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La imputación se hace contra tres exgobernadores, dos EPS, el Representante Legal de una IPS Pública y 3 Uniones Temporales prestadoras de servicios, por irregularidades en la atención de los afiliados al régimen contributivo y subsidiado en el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La Contraloría General de la República (CGR), a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, imputó responsabilidad fiscal por $202.767.134.694, contra dos EPS, el Representante Legal de una Institución Prestadora de Salud (IPS) Pública, 3 Uniones Temporales (UT) prestadoras de servicios y tres gobernadores, por irregularidades en la atención de los afiliados al régimen contributivo y subsidiado en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dentro de las vigencias comprendidas entre los años 2017 a enero de 2021 inclusive, con ocasión de la ejecución de un contrato interadministrativo celebrado entre la gobernación del archipiélago y una IPS pública.
La CGR determinó que las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) solicitaron a la ADRES $94.936.891.152, los cuales no se vieron representados en servicios de salud para sus usuarios en las Islas y a su turno las EPS giraron a las UT prestadoras de servicios $2.905.830.271, los cuales tampoco se vieron representados en prestación de servicios de salud durante esas vigencias.
Así mismo la Contraloría General advirtió que se giraron $16.293.645.185, por concepto de subsidio de la oferta en salud cuando la operación en el archipiélago no era deficitaria.
Igualmente encontró que se pagaron $87.172.819.868, a la IPS Pública, que no estaba habilitada en ese departamento para prestar servicios de salud ni tampoco tenía contratos suscritos con las EPS para estas vigencias.
Por otra parte, se estableció que se le han dejado de pagar a la Gobernación de San Andrés $824.336.362, como contraprestación por la entrega de la infraestructura hospitalaria a la IPS Pública mediante el contrato interadministrativo celebrado entre ambas partes.
Finalmente, la CGR pudo constatar, que la Gobernación de San Andrés suscribió un contrato de consulta médica teleasistida con una IPS privada, cuando dichos servicios estaban contenidos dentro del contrato interadministrativo, constituyéndose en una contratación paralela por $633.611.856.
