María Verena Puccini Tafur, quien el 2 de marzo cumplió sus 56 años de vida, está condenada a muerte —como 3.800 pacientes— por el sistema de salud y, en particular, por Coomeva Eps, cuya sede de Cartagena no se diferencia de las otras sedes del país, puesto que funciona con una alta centralización, donde los directores regionales solo son firmones (carecen de capacidad de acción y resolución), y cuyo representante legal no aparece en las certificaciones de la Cámara de Comercio.
Mientras matan a sus pacientes, los directivos de Coomeva Eps se dan la buena vida con salarios superiores a $30 millones, y hasta se les ve por el mundo recorriendo monumentos y playas famosas.
Pero Verena quiere vivir y lanza una voz que no quiere que caiga en el vacío para ver si las autoridades competentes y, en especial algún juez con suficiente valor, hagan cumplir una orden de desacato de una tutela emitida por el Juzgado Decimoquinto Penal Municipal de Cartagena, con funciones de conocimiento, que le amparó el derecho fundamental a la vida y a la salud y ordenó que le suministraran el medicamento imatinib 400 mg en las condiciones como lo recetó el médico tratante de la enfermedad catastrófica que viene padeciendo.
Verena Puccini, oriunda de Magangué, esposa del abogado Jhonny Barros Morris, viene padeciendo una patología clasificada por el Ministerio de Salud como catastrófica, la cual necesita un tratamiento médico especializado y un medicamento de alto costo denominado imatinib con dos dosis diarias de 400 mg, cuyo precio por dosis en el mercado farmacéutico ronda entre $82.568 (27,6 dólares) a $142.200 (49 dólares). La medicina es producida y comercializada en Colombia por el laboratorio Novartis —una transnacional Suiza de la industria farmacéutica— que se había negado bajar los precios de esos productos esenciales para tratar enfermedades como la leucemia mieloide Crónica (LMC) y otros tipos de cáncer, pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la cinasa. Este químico bloquea la acción de la proteína anormal que les indica a las células cancerosas que deben multiplicarse, razón por la cual ayuda a detener la propagación de las células cancerosas, de acuerdo a la explicación científica de MedLine Plus, uno de los portales más consultados por profesionales de la salud.
El Ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, sobreviviente de un cáncer, se resistió a aceptar las pretensiones de los monopolios de las farmacéuticas, y declaró utilidad pública ciertos medicamentos de alto costo para tratar enfermedades catastróficas, entre ellas la leucemia. De esta manera el imatinib entró en ese catálogo sometidos a regulación. Ante esta situación, laboratorio Norvatis utilizó todos los medios, jurídicos y diplomáticos para presionar al gobierno colombiano. Sin embargo, MinSalud se mantuvo en su posición, lo que obligó a Norvatis no comercializar en Colombia su producto de imatinib 400 mg con la marca comercial Glivec.
Coomeva, un sistema indolente
La que otrora surgiera como parte de la expansión de la economía solidaria del sector salud, Coomeva (Cooperativa de Médicos y Profesionales del Valle), después de 50 años, se convirtió en un aparato que solo le interesa el factor dinero en detrimento del trato humanizado a los pacientes. Coomeva es uno de los grupos económicos que surgió en el Valle del Cauca y se maneja en forma de holding, desde la prestación del servicio de salud hasta el sistema financiero con Bancoomeva y Fiducoomeva. Lo que en realidad prima en las Eps es eso, el interés del dinero que la vida de sus pacientes. Coomeva —como casi todas las Eps— entiende que al negar en la práctica el medicamento, los familiares deben hacer un esfuerzo de comprarlo por su cuenta. ¿Y si las familias carecen de las condiciones económicas para financiar de $12 a $30 millones que es el costo mensual del tratamiento? El destino que le queda es la muerte.
No obstante, ese fatal destino se puede frenar con la acción de tutela que busca amparar derechos fundamentales como la vida, la salud y un tratamiento integral. Y el medicamento esencial es el imatinib, que suministrado por dosis de 400 mg logra bloquear la expansión de la enfermedad y el paciente puede desarrollar sus actividades normalmente. En el caso particular de Verena Puccini, su esposo, el abogado magangueleño Jhonny Barros, obrando oficiosamente, presentó una acción de tutela que fue fallada el pasado 8 de febrero a su favor para amparar los derechos fundamentales de su compañera, y el juez le concedió un plazo de 48 horas para que efectivamente le suministrara el medicamento imatinib de 400 mg. Pero Coomeva no ha entregado el medicamento. Lo peor, Coomeva no le ha respondido al Juez Decimoquinto Penal Municipal con funciones de conocimiento, puesto que en el expediente abierto al incidente de desacato no aparece ningún oficio donde se comprometa a entregar el imatinib.
Un frasco de imatinib contiene 30 dosis y solo alcanza para 15 días, es decir, que al mes Verena Puccini necesita dos cajas, las cuales se convierten en su vida. Si ella deja de tomar esas dosis, la enfermedad avanza y le reduciría su expectativa de vida. O sea, que si Coomeva Eps no atiende el desacato, pondría en peligro la vida de Verena en menos de 15 días. Cada día que pasa se convierte en un día menos de vida de una mujer feliz y llena de vida, que por una conducta criminal del sistema de salud reduce la vida a una cosa que puede tener un precio de $12 a $30 millones cada 30 días. Y ellos lo hacen premeditadamente, que es lo más doloroso. Pues, si uno va a la Cámara de Comercio de Cartagena para que le expidan un certificado de representación legal, no aparece el titular. Ellos saben que para un proceso penal se necesita individualizarlo.
Por esa razón no sabemos si la responsable de todo esto es Ángela María Cruz Libreros, quien hasta 2017 era la representante legal de Coomeva a nivel nacional, ya que en el expediente no aparece asociado su nombre, pero todo indica que sigue ocupando ese cargo.
El año pasado no pudieron meter preso al representante legal, porque el que apareció fue un funcionario de Coomeva. El pagapato fue Luis Carlos Gómez Jaramillo, responsable de responder las tutelas en el Caribe colombiano. La víctima en esa ocasión fue Nicolás Hernández del Valle, 68 años, con residencia en San Fernando, Cartagena, a quien le habían negado desde hacía ocho meses el medicamento Adalimumab, el cual sirve para tratar la enfermedad espondilitis anquilosante.
En esta ocasión, de acuerdo al certificado de la Cámara de Comercio, aparece Gustavo Adolfo Sánchez Cajales, como representante legal para asuntos judiciales. Esto significa que ninguno de los altos ejecutivos podrían ser procesados por daños dolosos. Estos ejecutivos —el que menos gana, recibe más de $30 millones mensuales— son:
1. Angela María Cruz Libreros, Gerente General.
2. Jairo Bravo Mendoza, Gerente Nacional Tecnología .
3. Beatriz Eugenia Orbes Gutiérrez, Gerente Nacional de Operaciones
4. Carlos Marino Escobar Vásquez, Gerente Nacional de Salud
5. Andrea Del Carmen Lizcano Bermúdez, Gerente Nacional de Redes
6. Mario Camilo León Martínez, Gerente Nacional Jurídico
7. Javier Andrés Correa Quiceno, Gerente Nacional Financiero
8.Néstor Gabriel Santamaría, Gerente Nacional Comercial
9. Luis Carlos Lozada Bedoya, Gerente Nacional NO POS (e) (2)
10. Mauricio Castillo Pérez, Gerente Negocios Internacionales
12. Ricardo Andrés Prado Herrera, Director Nacional Jurídico13. Xiomara Iveth Campo, Directora Nacional de Comunicaciones
14. Leonardo Montes Garcés, Director Nacional Auditoría Interna
15. Daniel José Rivera Viera, Director Nacional de Riesgo
16. Diana Patricia Tovar Olarte, Directora Nacional de Contratación
17. Gloria Amparo Vidal Tenorio, Directora Nacional de Ingeniería
18. Camilo Ernesto Diusabá Perdomo, Gerente Nacional de Mercadeo
19. Edward Campo Rodríguez, Director Nacional Gestión Humana
20. María Piedad López Loaiza, Directora Nacional Plan Complementario PAC
¿Podrán meter presos a estos ejecutivos que se enriquecen con la vida y el deterioro de la salud de sus afiliados? ¿Podrán los jueces tener el valor para someter a la justicia a una dirección ejecutiva que actúa dolosamente, ya que nombran a funcionarios de segunda y tercera para responder tutelas como si éstas fueran acciones de poca monta?
El artículo 454 del Código Penal dice:
“El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
¿Cuántas muertes tienen entre pecho y espalda estos directivos cuando le niegan los medicamentos y tratamiento de alto costo a pacientes como Verena Puccini o Nicolás Hernández? Mientras ellos viajan por el mundo celebrando sus cumpleaños o matrimonio, los pacientes de Coomeva EPS de alto costo, deben persignarse y encomendarse a Dios, porque ni siquiera un incidente de desacato los hace entrar en razón, ya que tienen garantizada la impunidad de un sistema judicial que debe ser más estricto con los traficantes de la salud y de la vida. Lo peor de todo, es que la mayoría son médicos profesionales que se han rodeado de un pool de abogados de alto costo para cuidarles su colas de pajas para que el fuego no se los consuman.
Se que Verena Puccini vivirá y vencerá la muerte y a Coomeva Eps, cooperativa que nació apelando a la solidaridad, pero hoy es un fiel testimonio de la insolidaridad que demuestra el sistema criminal del servicio de salud en Colombia, sistema que ha matado a miles de colombianos y colombianas. Con este comportamiento Coomeva Eps ha llevado hasta la muerte a centenares de afiliados al negarles un tratamiento integral. Hoy es Verena, pero mañana puede ser tú, ¡y ya será tarde!
Por Lucio Torres
