La oficina del Consejero Comisionado de Paz destacó los resultados en materia de reducción de la violencia en el marco de los diálogos de Paz Urbana en el Valle de Aburrá y manifestó que la suspensión de las órdenes de captura a 23 voceros de estructuras armadas, que están privados de la libertad en la cárcel La Paz, de Itagüí, no se relaciona con algún tipo de excarcelación.
La Consejería indicó que la solicitud a la Fiscalía General de la Nación de la suspensión de las órdenes de captura “busca generar condiciones jurídicas para que los voceros representantes continúen generando hechos de paz y desescalando las violencias en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico y trabajando en la construcción del Acuerdo Condicionado de Paz Urbana”.
En el mismo sentido, la entidad manifestó que la medida no implica la excarcelación de los voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto, que hacen parte del proceso de Paz Urbana en el Valle de Aburrá y Medellín.
“Cualquier versión que asegure esto implica una grave e irresponsable desinformación”, enfatizó la Consejería de Paz en un comunicado.
Vigencia de suspensiones será de seis meses
Al respecto, la Fiscalía General de la Nación informó este martes que mediante la Resolución 00072 del 27 de marzo se ordenó la suspensión de las órdenes de captura contra 23 personas “reconocidas por el Gobierno nacional como voceros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá” y agregó que su decisión correspondió a una solicitud de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, realizada el pasado 24 de febrero.
“La Resolución 00072 del 27 de marzo precisa que las suspensiones tendrán una vigencia inicial de seis meses y buscan que los referidos voceros participen en Espacios de Conversación Sociojurídicos definidos por el Gobierno Nacional con el objetivo de avanzar en el sometimiento de los grupos que representan”, reza un aparte del Comunicado 430 expedido por la Fiscalía sobre el particular.
El ente investigador también destacó que la decisión “no implica ni contempla la concesión de la libertad de quienes se encuentren privados de ella en centros penitenciarios o carcelarios en cumplimiento de condenas, medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales, aspecto que no es de competencia de la Fiscalía”.
Además, estableció que “la medida no excluye la captura en flagrancia respecto de delitos graves, como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
Asimismo, la Fiscalía determinó que la suspensión de las órdenes de captura solo “tendrá efectos en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro (Antioquia), zonas donde se realizarán los principales encuentros y actividades relacionadas con este proceso de sujeción a la justicia”.
Consejería reconoce reducción de violencia
En el mismo contexto, la Consejería de Paz recalcó que el trabajo de la Delegación de Paz Urbana de Medellín y el Valle de Aburrá ha estado enfocado en el desescalamiento de las violencias urbanas, la construcción de paz territorial y el tránsito a la ciudadanía plena de los integrantes de estructuras armadas.
En esa misma línea, la Consejería de Paz reconoció que como consecuencia de ese trabajo hay una “reducción de la tasa de homicidios en esta región en los dos últimos años”, lo cual “es una clara muestra de resultados en esta vía”.
En su comunicado, la entidad agregó que, según la Constitución, estos son los objetivos que deben perseguir la Consejería, el Gobierno nacional y el Estado en su conjunto, bajo la premisa de la Ley 2272 de 2022 que establece la paz como una política de Estado.
