El contrato con el Gobierno del aspirante a la Corte C., Antonio Lizarazo

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Firmó un negocio hasta diciembre de 2016 para asesorar al Gobierno en aspectos de Paz con las Farc, es decir, si es elegido, se debería declarar impedido para revisar las tutelas sobre el tema del futuro Tribunal de Paz, que lleguen a la Corte Constitucional.   

Antonio José Lizarazo Ocampo, quien fue ternado por el Consejo de Estado para integrar la Corte Constitucional, tendría una serie de impedimentos éticos y legales para llegar a ese alto cargo en la justicia colombiana.

Lizarazo, se desempeñó como miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el periodo 2002-2006, y es apoyado para dicha aspiración por el ala del Partido Liberal que lidera el samperista Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Lo primero, es que Lizarazo Ocampo es un alto directivo activo de la Universidad Libre de Colombia, con sede principal en Bogotá, quien lo escogió como su Censor Nacional, en el periodo 2016-2019, por ser un abogado egresado de esa institución académica y miembro de la Sala General desde 1994.

Así lo confirma una propia PUBLICACIÓN de la Libre:

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Resulta que la misma Universidad Libre en sus estatutos establece que el cargo de Censor Nacional es de tiempo completo y, por lo tanto, incompatible con el ejercicio de otros empleos, públicos o privados.

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La pregunta es: Si Lizarazo Ocampo mantiene ese cargo en la Unilibre, ¿en qué tiempo se desempeñará como magistrado de la Constitucional?

Todavía no se ha conocido públicamente que Lizarazo Ocampo renunció como Censor de la Libre.

 Contrato con el Estado

Lizarazo también firmó el contrato FP-155 de 2016 con la Presidencia de la República por cinco meses -desde el 3 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2016-, por un total de $69.900.000, con el objeto de asesorar a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en relación con el Acuerdo firmado en La Habana, Cuba, con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc Ep.

Había Su misión era promocionar la paz y lograr que el pacto con los rebeldes fuera posible política y legalmente. Lo puede ver  completo AQUÍ.

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Como ya quedó claro en el llamado nuevo Acuerdo de Paz con las Farc, que se emitió luego de que los votantes del NO derrotaran al SI en el pasado Plebiscito del 2 de octubre de 2016, la Corte Constitucional será la competente para revisar las tutelas que profiera el denominado Tribunal para la Paz, próximo a implementarse en el país, luego de la refrendación del pacto con el grupo subversivo.

Lo anterior significaría que Lizarazo, en caso de ser elegido en la Corte Constitucional, tendría un serio obstáculo para desempeñar su cargo, porque no sería un juez imparcial, ya que recibió un contrato del Gobierno Nacional relacionado precisamente con temas de la paz.

Antonio José Lizarazo tendría, necesariamente, que declararse impedido en casi todos los aspectos vinculados con el Gobierno y la paz y no sería la garantía de imparcialidad que debe mostrar la criticada justicia colombiana. El tema compromete la ética del reconocido jurista.

¿Es este un típico caso de yo te elijo, tu me eliges?

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