De acuerdo con el reporte del NRC, esto representa un aumento significativo en comparación con el mismo período del año pasado.
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) dio a conocer su informe semestral sobre «Escuelas Seguras» en Colombia correspondiente al periodo de enero a junio de 2023. Este documento arroja luz sobre la seguridad en las instituciones educativas en el país, revela un preocupante panorama de persistentes ataques que ponen en peligro la vida y la integridad de los estudiantes y el personal educativo.
El reporte aclara que estos datos no representan un análisis exhaustivo de todos los ataques contra la educación en Colombia, sino que se centran en las áreas donde la organización tiene presencia. Sin embargo, los hallazgos son alarmantes.
Entre enero y junio de 2023, al menos 7.485 personas fueron afectadas por eventos que pusieron en peligro su vida o integridad en establecimientos educativos o en su camino hacia las escuelas. De este total, 7.026 eran niñas, niños y adolescentes, 370 eran docentes y 87 pertenecían al personal educativo. Sorprendentemente, el 94 % de las personas afectadas eran estudiantes, lo que representa un aumento significativo en comparación con el mismo período del año anterior, cuando el 83 % de las víctimas eran estudiantes.
El informe detalla que se registraron 46 eventos que afectaron la educación en 8 departamentos, lo que representa un aumento del 18 % en comparación con el primer semestre de 2022. De estos eventos, el 67 % ocurrió en el camino hacia la escuela, mientras que el 33 % tuvo lugar dentro de las instalaciones educativas.
Los municipios más afectados fueron Convención y Hacarí en Norte de Santander, así como Alto Baudó y Sipí en Chocó, representando el 37 % de todos los incidentes registrados.
El informe señala que la mayoría de los ataques contra la educación estuvieron relacionados con el uso de Minas Anti Personal (MAP) o Municiones Sin Explosionar (MSE) y enfrentamientos armados que afectaron las escuelas. De los 46 eventos reportados, 42 involucraron el uso de MAP-MSE, 17 fueron enfrentamientos armados, 12 afectaron a estudiantes, 11 implicaron el uso u ocupación militar de una o más escuelas, 3 afectaron a docentes y 3 al personal educativo.
La ocupación de los espacios en las escuelas también es motivo de preocupación, ya que en 2023 se han visto afectados 50 establecimientos educativos por el uso militar, cuadruplicando la cifra del año anterior.
En el 54 % de los eventos se suspendió temporalmente la educación, con duraciones que variaron desde una semana hasta más de un mes. Alarmantemente, solo el 33 % de los eventos reportados recibió una atención efectiva y oportuna.
Los reportes sugieren que solo el 33 % de los eventos reportados recibieron una atención efectiva y a tiempo.
El 67 % de los eventos aún requieren respuestas; en su mayoría relacionadas con: auxilios emocionales, ayuda humanitaria de emergencia, educación en emergencia, kits educativos, desminado humanitario, reparaciones locativas, formación a fuerza pública, educación en riesgo de minas, formación docente sobre declaración de escuelas seguras.
Además, los ataques contra la educación y la limitada presencia del Estado en áreas de difícil acceso ocasionan directa o indirectamente riesgos para las comunidades. Por ejemplo, en el Alto Baudó (Chocó), ante la ausencia de mecanismos de protección del Estado en su territorio, un profesor y líderes de la comunidad solicitaron a los actores armados no estatales que dejaran de utilizar MAP alrededor de la escuela. Hoy, esas personas temen por su vida en el territorio como consecuencia de los señalamientos que el grupo armado no estatal por la acción realizada.
El CNR hace un llamado para que se tomen medidas concretas
1. Mejorar el monitoreo y reporte de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, especialmente en áreas donde faltan datos.
2. Fortalecer los esfuerzos para prevenir y proteger las escuelas, especialmente en relación con el uso y ocupación militar.
3. Continuar priorizando la protección de las escuelas en áreas de difícil acceso y proporcionar asistencia a las víctimas.
5. Desarrollar políticas educativas que promuevan la paz y el acceso equitativo a la educación.
6. Priorizar la eliminación de peligros de artefactos explosivos en zonas educativas.
8. Establecer un mecanismo conjunto de recolección de información y análisis de ataques contra la educación.
9. Incrementar el apoyo financiero al sector de la educación, que actualmente representa solo el 1.7% de los fondos recibidos por actores humanitarios en Colombia.
