El Consejo con una medida cautelar no dejó a Petro regular los servicios públicos. Dijo que no se encuentra ajustado a las normas superiores que el Presidente de Colombia asuma esas competencias que son funciones del Congreso. La idea del Primer Mandatario era bajar el alto costo que pagan los colombianos en las tarifas.
El Consejo de Estado tumbó este jueves el Decreto 227 de 16 de febrero de 2023, que le da control al Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, sobre las tarifas en los servicios públicos, una medida que en su momento fue cuestionada por distintos sectores políticos y por las mismas agencias de calificación de riesgo. Aunque una gran parte de la población afectada por el alza en los precios de dichos sevicios festejó la medida del Primer Mandatario.
El Alto Tribunal decretó un medida cautelar contra ese decreto y argumentó que el Presidente Petro no tenía competencia en el tema, porque eso le correspondía al Congreso de la República.
La idea del Jefe de Estado era bajar los precios de los servicios públicos para que los ciudadanos en todo el país tuvieran un alivio en las tarifas.
El máximo juez de la administración pública decretó “la medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 227 de 16 de febrero de 2023″.
“El despacho reitera que la función de regulación del régimen tarifario de los servicios públicos fue asignada directa y expresamente al Legislador en los artículos 150, 365, 367 y 48 transitorio de la Constitución Política y este, a su vez, asignó dicho componente de regulación a las comisiones de regulación”, dice el auto por medio de cual el Alto Tribunal decretó la medida cautelar de urgencia.
Dado lo anterior “no se encuentra ajustado a dichas normas superiores el hecho consistente en que el Presidente de la República pretenda asumir competencias que, por virtud de los artículos 73 y 74 de la Ley 142 de 1993 y 20 y 23 de la Ley 143 de 1994, no son de su resorte, en tanto le fueron atribuidas por el legislador directamente a la CREG y a la CRA”.
El máximo rector de los Contensioso Administrativo explicó que “lo que se encuentra irregular es que el Primer Mandatario de la nación haya decidido arrogarse la competencia para regular el régimen tarifario de los servicios públicos, rol funcional que, por expresa disposición constitucional, le fue conferido al Congreso de la República, corporación que, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, consideró pertinente asignar el trámite técnico y operativo de la fijación de dichas tarifas a las comisiones de regulación”.
A finales de febrero el Gobierno expidió el Decreto 0227 de febrero de 2023, mediante el cual el Presidente Gustavo Petro reasume por tres meses las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Sin lugar a dudas es un duro golpe a los planes políticos del Presidente Petro que pretendía utilizar este tema social que toca a casi todos los colombianos para aumentar su popularidad.
