El movimiento Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, más conocido por su sigla como FARC, era de esperarse que no obtuvieran una participación significativa en la pasada elección del 11 de marzo, pero en ningún cálculo político sensato, se pensó incluso ni se insinuó que, obtuviera escasamente 52.525 votos. No hay duda es un completo desastre electoral que les significaría no tener derecho a reintegro por no lograr alcanzar el umbral; pero olvidándonos de ese factor, la reposición por voto válido para ellos escasamente alcanzaría $296.346.050.oo
Pero quien lo creyera e imaginara por cuenta de una extraña e inexistente anhelada Paz, para acompañarles en ese proceso el Gobierno Nacional les giró la astronómica cifra de $8.841 millones, de los cuales, dos días antes de la elección retiraron, a través del gerente del movimiento Jorge Federico Ramírez Escobar, $5.548 millones
El Consejo Nacional Electoral, cuando ya todo ha sido consumado, decidió aperturar investigación preliminar para determinar si hay o no irregularidades en el manejo de los millonarios recursos entregados a ese nuevo movimiento. Obviamente, ya entregado el dinero poco se podrá pensar en su recuperación, así constaten serias y de seguro graves irregularidades. Ya ellos corrieron a indicar que se gastaron en la campaña esa monumental cifra. Nadie les cree ni los soportes les darán para eso.
Cualquier otro de los candidatos participantes en el proceso electoral del 11 de marzo por voto válido le reconocen $5.642.oo mientras que a los participantes de las FARC que ya tenía aseguradas sus cinco (5) curules en el senado y cinco (5) en la Cámara de Representantes, le entregaron copiosa suma. Nos sentimos verdaderamente atracados ya que esos dineros salen de los impuestos que pagamos al fisco colombiano. Las FARC por sus escasos votos obtenidos, recibieron $168.320.oo por voto legalmente emitido. Todo un despropósito.
Ahora bien ¿qué clase de lectura se puede dar a ese nimio resultado de escasos 52.000 votos cuando pretendían conseguir millones de ellos? La principal de ellas es que Colombia no les cree a las FARC no sólo por su pasado criminal de más de cincuenta años en medio de un conflicto que afecto al grueso de la población civil, no en su estratos altos, por el contrario fue a los campesinos, soldados y policías de la Patria, el mayor número de víctimas que tienen en su haber. La segunda quizás más notoria y cuestionable fue el cinismo y arrogancia con la que asumieron la amplísima generosidad que le diera el Gobierno de Juan Manuel Santos, que no estaba jamás pensada y prevista en los analistas del proceso al comienzo de las negociaciones.
Las FARC al firmar en la aciaga tarde del Teatro Colón el pasado 24 de noviembre de 2016, el Acuerdo Paz definitivo concebido en la Habana y negado por el pueblo en el plebiscito del dos de octubre de ese año, recibieron múltiples beneficios jurídicos, políticos y económicos. El primero de ellos, es hasta ahora la garantía de una completa impunidad para los delitos atroces. Simplemente hasta la fecha se han limitado a suscribir un acta de compromiso ante la Jurisdicción Especial, pero nada de privación de la libertad por innumerables delitos cometido que la legislación interna e internacional los califican de atroces y de lesa humanidad. Baste citar el estallido de la bomba en el Club El Nogal. La destrucción de la Iglesia de Bojayá y la toma sangrienta de Mitú. En otros países del hemisferio ya es claro que trato se da a los actos terroristas, acá Colombia resultó por cuenta de un proceso de paz ser la excepción.
Ahora la JEP con designada en la mayoría de sus integrantes con claro sesgo ideológico por partícipes foráneos tiene ya su Presidenta en ejercicio, la Dra. Patricia Linares que ya conocemos su actuar en el pasado, y quien ya reclama del Gobierno con insistencia que le entreguen los archivos del extinto DAS. Vaya que rapidez en dejar conocer lo que se sospecha pretendan hacer con dicho archivo, por supuesto insistirán en su entrega antes de elecciones presidenciales. No hay tiempo incluso de esperar la decisión final del proceso de revisión que sigue actualmente a la ley estatutaria de la justicia la Corte Constitucional que es lo sensato y lógico, pero no, hay urgencia en actuar y no se puede esperar. Esa celeridad es alarmante, preocupante y sospechosa. Sobre el tema ya se registra inmensa preocupación. Al respecto consultar la excelente columna titulada ¿En manos de quien terminarán los archivos secretos del Das?, escrita por el columnista Eduardo Mackenzie recientemente (La Otra Cara, Marzo de 2018).
Beneficios económicos recibidos lo son todos. Ya resumimos los derivados de la participación en política, a los que hay que agregarle lo que devenga un congresista y su equipo. RCN entrego noticia reciente al respecto y lo calculó con las prebendas y primas en $42.068.139.oo mensuales. Traducido en cifras sin reajustes futuros, se puede intentar un pequeño cálculo. Son 500 millones por año de cuatro del período legislativo, que arroja 2000 millones por congresista. Les garantizan tres períodos legislativos (12 años) en el Acuerdo. Serán mínimo 6000 millones el estimado que devengará cada persona si es reelegida y seguro lo será. Al ser 10 las curules, sin tener en cuenta reajustes arroja un estimado de 60.000 millones para esos privilegiados.
Ahora bien, quienes se desmovilizaban tenían un incentivo de $8.000.000.oo para proyecto productivos. Por el término de dos años reciben un apoyo del 90% del salario mínimo y la cobertura en seguridad social. Ellos sin cotizar siquiera la obtuvieron. Los colombianos que le cumplieron a su país ya se saben la tortura para alcanzar la pensión. También se recuerda aquel paquete legislativo que le aprobó a la Unidad Nacional de Protección ampliar su planta de personal con 1.200 excombatientes, en la que el país comprobó asombrado que a cada uno de ellos, les cancelarán por ese servicios $1.825.423.oo que para el común de los colombianos que en gran parte reciben el salario mínimo fue una ofensa total, pues siempre se había negado que se les iba a pagar.
Si esos son los copiosos beneficios políticos, jurídicos y económicos ¿cuál ha sido la contraprestación por las FARC frente al acuerdo de paz alcanzado? Desde que se hizo entrega de unas pocas armas, se han descubierto ya varias caletas que no habían sido no reportadas. Los misiles aire tierra que se dice tenían nunca los devolvieron.
La Fiscalía denuncia que han llegado a su conocimiento la existencia de más de DOS BILLONES en bienes no reportados para ser objeto de extinción y que al parecer no están en ese extraño inventario de bienes entregados, que se recuerda hasta traperos incluyeron.
Entre los bienes ahora decomisados están las cadenas de supermercados populares “Supercundi, Merkandrea y Mercafusa, que suman 60 locales comerciales en Bogotá, Cundinamarca (Chía, Cota, Fusagasugá, Facatativá, Girardot, La Calera, Madrid, Mosquera, Silvania, Soacha, Tibacuy, Tocainía y Villeta), Tolima (Espinal, Lérida, Melgar y Saldaña) y Quindío (Armenia y Calarcá)”. Al parecer figuran a nombre de los hermanos Norberto, Luis Alirio, Uriel y Edna Yaneth Mora Urrea”; ya uno de ellos extendió petición para acogerse a la JEP.
De las personas que llevaron a las zonas geográficas que eran cerca de 7000 los últimos reportes dan cuenta que salieron de ellas y se incorporaron buena parte a las mal denominadas disidencias de las FARC. Hoy no se desconoce realmente cuantas personas desmovilizadas del grupo siguen en las zonas asignadas.
Pero no es solo por el ocultamiento de bienes que la Fiscalía tendrá la tarea de demostrar, lo es por el grave delito de lesa humanidad cometido en menores, sometidos a reclutamiento forzoso. El pasado 16 de marzo la Oficina del Alto Comisionado de las naciones Unidas para los Derechos Humanos lo denunció. Según el garante del proceso al 31 de diciembre de 2017, solamente 135 menores, 75 niñas y 60 niños fueron regresados. Es obvio que mientras no aclaren y devuelvan los niños en su totalidad, no pueden tener posesión como congresistas. El CNE no les puede entregar sus credenciales que los acrediten como tal, ya que el reclutamiento de menores es y será por siempre un Crimen de Lesa Humanidad. También están en mora de responder por las graves denuncias de los menores que fueron violados y obligados a abortar acorde con denuncias públicas efectuadas por la nueva Corporación Rosa Blanca.
En definitiva, no se les puede dar posesión a los 10 congresistas hasta que no cumplan obligada cita con la Justicia, regresen los menores reclutados, relaten la verdad del patrimonio oculto, aclaren sus cuentas con el CNE, entreguen las rutas del narcotráfico y, desvirtúen el incumplimiento en que están incursos. Los futuros congresistas a quienes por elemental principio no deben se acreditados son:
Senado de la República: Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez; Jorge Torres Victoria, otrora alias Pablo Catatumbo; Judith Simanca Herrera más conocida en las filas del otrora grupo subversivo como Victoria Sandino Palmera; Julián Gallo poco conocido con su real nombre el común le identifica como Carlos Antonio Lozada o el Clandestino; Griselda Lobo poco se sabe de ese nombre pero si del que utilizara en su vida subversiva como Sandra Ramírez, esposa del fundador de las FARC Manuel Marulanda Vélez conocido en la subversión con el alias de “Tiro Fijo”.
Cámara de Representantes aspiran a llegar: Jairo González Mora entonces conocido como Byron Yépez otrora segundo de alias el Mono Jojoy y con delito de abuso de menores que fueron puestos ya en conocimiento de CNE por el nuevo parlamentario Jaime Uscátegui; Reinaldo Cala Suárez en tiempo del grupo subversivo alias Jairo Quintero o Jairo Mechas que tuvo amplia operación en el Magdalena medio, cesar Guajira y Atlántico; Seusis Pausivas Hernández Solarte, que se conoce más su alias de Jesús Santrich que fuera el ideólogo de la voz de la resistencia; Marcos Calarcá, nacido en el Valle, fungió en el exterior particularmente en Bolivia y México como canciller de la organización subversiva y finalmente Omar de Jesús Restrepo, que se conociera con el alias de Olmedo Ruiz que otrora comandaba el frente 57 de las Farc en Antioquia.
Por Bernardo Henao Jaramillo
Abogado- Investigador
