En un documento el Ministerio Público sostiene que dentro del Macrocaso 05 se hallan hechos ilustrativos que demuestran una política concertada de violencia por parte de las disueltas Farc que puso en riesgo de exterminio a las comunidades étnicas, especialmente al pueblo Nasa.
La Procuraduría General de la Nación en un documento presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), le advierte que los delitos perpetrados contra grupos indígenas en el país son mucho más graves que la calificación que ha otorgado esa jurisdicción.
El escrito asegura que al interior del Macrocaso 05 se hallan hechos ilustrativos que demuestran una política concertada por parte de las antiguas Farc, de tal suerte que la recurrencia e intensidad de la violencia puso en riesgo de exterminio a las comunidades étnicas.
La evaluación “ha sido reconocida por el Estado colombiano” y “ha llevado a que se considere necesaria una calificación jurídica propia, a partir de las desarmonías denominadas por el pueblo Nasa «fxi’zenxis ptxuçxa peba i’khnatx yuwe», que traducido al español significa «el que viene a destruirnos», y «Uma Kiwes Pxhiunxi Wee», que significa «acabar de manera cruel con la Madre Tierra»”.
Tras el análisis de las declaraciones de víctimas y comparecientes de doce municipios del norte del Cauca y cinco del sur del Valle, la Procuraduría asevera que se reveló una práctica generalizada de violencia extrema contra comunidades y territorios indígenas y afrocolombianos.
“Lo hallado por el Ministerio Público, a través de los hechos cometidos por los comparecientes que son objeto de reproche en esta imputación, evidenció una intención de eliminar el grupo étnico a través de su disolución forzada y su integración a la comunidad mayoritaria”, afirma el documento de la Procuraduría.
En ese sentido, el órgano de control solicitó a la JEP imputar a diez excomandantes de las disueltas Farc vinculados al Macrocaso 05, por considerar que sus sistemas normativos describen de manera más acertada las afectaciones sufridas, equiparables con el etnocidio, y que incluso pueden ser más graves que los crímenes previstos por el Estatuto de Roma.
Además de las seis conductas imputadas por la JEP en el Auto, el ente de control estudió otras, constitutivas de persecución, como reclutamiento forzado de menores de edad, confinamientos, desplazamiento forzado y lingüicidio, que demuestran la configuración de la citada desarmonía, establecida en el derecho propio indígena.
Sobre el caso particular de reclutamiento forzado de menores de edad indígenas, las autoridades revisaron 419 casos, en los que determinaron que, además de la comisión de este delito, “las víctimas también fueron sometidas a hechos de violencia y esclavitud sexual, planificación obligatoria y abortos forzados, so pena de fusilamiento”.
En lo que respecta a los asesinatos y desapariciones forzadas, se asegura que hubo 51.125 muertes violentas en el contexto del Caso 05, un número que es mayor a la población total de los municipios en la zona priorizada, causadas por la presencia y la búsqueda de control social y territorial de las Farc, de acuerdo con sus intereses económicos, políticos y sociales.
De acuerdo con la Procuraduría, fue tan grande el daño que la Asociación Colombiana Indígena, ACIN, envió una carta abierta al máximo comandante de las antiguas Farc, conocido como Timoleón Jiménez -Timochenko-, el 24 de abril de 2012, en la que pidió aclarar si la intención de sus acciones en los territorios era genocida.
