Con la intervención de urgencia del Gobierno Nacional a La Guajira, prácticamente ese departamento se hundirá más en la pobreza y el subdesarrollo.
Durante tres años el Ejecutivo asumirá desde Bogotá el manejo de todos los recursos de salud, educación y agua potable que destina la Nación a esa región de la Costa Caribe.
La intervención de La Guajira fue decidida el martes 21 de febrero de 2016, luego de una reunión del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), para darles un manejo transparente a los cerca de 785.000 millones de pesos que por estos tres conceptos, le transfiere el Gobierno al departamento anualmente.
La justificación de la Casa de Nariño es que los recursos que van para el departamento costeño no ha redundado en una mejor calidad de vida para sus habitantes, especialmente por los malos manejos de la clase política que dirige a los guajiros, lo cual es cierto.
Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 55,8 por ciento de la población guajira vive en la pobreza, el 85 por ciento de los habitantes se encuentra en la informalidad y el 11 por ciento padece desnutrición crónica, especialmente los niños indígenas Wayúu menores de 5 años.
Sin embargo, recordemos que La Guajira es un territorio que durante años ha estado condenado a la pobreza por falta de inversión desde el gobierno central y por la corrupción de sus líderes locales que sin duda han malversado sus grandes recursos como las regalías recibidas por la explotación de sus minerales.
Durante décadas, La Guajira ha padecido la corrupción ejecutada por sus gobernadores, alcaldes y toda clase de dirigentes, que en los últimos años también han sido destituidos por los malos manejos administrativos.
Pero con esta intervención, la región se hundirá más, porque estará limitada a que desde Bogotá se decida, sin saber, ni conocer la zona, que se hace o no se hace en la patria lejana de los Wayúu.
