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Se decretaron medidas cautelares para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio público. Se vinculó a las respectivas compañías aseguradoras, en su calidad de garantes. Por hallazgos fiscales detectados en Auditoría de Cumplimiento se iniciaron cinco procesos de responsabilidad fiscal. Dos de estos hallazgos, que suman $10.305 millones, se relacionan con obras para el saneamiento básico y el sistema de tratamiento de aguas residuales en Riohacha, las cuales se pagaron pero quedaron sin funcionalidad al cambiarse el método de tratamiento de las aguas residuales, causando un presunto daño patrimonial en cuantía de $9.782 millones.
La Contraloría General de la República abrió 5 procesos de responsabilidad fiscal por un valor total de $22.005 millones de pesos luego de detectar igual número de hallazgos fiscales en una Auditoría de Cumplimiento practicada a los recursos invertidos para Agua Potable y Saneamiento Básico en el departamento de La Guajira en las vigencias 2018 a 2022.
Se trató de una auditoría practicada durante el segundo semestre de 2022 por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico donde se evaluaron los recursos y contratos ejecutados y/o finalizados en las vigencias 2018 a 2022, sin tener en cuenta la fecha de suscripción de los mismos, y se tuvo una cobertura que alcanzó 14 de los 15 municipios que conforman el Departamento de La Guajira.
En el marco de esta auditoría la CGR se establecieron en total 18 hallazgos administrativos, de los cuales 15 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno (1) posible connotación penal y 5 de probable carácter fiscal en cuantía de $20.769 millones.
Los hallazgos fiscales fueron trasladados a la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, que realizó la correspondiente evaluación y determinó la apertura de los respectivos procesos de responsabilidad fiscal, donde las entidades afectadas son el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento de La Guajira.
Enseguida una breve relación de los hallazgos fiscales detectados en la Auditoría de Cumplimiento y de los procesos de responsabilidad fiscal que se abrieron:
Hallazgos Fiscales
Entre los hallazgos con presunta connotación fiscal cobran especial relevancia los relacionados con el saneamiento básico del municipio de Riohacha, asociados a obras sanitarias y el sistema de tratamiento de aguas residuales de la capital del departamento. Se trata de 2 hallazgos fiscales cuyas cuantías de presunto detrimento al patrimonio público suman $10.305.856.683,68:
El primero de estos hallazgos se relaciona con la construcción de obras hidráulicas de los distritos sanitarios V y VI de la comuna 10 del municipio de Riohacha, con presunta incidencia fiscal en cuantía de $9.782.334.320,81. (Contrato 240 de 2015)
Y el segundo hallazgo está relacionado con el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en el Municipio de Riohacha Fase II, cuya presunta connotación fiscal alcanza una cuantía de $523.522.362,87. (Contrato 239 de 2015)
En el primer caso la CGR evidenció que se construyeron y pagaron obras para saneamiento básico del municipio que quedaron sin funcionalidad al cambiarse el método de tratamiento de las aguas residuales, causando un presunto daño patrimonial en cuantía de $9.782.334.320,81, por las obras pagadas que no prestan y no prestarán el servicio para el cual fueron destinados los correspondientes recursos. El contrato 240 buscaba enviar las aguas a las lagunas de oxidación que se pretendían construir mediante el contrato 239 de 2015.
En el segundo caso, por concepto de Stand by, debido a que el contratista mantuvo la maquinaria asignada al proyecto ociosa, sin prestar ningún servicio, durante la suspensión del contrato, como resultado de una gestión inadecuada, incorrecta y antieconómica que vulnera el principio de planeación y causa un daño al patrimonio público en cuantía de $523.522.362,87, que le fueron pagados al contratista, sin que la maquinaria fuera utilizada.
La CGR reprocha las debilidades en la planeación de estos contratos, entre otros aspectos por la no realización de la consulta previa obligatoria a las comunidades indígenas de la zona de influencia del proyecto, lo cual, posteriormente dio lugar a cambios que causan la afectación del patrimonio público.
Procesos de responsabilidad fiscal
| 1. Apertura PRF Ordinario por Hallazgo
Entidades Afectadas: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO -MVCT- y DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del Contrato No. 240 de 2015 por valor de $16.199.952.991, cuyo objeto fue: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE LOS DISTRITOS SANITARIOS V Y VI COMUNA 10 MUNICIPIO DE RIOHACHA”, celebrado entre la GOBERNACIÓN DE GUAJIRA y el CONSORCIO ALCANTARILLADO COMUNA 10. El proyecto se encuentra suspendido desde el día 9 de mayo de 2018 y a la fecha no se han tomado medidas para superar las circunstancias que han imposibilitado la ejecución de la obra o, si las obras hidráulicas ya realizadas pueden ser utilizadas en beneficio de la Comuna 10 del municipio de Riohacha. VALOR INICIAL DEL DAÑO AL PATRIMONIO PÚBLICO: $9.782 Millones 2. Apertura PRF Ordinario por Hallazgo |
| Entidad Afectada: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO -MVCT-
Presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del Contrato PAF-ATF-O-027-2017 por valor de $7.957.920.793, celebrado entre el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y el CONSORCIO TICOM-SEMSA, con el objeto de contratar la ejecución de las obras del “SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA”. Se censura en particular la falta de funcionalidad a la fecha de las obras contratadas y ejecutadas a través del Contrato PAF-ATF-O-027-2017. VALOR INICIAL DEL DAÑO AL PATRIMONIO PÚBLICO: $6.012 Millones. |
| 3. Apertura PRF Ordinario por Hallazgo
Entidades Afectadas: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO -MVCT- y DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 016 del 2019, por valor de $208.077.450, suscrito el día 26 de diciembre de 2019 entre el Ministerio de Vivienda MVCT – Administración Temporal del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico con el contratista FEYMA INGENIERÍA SAS, cuyo objeto consistió en: «Contratación de los Servicios de Consultoría Concernientes a los Estudios y Diseños para la optimización del sistema de Tratamiento de Agua Potable del Municipio de Albania.” Se desembolsaron recursos para el pago de estudios y diseños del sistema de agua potable en el Municipio de Albania en el Departamento de la Guajira, a través del Contrato de Consultoría Nº 016 del 26 de diciembre del 2019, cuando ese municipio ya había suscrito previamente el Contrato de Obra pública Nº 015 del 4 de diciembre del 2019 para el mismo objeto contractual. VALOR INICIAL DEL DAÑO AL PATRIMONIO PÚBLICO: $91 Millones. |
| 4. Apertura PRF Ordinario por Hallazgo
Entidades Afectadas: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO -MVCT- y DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del Contrato No. 010 de 2020, por valor de $10.537.112.688, cuyo objeto fue: “Construcción Nueva Línea Conducción Paso Ancho Distracción-Fonseca, Departamento de La Guajira”, celebrado entre la Administración Temporal para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento de La Guajira — Departamento de La Guajira -y Fundesco Integral. El proyecto se encuentra terminado desde el 7 de julio de 2021 y a la fecha no se han tomado medidas para superar las circunstancias que han imposibilitado la funcionalidad de la obra. VALOR INICIAL DEL DAÑO AL PATRIMONIO PÚBLICO: $5.595 Millones. |
5. Apertura PRF Ordinario por Hallazgo
Entidades Afectadas: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO -MVCT- y DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del Contrato de Obra Nº 239, por valor de $21.260.641.547, suscrito el día 8 de mayo de 2015 entre el DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA con el contratista UNIÓN TEMPORAL LAGUNA, cuyo objeto consistió en «Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Riohacha (FASE II).”
La Gobernación de la Guajira en la fase precontractual del Contrato No. 239 de 2015, no cumplió con el mandato establecido en el Decreto 1320 de 1998, correspondiente a consulta previa con las comunidades, situación que generó una oposición a la ejecución de la obra contratada, por parte de los líderes y miembros de las comunidades indígenas Wayuu de la zona de influencia directa de afectación, lo que llevó a la suspensión del contrato desde el día 18 de junio del año 2016.
La interventoría UNIÓN TEMPORAL NK-NKLAC-INAR le solicitó a la firma contratista, desde el momento de la suspensión del contrato (18 de junio de 2016), el retiro de la maquinaria pesada del sitio de la obra para que no se incrementaran los costos de “Standby” – “pausa” o tiempo muerto por parqueo de dicha maquinaria, no obstante y a pesar del requerimiento de la interventoría, la Gobernación de la Guajira le pagó al contratista dicho “Stand By” de la maquinaria sin utilizar por más de 2 años.
VALOR INICIAL DEL DAÑO AL PATRIMONIO PÚBLICO: $523 Millones.
Contralor Carlos Rodríguez instaló Auditoría de Seguimiento
Aprovechando su visita al departamento de La Guajira, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, instaló una Auditoría de Cumplimiento al seguimiento de la Sentencia T – 302 de 2017, a través de la cual la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas Wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao.
Esta auditoría se adelantará en el primer semestre del presente año, en ejercicio de las funciones constitucionales de la CGR referidas con la defensa de los intereses patrimoniales del Estado y en desarrollo de su Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal para el 2023.
La Auditoria de Cumplimiento Intersectorial dio inicio el 23 de enero de 2023, con la participación de la Contraloría Delegada de Inclusión Social, la Gerencia Departamental Colegiada de La Guajira, y las Contraloría Delegadas de Posconflicto, Población Focalizada, Salud, Educación, Gestión Pública, Defensa, Vivienda, Medio Ambiente, Infraestructura y Sector Agropecuario.
Todas estas dependencias de la CGR harán el seguimiento, vigilancia y control de las acciones implementadas para el cumplimiento de ordenado en la Sentencia T-302 de 2017 a las entidades responsables, tales como:
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
- Ministerio de Salud y Protección Social
- Ministerio de Educación
- Presidencia de la Republica
- Ministerio del Interior
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
- Ministerio de Hacienda
- Departamento Administrative para la Prosperidad Social
- DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística
- UNGRD – Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
- Gobernación de La Guajira
- Alcaldía de Riohacha
- Alcaldía de Manaure
- Alcaldía de Maicao
- Alcaldía de Uribia
Por cada Contraloría Delegada se ha conformado un grupo con diferentes perfiles profesionales para el seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.
Este proceso de auditoría tiene como fecha de finalización el 23 de junio de 2023.
Incumplimientos en contrucción de pozos de agua en La Guajira
La Contraloría General, a través de su Gerencia Departamental en La Guajira, abrió 4 procesos de responsabilidad fiscal por valor total de $3.122 millones de pesos por presuntos daños fiscales en la construcción de 12 pozos que mejorarían las condiciones de acceso al agua, para consumos con soluciones integrales en las comunidades indígenas ubicadas en los municipios de Uribia, Maicao y Manaure.
La entidad afectada por este daño fiscal es el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, por el incumplimiento contractual de 4 contratos de obra derivados de un convenio interadministrativo que suscribieron esta entidad, el Fondo de Inversión para la Paz y la Sociedad Fiduciaria La Previsora S.A. (actuando en representación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres).
Los contratos de obra sobre los cuales se dio un presunto incumplimiento en su ejecución son los siguientes:
1. Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-277-2017
Pozos: Karrisal, Katamana y Paraíso
Municipio: Uribia.
2. Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-702-2017
Pozos: Kanasumana, Rirritana y Amalipa
Municipio: Manaure.
3. Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-697-2017
Pozos: Wayakasira, Monterrey – Municipio Manaure y Maicaíto
Municipio: Manaure – Maicao
4. Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-704-2017
Pozos: Romana, Warerpa Chiquito y Cerra de la Teta
Municipio: Uribia
A este proceso fueron vinculados como presuntos responsables fiscales los entonces subdirector general y secretaria general del DPS, así como supervisores, contratistas, interventores y compañías aseguradoras (estas en calidad de Terceros Civilmente Responsables).
