La verdad: el límite para que Iván Márquez entre a la paz total

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Por: Germán Calderón España, abogado constitucionalista y magíster en derechos humanos.

Para que Iván Márquez pueda ser sujeto de la paz total, sólo se requiere una cosa, ajena a cualquier presupuesto legal que se exija en un proceso. Obligatoriamente el país necesita saber si se fraguó o no un entrampamiento en su contra.

Si hubo un entrampamiento contra Márquez, alguien cometió un delito en detrimento de la administración de justicia, de la integridad del orden jurídico y de la debida protección o el restablecimiento de los derechos e intereses legítimos y las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes.

Si fuere así, las autoridades públicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, están obligadas a respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Por lo tanto, deben de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realización y, por el contrario, deben adoptar las medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administración de justicia, mucho más si esa interferencia proviene de sus propios operadores.

Básicamente, quien ordenó o ejecutó el entrampamiento estaría incurso en el delito de obstrucción a la justicia que consiste en destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o cuando se impide o dificulta la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en una actuación.

Esta conducta, en el caso particular y si se verifica que sí hubo entrampamiento, no solo se consumó en sí sola, pues también se atentó contra la paz, su decurso normal hacia una implementación sin dificultades y, por supuesto, se habría quebrantado la confianza ciudadana, por lo cual resultaría de vital importancia el esclarecimiento de los hechos y sus responsables.

Si no hubo entrampamiento contra Márquez, deberá responder por sus delitos y, en este evento, no podría hacer parte de la paz total, pues sería sujeto de la potestad punitiva del Estado y solamente podría ser adjudicatario de algunos beneficios, siempre y cuando se someta a los preacuerdos establecidos en el Código de Procedimiento Penal.

En esto radica la importancia de la verdad real y procesal en el caso Márquez, pues las autoridades tendrán que contarle al país si verdaderamente se hizo algo indebido o no, y si se hizo, ¿quién lo hizo? y ¿para qué?

Con la verdad, se le baja la temperatura al debate en el que se enfrascan unos y otros, y se abren o se cierran las puertas a Márquez, hacia la paz total o hacia el sometimiento.

La verdad es tan importante en los procesos de paz que, inclusive, como lo sostiene la Corte Constitucional “se le atribuye a las Comisiones de la Verdad, investigar, de forma objetiva y extrajudicial, las violaciones de DDHH o de DIH, perpetradas por particulares y/o por agentes del Estado con la finalidad de esclarecer las causas, los hechos y los efectos de dichas violaciones, con el propósito de generar conciencia de lo sucedido, evitar que se repitan dichas situaciones, facilitar el proceso de sanación de las víctimas y sus familiares y contribuir a la erradicación de la impunidad.”

Esa misma verdad que facilita el perdón, ahora es necesaria para que los colombianos comprendan cualquier decisión que, soportada en ella, admita o rechace la participación de Márquez y las disidencias en un proceso que será la segunda parte de una novela iniciada con el Acuerdo Final para La Paz, que al final, no fue final.

No podemos continuar en la oscuridad de ese pasaje de la paz celebrada con las FARC porque se le hace mucho daño al nuevo proceso, pues sus nuevos actores requieren la actuación de las autoridades en forma diáfana y transparente para que se genere la confianza necesaria hacia la meta que nos ofrezca una paz real.

La verdad, se configura como el límite racional y legal para que el gobierno nacional determine si Iván Márquez puede o no hacer parte de la paz total.

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