propósito de quedarse con la concesión.
En el 2021 el combo del alcalde compró el lote cerca de Patio Bonito, luego lo insertaron en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) respectivo y lo habilitaron como relleno sanitario a futuro.
Entonces, Urbaser con el basurero Loma Grande, empezó a generar lixiviados venenosos que contaminan los suelos y las fuentes hídricas de la comunidad indígena de Jaraguay, la cual está en pie de lucha a favor del cierre de ese relleno sanitario, por ecocidio sectorial que, de hecho, es delito civil y ambiental.
Y todos a una aparecieron los socios del alcalde: Cabrales, Petro (el presidente no, esta es otra estirpe), Gómez, Mafioli y Taboada, entre otros, quienes se apresuraron con la liquidación del contrato con Urbaser, por su incumplimiento y por delito ambiental.
Entonces, por la crisis ambiental se generó la urgencia manifiesta y, como era de esperarse, las cosas se hicieron a dedo y le adjudicaron el contrato del nuevo basurero al nuevo combo, que muestra, como un trofeo, la licencia ambiental obtenida a cambio de una Suv Chevrolet 2022 donada al subdirector de la CVS, que estaba feliz estrenando corrupción ambiental y contaminación de Patio Bonito, en detrimento de la comunidad nativa de ese sector.
Pero como dicen en el corrillo de la esquina: “La ley es para los pendejos”, pues en vano el Tribunal Administrativo de Córdoba le ordenó al municipio de Montería y a Urbaser Colombia SA ESP., que, dentro de veinte días siguientes a la notificación de la providencia, procedieran a realizar actividades tendientes a suspender el vertimiento de aguas negras y lixiviados, que se deslizan con destino al caño el Purgatorio.
Tampoco hicieron caso cuando la Corporación les ordenó al municipio de Montería y a Urbaser, que presentaran el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- y las medidas respecto del tratamiento y control de los lixiviados.
A pesar de que ellos saben que los lixiviados son sustancias líquidas, contaminantes, que circulan entre los residuos que se encuentran principalmente en los vertederos.
Ellos están al tanto de que el aspecto de esa sustancia líquida, densa, de color negro o amarillo, desagradable, de mal olor, es tóxica.
Pero no le importa la salud de la comunidad, pues lo único que les interesa es que sus bolsillos queden saciados de dinero doloso.
