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Varios centros carcelarios no cuentan con los servicios públicos domiciliarios requeridos para la operación y salubridad de las personas privadas de la libertad. La Delegada para el Sector Justicia encontró invasiones de particulares en la cárcel de Bellavista en Medellín. Dentro de los muros perimetrales se encuentran viviendas y hasta locales comerciales.
Luego del seguimiento permanente realizado por la Contraloría General de la República a través de su Delegada para el Sector Justicia a los recursos públicos ejecutados en los centros penitenciarios del país, el órgano de control detectó la posible pérdida de recursos destinados a garantizar los servicios públicos esenciales.
Este seguimiento permanente se hace dando cumplimiento a las órdenes judiciales contenidas en las declaratorias del estado de cosas inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario, a través de las sentencias T-153 de 1998 y T-388 de 2013, y reiterado, a través de la sentencia T-762 de 2015.
A continuación se encuentra el detalle por centro penitenciario de los hallazgos de este informe:
Problemática con el tratamiento de aguas residuales y de agua potable en las cárceles de La Plata y de Neiva, Huila
La Delegada para el Sector Justicia adelantó en el primer semestre del 2024, seguimiento permanente a los recursos públicos ejecutados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), a través de los contratos derivados de obra No. 2181135 de 2018, para el mantenimiento y operación del sistema de aguas residuales en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario, EPMSC de La Plata, Huila; igualmente, al mantenimiento y operación de los sistemas de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable y sistemas de tratamiento de agua residual en el EPMSC de Neiva, Huila. El valor de los contratos asciende a la suma de mil ciento ochenta y siete millones ochocientos ocho mil ochocientos cinco pesos m/cte. ($1.187.808.805).
Se detectó incumplimiento de la normatividad ambiental y el riesgo de pérdida de los recursos públicos, puesto que la Planta de Tratamiento de Agua Potable- PTAP del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad y Carcelario de Neiva, para la fecha de ejecución del contrato, no estaba operando, era de uso doméstico y no cuenta con concesión de uso de aguas profundas por parte de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Al no contar con permisos de vertimientos para aguas residuales, los mismos se continúan vertiendo en el Río La Plata y en el Río Magdalena ocasionando contaminación.
Pérdida de recursos en Meta, Boyacá y Cundinamarca, por incumplimiento a los mantenimientos de infraestructura en plantas de agua potable, baterías sanitarias, plantas eléctricas y aguas residuales
La Contraloría Delegada para el Sector Justicia también realizó en el primer semestre del 2024, seguimiento permanente a los recursos públicos ejecutados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), al contrato No. 314 del 3 de noviembre de 2022 y No. 404 del 29 de diciembre de 2021, suscritos para el mantenimiento general recurrente de la infraestructura física de los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC, Regional Central, por valor total de $13.620.108.092.
Se evidenció que los contratos No. 404 de 2021 y No. 314 de 2022, se encuentran suspendidos desde el mes de febrero del 2024 y presentan atrasos, prórrogas, adiciones y no cumplimiento del objeto contractual, teniendo en cuenta las actividades planteadas. La falta de ejecución o su ejecución parcial en algunos establecimientos penitenciarios genera preocupación, como es el caso del establecimiento penitenciario y carcelario de Neiva, en el cual no se ejecutó ninguna de las actividades requeridas, lo que conlleva que el deterioro de la infraestructura física de dicho establecimiento continúe.
Las obras en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Acacías, El Barne y Guaduas se encuentran inconclusas. En el caso del Establecimiento de Guaduas, solo se comenzó la demolición del rancho y la obra quedó en abandono desde el 15 de febrero del 2024.
La Contraloría General evidenció invasiones de particulares en el establecimiento penitenciario y carcelario Bellavista, en Medellín
La ocupación irregular de viviendas y la existencia de varios locales comerciales, no han permitido el cerramiento perimetral del predio del establecimiento penitenciario y carcelario, EPMSC, Medellín, (Bellavista), el cual estaba contemplado como actividad para ser ejecutada, dentro del objeto contractual No. 404 de 2021.
La situación, aunque se ha dado a conocer a las autoridades del Municipio y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), a la fecha no se ha realizado gestión alguna para solucionar el problema. Por el contrario, se evidencia que se están ampliando las zonas de invasión de estos bienes fiscales, porque cada día se van corriendo los linderos o cerramientos del invasor o la posibilidad de que aparezcan nuevos puntos de invasión.
Ante las situaciones descritas, la Contraloría General de la República adelantará las acciones tendientes a establecer los presupuestos para iniciar proceso de responsabilidad fiscal, y ha alertado a la Oficina de Control Interno de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), para que se tomen las medidas que estimen pertinentes a fin de garantizar la salvaguarda del patrimonio público.
