Un delicado episodio pone en el centro del debate la imparcialidad de la Procuraduría General de la Nación por culpa de actuaciones supuestamente irregulares de funcionarios de la entidad a espaldas de su jefe el Procurador Gregorio Eljach Pacheco.
Estamos hablando del proceso contra la exjuez Primera de Brigada de la Justicia Penal Militar de Barranquilla, teniente coronel Heidy Johana Zuleta Gómez, a quien la Procuraduría General le formuló cargos el 16 de agosto de 2025, por presuntamente incurrir en conductas de acoso laboral, persecución y maltrato contra otra juez de la misma jurisdicción llamada Ednna Yalile Rodríguez Barragán.
La Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa señaló en su momento que, al parecer, la investigada realizó expresiones verbales injuriosas y ultrajantes contra la moral, intimidad y buen nombre de la otra funcionaria.
Ahora Liliana Consuelo Parra Ávila, abogada de Zuleta Gómez, presentó una recusación formal contra funcionarios de la Procuraduría Delegada de Juzgamiento No. 3, dentro del citado proceso disciplinario, al advertir presuntas relaciones personales indebidas, actuaciones procesales irregulares y vulneración del debido proceso contra su defendida.
La recusación se da en el marco de la investigación disciplinaria E-2021-509771 – IUD 2021-2070520, donde figura como investigada Zuleta Gómez y como quejosa la también teniente coronel Rodríguez Barragán.
Correos nocturnos y decisiones sin auto
Según el escrito de recusación, el pasado 27 de enero de 2026 la Procuraduría remitió correos electrónicos a las partes en horario no hábil, entre las 9:38 p.m. y las 9:51 p.m., mediante los cuales se corrigieron fechas de un edicto de notificación sin que mediara auto formal y, de manera aún más llamativa, anticipando actos procesales futuros, como la fecha exacta de desfijación del edicto antes de que este fuera fijado. Lo cual, según expertos es claramente irregular y hasta merecería sanción para los implicados. El edito tenía la finalidad de notificar a la investigada del fallo en su caso para que el proceso no prescribiera.
Para la defensa, estas actuaciones no solo desconocen los principios de publicidad, legalidad y debido proceso, sino que abren serios interrogantes sobre la autonomía y neutralidad del despacho.
Este es el citado edicto:
“Pilas que prescribe”: el correo que encendió las alarmas
Uno de los puntos más sensibles de la recusación es un correo enviado por el abogado de la quejosa Ednna Rodríguez Barragán, llamado Pedro Capacho Tobón (quien trabaja en la Defensoría Militar), en el que este, con un tono familiar e imperativo, habría solicitado al despacho del Procurador Alejandro Toloza Ramírez: “Doctor revise las fechas del edicto (…) pilas que en febrero prescribe, haga la corrección urgente”, le dice el jurista al funcionario. Una cercanía indebida.
Horas después, la corrección fue efectivamente realizada por la Procuraduría, lo que para la defensa evidencia una aparente cercanía personal entre el abogado de la quejosa y funcionarios del despacho, situación que podría configurar la causal de recusación por amistad íntima, prevista en el artículo 104 del Código General Disciplinario.
El correo de Capacho al Procurador Toloza en el que se nota su grado de amistad y confianza:
Fallo exprés y sospechas de decisión anticipada
La recusación también cuestiona la rapidez con la que se profirió el fallo: apenas dos días hábiles después de que la defensa de la teniente coronal Zuleta Gómez presentara sus alegatos de conclusión. Para la abogada Parra Ávila, este hecho refuerza la percepción de que la decisión ya estaba tomada, dejando a su defendida en una situación de indefensión material.
Piden apartar a los funcionarios y compulsar copias
Entre las solicitudes elevadas en el escrito de recusación se encuentran la separación inmediata de los funcionarios recusados, especialmente el Procurador Toloza Ramírez, la remisión del proceso a otro despacho imparcial, y la compulsa de copias a la autoridad competente para investigar disciplinariamente tanto a los funcionarios involucrados como al abogado de la parte quejosa.
Asimismo, la abogada Liliana Parra Ávila exigió que se identifique plenamente a los funcionarios que enviaron los correos nocturnos, los cuales, según el escrito, fueron remitidos sin firma ni identificación clara.
Un nuevo cuestionamiento a la transparencia institucional
El caso reabre el debate sobre la transparencia y probidad en los procesos disciplinarios y pone bajo la lupa la actuación de una entidad llamada precisamente a vigilar la conducta de los servidores públicos. De prosperar la recusación, el proceso podría ser reasignado y las actuaciones cuestionadas quedarían en riesgo de nulidad.
Por ahora, la decisión está en manos de las instancias superiores de la Procuraduría.
