Por Bernardo Henao Jaramillo.
Columnista
La Organización de Naciones Unidas (ONU), en el Conjunto de principios para la protección y promoción de los DDHH mediante la lucha contra la impunidad, define a ésta como “la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas” (ONU, 2005, pág. 6)
En el mismo documento la citada organización, en el primer principio, se refiere a la obligación del Estado de luchar contra la impunidad, señalando que “La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones” (ONU, 2005, p. 7).
En nuestro país tienen presencia todos los elementos que estructuran la impunidad, lo que significa que ésta tiene carta de ciudadanía en nuestra sociedad y lamentablemente observamos que en vez de buscar los mecanismos apropiados para terminar con esa “enfermedad”, en la actualidad desde el gobierno se está cobijando. Muchos ejemplos podrían citarse, valga por citar uno la salida de la cárcel de Jorge Luis Alfonso López “El Gatico”, quien obtuvo la libertad como “facilitador de paz”. Bien se ha dicho desde la antigüedad que no puede haber paz sin justicia.
En la historia de Colombia existe, entre otros, un caso icónico que debe recordarse porque es representativo de ese mal que nos aqueja, el execrable atentado al Club del Nogal, que el pasado 7 de febrero cumplió 20 años. Ese día se conmemoró el horrendo crimen cometido por el grupo terrorista Farc contra la comunidad civil indefensa que la noche del atentado se encontraba en sus instalaciones. A las 8.30 pm, aproximadamente, estalló la bomba que fuera ingresada previamente al club en un automóvil conducido por Oswaldo Arellán. Lo acompañaba su hermano John Freddy, quienes fueron ejecutados por las Farc al adelantar el reloj para que no pudiesen abandonar el club a tiempo.
Se siguió la correspondiente investigación por parte de la Fiscalía. Eran los tiempos del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Rápidamente dicha investigación fructificó pudiéndose comprobar que el atentado había sido obra de la columna Teófilo Forero de las Farc comandada por el sanguinario terrorista Hernán Darío Velásquez, más conocido por su alias de El Paisa.
La justicia ordinaria condenó al secretariado de las Farc. Hablamos de Manuel Marulanda, Raúl Reyes, Alfonso Cano, Iván Márquez, Timochenko, Mono Jojoy y otras once personas. También fueron condenados, a 40 años, quienes prepararon y ejecutaron el atentado, los hermanos Hermínsul y Fernando Arellán. Hermínsul estuvo huyendo durante largo tiempo. Fue capturado en 2011 y condenado a 40 años de prisión. Pero ocurrió que, en 2017, tras la firma del Acuerdo de Paz, se acogió a la JEP y obtuvo su libertad, como también la logró su hermano Fernando.
Del secretariado de la Farc todos conocemos que se hallan en libertad y algunos de ellos gozando de los beneficios otorgados como miembros del poder legislativo de Colombia.
Las víctimas, 36 fallecidos y cerca de 200 heridos en el aleve ataque, no han tenido ni justicia, ni reparación, ni verdad. ¿Cómo puede este sangriento ataque contra una comunidad indefensa ser objeto de reconciliación como pretenden los asesinos de las antiguas Farc?. La revictimización es la única que tiene presencia en esta atroz e injusta agresión. Se ha llegado al extremo, por parte del hoy senador Julián Gallo, más conocido por sus alias Antonio Lozada y Tornillo, de declarar a la prensa que ya todo quedó atrás. ¿Cómo dejar en el olvido a las víctimas? También resulta insólito y ofensivo que se publiquen fotos en las que los exguerrileros se abrazan con una mujer farisea a quien algunos medios señalan como vocera del club El Nogal, lo cual no es cierto. Nunca se le ha dado tal vocería, ésta corresponde solamente al presidente de la Corporación.
Menos puede reconocérsele esa vocería cuando de la información, de libre acceso, en la página de la rama judicial aparece que Bertha Lucía Fries Martínez ha demandado al club El Nogal del cual es socia. La demanda se dirige también contra la Policía, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. Este hecho, que no puede pasar desapercibido, la sitúa en claro conflicto de intereses y debería impedirle expresarse a nombre de un grupo de víctimas del Club. Lo que pretende es obtener para sí una cuantiosa suma de dinero, nada más.
En cambio, una antigua socia del club, Martha Dolores López de Vargas y su familia, que sufrieron gravemente con el atentado, quedándole a su hija graves secuelas gravísimas, incluyendo una incapacidad permanente, han intentado por años, a través del ejercicio profesional del doctor Oscar Sierra y otros profesionales, que la Jep aperture el macrocaso del atentado con bomba al club El Nogal. A la fecha se han interpuesto 4 acciones de tutela sin que se haya conseguido el resultado. Es muy grave esta ausencia de justicia y reparación.
Y es que el monstruoso atentado de las FARC al club El Nogal no debe ser enmarcado a la ligera en el macrocaso 10, «Crímenes no amnistiables por las antiguas Farc – Ep». Este horrendo delito de lesa humanidad merece ser individualizado. Se anticipa que es bien probable, de acuerdo con decisiones del Alto Tribunal Constitucional, que tanto al Estado como a sus Fuerza Militares no se les pueda imputar responsabilidad por el atentado al Club El Nogal, menos a dicha corporación civil que siempre tendrá la calidad víctima y nunca podrá ser tenida como victimario. A ese respecto la Corte Constitucional ya revocó un fallo del Consejo de Estado que había declarado responsable al Estado del ataque al club y enfatizó que hubo desconocimiento del precedente jurídico y falta de carga argumentativa, por lo que dispuso y ordenó una nueva determinación…”
Hasta el momento el país sabe que las Farc y sus disidencias, que son lo mismo, gozan de completa impunidad por cuenta del acuerdo de Paz. Cuando se habla de temas como perdón y reconciliación se olvida que esto solo es posible si se hace justicia previamente. De lo contrario las heridas causadas no cerrarán y se corre el riesgo de caer en un círculo vicioso de violencia y odio.
Nunca la desgracia debe ser causa de enriquecimiento. A unos padres que pierden a un hijo ningún dinero podrá resarcirlos. Sencillamente, estos seres necesitan un bálsamo que les haga más llevadera su tragedia y tal sólo puede proporcionárselo una recta y cumplida justicia, nunca la confeccionada por y para los subversivos. El colmo del abuso y del absurdo se presentó recientemente cuando Rodrigo Londoño alias Timochenko, otrora líder de las Farc, expresó que son víctimas del Estado. Jamás los victimarios podrán convertirse en víctimas.
“¡Contra la injusticia y la impunidad! Ni perdón ni olvido.” (Bertolt Brecht).
