Por: Germán Calderón España.
En el caso del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, este martes 6 de abril de 2021 se llevará a cabo la audiencia pública en la que un juez de conocimiento –penal del circuito de Bogotá- estudiará la petición de preclusión elevada por el Fiscal 6 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, instalándola e iniciándola formalmente, concediéndole el uso de la palabra al funcionario para que exponga su solicitud con indicación de los elementos materiales probatorios y evidencia física con los cuales pretende sustentar las causales incoadas, referidas a la atipicidad del hecho investigado y a la ausencia de intervención del “imputado” en el hecho investigado, es decir, que si bien existen hechos, estos no alcanzan la entidad de delito, y que los hechos que sí constituyen conductas punibles, fueron cometidos por actores diferentes al ex presidente Uribe.
Acto seguido, como así lo dice el Código de Procedimiento Penal aplicable al caso, le conferirá el uso de la palabra a las víctimas, al agente del Ministerio Público y al defensor del ex presidente, sin posibilidad de permitirle solicitar o practicar pruebas, salvo a las primeras, quienes podrán oponerse a la petición de preclusión del fiscal; luego, podrá el juez decretar un receso de una hora para preparar su decisión, la cual deberá motivar oralmente.
Ante ese escenario forense, el juez podrá decretar la preclusión de la investigación con lo cual cesa la persecución penal en contra del imputado por los hechos investigados con efectos de cosa juzgada, en caso de no ser apelada; o, podrá rechazarla, decisión que también es sujeta de impugnación. Si se confirma el rechazo, las diligencias volverán a la Fiscalía para que construya y presente el escrito del acusación.
Este juez que conozca de la preclusión quedará impedido para conocer de un eventual juicio, previa acusación, pero, de acuerdo con lo que se deduce del proceso mediático, son innumerables las evidencias a favor del ex presidente Uribe frente a un testimonio de cargo único que, además, está impregnado del interés claro e inequívoco de mentir.
El juez de la audiencia tendrá que aplicar la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que nos enseña que “…es posible que un único testigo pueda sustentar un fallo de condena, siempre y cuando su exposición de los hechos sea lógica, unívoca, coherente y esté corroborada con las demás evidencias acopiadas en el debate probatorio.” (Corte Suprema Sala Penal, Sentencia SP-27462019 (51258), Jul. 17/19).
Con todas las evidencias almacenadas en la investigación por la Fiscalía General de la Nación que excluyen de responsabilidad penal al ex presidente Uribe, el director de la audiencia deberá respaldar la preclusión de la investigación que tiene una sola prueba de cargo, el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, en cuyo caso, “…el juez, al valorar la fiabilidad del testigo, debe considerar criterios como la ausencia de interés de mentir…”.
Quedará demostrado que el interés de mentir por parte de Monsalve estaba soportado en los beneficios que recibiría él y su esposa de parte del Senador Cepeda y de algunos operadores de la justicia, pues diversos testigos advierten esa y otras situaciones claves sobre los hechos.
Uno de ellos, Fauner José Barahona, alias Racumín, en testimonio del 10 de febrero de 2021 entregado a la Fiscalía, confirmó las presiones del senador Iván Cepeda para que internos declararan contra el ex presidente Uribe y su hermano Santiago.
Otro, Ricardo Williamson, quien también declaró ante la Fiscalía, sostiene que él le contó a Vicky Jaramillo que un cuñado suyo –Enrique Pardo Hasche- era compañero de celda de Monsalve y que éste le había dicho que estaba dispuesto a retractarse de las acusaciones contra los Uribe. ¿Quién es Vicky Jaramillo? Es quien le dice por primera vez al ex presidente Uribe que había sabido que el testigo Monsalve quería retractarse de la mentira y de la falsa acusación contra los Uribe, a lo cual el ex presidente le pide a Vicky que hable con Diego Cadena para que éste se dirija al sitio del reclusión de Monsalve para corroborar esta información.
Por su parte, Diego Cadena ya dijo en su juicio, que jamás el ex presidente Uribe le ha solicitado comprar testigos, pagar para que se retracten o cosa parecida.
Otro testigo clave a favor de Uribe es el conocido Tuso Sierra, quien también dijo a la Fiscalía hace unos días, que Iván Cepeda –una de las presuntas víctimas del proceso- y Piedad Córdoba fueron a visitarlo para lograr declaraciones contra los Uribe a cambio de asilo en otro país.
Dos hechos quedan en el aire mientas se desarrollan las investigaciones penales que ya se iniciaron o que se desprenderán de este proceso: i) El testimonio del abogado Héctor Romero, quien afirma que Deyanira Gómez, ex pareja de Monsalve, fue auxiliada por el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia José Luis Barceló para lograr protección en el exterior y, ii) Una finca denominada La Veranera de propiedad de la misma protagonista que, al parecer, no tiene procedencia lícita y podría catalogarse como un beneficio por las acusaciones de Monsalve contra los Uribe.
Como conclusión, sí es posible que un único testigo pueda sustentar una acusación penal, pero en este caso, la exposición de Monsalve sobre los hechos no es lógica, unívoca, ni coherente, como tampoco está corroborada con las demás evidencias que hacen parte del debate probatorio, por el contrario, todas están a favor del ex presidente Uribe.
