En Colombia este una figura legal que le causa más de un dolor de cabeza a los funcionarios públicos porque no la entienden y muchas veces no la dan para aplicar correctamente. Esta norma es el Gestor Fiscal.
Equivocadamente, la mayoría de los empleados públicos de la Contraloría General de la Nación entienden como Gestor Fiscal a cualquier ciudadano colombiano que reciba dineros públicos, o sea, provenientes del Estado.
En ese orden de ideas, según ellos, por ejemplo, un simple particular contratista del Estado en un caso de prestación de servicios, incluyendo a quienes solo facturen, ya es Gestor Fiscal. Grave error.
Con esa determinación han afectado y siguen afectado a muchos particulares (que no deberían ser objeto de investigación por la Contraloría debido a la falta de competencia) con largas investigaciones que al final se caen por falta de valor jurídico, pues la jurisprudencia al respeto sobre quién es Gestor Fiscal en nuestro país, es amplia y está definida por el Consejo de Estado y la misma Corte Constitucional.
Son muchos los daños que producen las malas decisiones de la Contraloría, los cuales pueden ir desde la quiebra total de las personas o empresas acusadas falsamente de ser Gestores Fiscales, investigaciones contra estos particulares en la Fiscalía y hasta bloqueos financieros o embargos en la DIAN.
Dichos perjuicios a los particulares se traducen luego en millonarias demandas administrativas y civiles contra la Contraloría, pero en últimas es la ciudadanía la que paga con sus impuestos estas condenas contra la Nación.
Mientras que los funcionarios públicos involucrados podrían ser objeto de acciones de repetición para que respondan con sus propios recursos por sus irregularidades, pero también se les pueden aplicar denuncias penales por delitos como el prevaricato, lo cual sucede cuando se toma una decisión arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Esto da una pena de 3 a 8 años de prisión por el incumplimiento de sus deberes como servidor.
El Concepto claro del Contencioso Administrativo
El Consejo de Estado, máxima autoridad en Colombia en la juridicción de los contencioso administrativo dentro de la cual está la Contraloría, en una contundente jurisprudencia aclaró quién es Gestor Fiscal en un caso que investigó la Contraloría General de Antioquia sobre un contrato entre la empresa Baan Colombia Ltda y el Instituto IDEA.
El Consejo ratificó que «la gestión fiscal, como elemento determinante de la responsabilidad fiscal, se cumple siempre y cuando el particular, maneje o administre fondos o bienes del Estado que le hayan sido asignados o confiados», como anticipos en un determinado contrato.
«El control fiscal, No es procedente frente a contratista que no ejerció actos de gestión fiscal, porque el contratista No recibió dineros públicos para su administración», reitera el Alto Tribunal.
Puede bajar el fallo completo del Consejo de Estado sobre Gestor Fiscal, para su conocimiento general, AQUÍ.
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Por otro lado, la Superintendencia Financiera de Colombia en su página Web destaca que la propia Contraloría General, en épocas pasadas, determinó en su Concepto 80112- IE948 del 15 de enero de 2009 que los cajeros de bancos no son Gestores Fiscales.
El órgano de control hizo la afirmación basándose en la sentencia de la Corte Constitucional C-840 de 2001, del Magistrado ponente Jaime Araújo Rentería, la cual indica: «(…) la responsabilidad fiscal únicamente se puede pregonar respecto de los servidores públicos y particulares que estén jurídicamente habilitados para ejercer gestión fiscal, es decir, que tengan poder decisorio sobre fondos o bienes del Estado puestos a su disposición…».
Existe una corriente contraria al Derecho
Está claro que en el Contraloría, una entidad de más de 4.500 empleados, existe una fuerte corriente implementada durante administraciones pasadas, que manejan ciertos funcionarios, para quienes un Gestor Fiscal es cualquiera que reciba dineros públicos. Eso fue lo que aprendieron y eso es lo que aplican.
No obstante, la nueva gestión del Contralor Carlos Felipe Córdoba puede corregir esa anomalía y respetar los Derechos de los particulares, lo cual no se hacía en otras épocas. El propio Córdoba así lo dejó claro cuando anunció que ningún proceso durante su mandato duraría más de 3 años. En el pasado, los casos dormían en el sueño de los justos, e inclusive, algunos eran utilizados como herramientas de presión, intimidación o extorsión y hasta negociaciones económicas. Este Contralor es diferente: insiste es que será preventivo y no perseguidor.
Se necesita capacitación
Es lamentable que en nuestro país, los empleados públicos de este Organismo de Control sean pocos ilustrados en el tema y pocos dedicados a sus procesos, pues muchos duran con un investigación años sin leerlas y cuando los términos los acosan, de un plumazo, toman decisiones absurdas, basados en lo que les impusieron sobre lo que eran los Gestores Fiscales, fallos no típicos de profesionales expertos en Derecho.
La Contraloría debe capacitar a sus funcionarios en esta área, contratando personas versadas en Colombia y el mundo sobre el tema de los Gestores Fiscales, pues la entidad cuenta con los recursos y las sedes para tal fin.
En otras palabras, los servidores públicos no pueden interpretar las normas por capricho para perseguir a sus enemigos con falsos hallazgos… Esperamos urgente la reforma de la Contraloría para cambiar el modelo del control fiscal.
