Por Rafael Rodríguez-Jaraba
No tenía intención de referirme al sangriento asalto perpetrado por la banda criminal M-19 contra la Justicia hace 41 años, dado que mi intención era pronunciarme sobre la emisión de los bonos de deuda de Ecopetrol, lo que, teniendo en cuenta que Ecopetrol ejerce el monopolio del petróleo, evidencia iliquidez y no solvencia, disminución y no aumento de productividad, endeudamiento y no capitalización y, en especial, debilidad y no fortaleza, todo, resultado del decrecimiento y no del crecimiento de su actividad petrolera.
Algunos que defienden esta nueva operación de endeudamiento parecen olvidar que Ecopetrol, repito, ejerce el monopolio del petróleo y que este hidrocarburo es la materia prima o el commodity primigenio o precursor de toda la cadena de producción y desarrollo, y que, en la actualidad, su precio está al alza y su suministro oportuno a nivel mundial está comprometido debido al diferendo en el Oriente Medio.
También parece que olvidan que emitir bonos para pagar deuda, así se reduzca la tasa de interés a la que se coloquen, mantiene y termina por aumentar el endeudamiento por su prolongación en el tiempo. Si bien los gobiernos apelan a la emisión de títulos de deuda para financiar proyectos o para mitigar eventuales déficit en el fisco, no se compadece que una empresa que tiene el monopolio del petróleo lo haga.
Dejando atrás la decisión de Ecopetrol de emitir bonos para pagar deuda, es claro que en la semana que termina, el tema que concita el interés de la opinión pública es la conmemoración de 41 años del holocausto del Palacio de Justicia perpetrado por la banda criminal M-19, hecho que coincide con el infortunado lanzamiento de la serie de Netflix titulada “Palacio”.
Sobrecoge que Netflix se preste a semejante perversidad, como es la de desconocer la barbarie terrorista de la banda criminal M-19 en el asalto al Palacio de Justicia, tratando de engrandecer, barnizar y glorificar de manera tenue, disimulada o desvergonzada la conducta delirante, cruel y sanguinaria de un puñado de criminales, así como, de magnificar las omisiones, los errores, los excesos y los delitos en que pudieron haber incurrido los agentes del Estado en cumplimiento de la obligación de defender la democracia y, en particular, su sistema judicial, bajo condiciones extremas de amenaza, apremio, fuego, explosiones e incendio.
Resulta repudiable y por demás condenable que, durante la proyección de la serie, se muestre de manera recurrente, el anuncio, visible y engañoso “Ficción inspirada en hechos reales”, como si con esto Netflix y los productores obtuvieran licencia para alterar la historia, desconocer la verdad, distorsionar los hechos, desestimar las evidencias, adulterar las pruebas e incurrir en miserables infamias y calumnias, dado que utilizan nombres de personas reales a quienes se les asignan expresiones y conductas falsas y por demás inapropiadas.
Contrario a lo que solapadamente pretende la desnaturalizada serie de Netflix, los colombianos no debemos olvidar, perdonar ni dejar de repudiar el horrendo asalto de la banda criminal M-19 al Palacio de Justicia, que dejó un saldo de 111 personas fallecidas, entre ellos 11 magistrados, como tampoco, permitir que una malintencionada serie de ficción deforme la verdad e intente, al final, diluir u ocultar la responsabilidad de los criminales que perpetraron semejante atrocidad. Muy revelador será saber quién financio semejante despropósito.
Y es que no hay peor error que ignorar u olvidar la historia, y peor aún, si por ser reciente y adversa, permite evitar que se cometan los mismos horrores, despropósitos y yerros que en ella se narran.
Sí, se cumplen 41 años del Día de la Infamia; el sangriento asalto del Palacio de Justicia a manos de la banda criminal M-19, el que, auspiciado por el Cartel de Medellín, pretendió tomarse el poder, así como el control del máximo foro de la justicia colombiana para destruir los expedientes de los narcotraficantes que en aquel momento iban a ser extraditados.
Los colombianos vivimos dos días y noches de vigilia, espanto y terror, en los que fueron vilmente asesinados cerca de un centenar de ciudadanos, entre ellos, los magistrados más esclarecidos que recuerde la nación, así como soldados de la patria, trabajadores de la rama judicial, abogados litigantes y visitantes ocasionales. La pérdida para la Justicia fue inestimable e irreparable, al punto que, desde ese nefasto momento, no ha podido recuperar su brillo y majestad.
Lo ocurrido no fue un hecho episódico o incidental, fue la consumación de un acto criminal de lesa humanidad, concebido, premeditado y articulado por un puñado de mentes perturbadas, cegadas por anacrónicas ideas comunistas y fletadas por el narcotráfico para perpetrar la más repugnante y execrable barbarie.
Sobrecoge admitir que el Holocausto del Palacio de Justicia y la inmolación de las mentes jurídicas más lúcidas y encumbradas del país, es otra evidencia de la impunidad que campea en Colombia, y muy similar a la cínica y desvergonzada que impuso Juan Manuel Santos, desconociendo la voluntad mayoritaria de la nación con la complacencia de un Congreso fletado y de una Corte Constitucional politizada, así como también lo es, la que Petro pretendió entronizar mediante la llamada «paz total«, la que premiaba la violencia, remuneraba la delincuencia, estimulaba el narcotráfico y empoderaba la criminalidad.
Al final de tan doloroso pasaje de nuestra historia republicana, los criminales del M-19 fueron indultados y gratificados, las víctimas burladas, el Estado responsable de repararlas, y los militares que intervinieron, cuestionados y condenados por defender el máximo templo de la justicia.
No siendo suficiente tanto desvarío, quienes cometieron tan aleve atrocidad, nunca han demostrado el menor asomo de vergüenza, arrepentimiento o enmienda, y, al contrario, tanto ellos como algunos de sus hijos, hoy gozan de prebendas y privilegios, y se han valido de tamaños desmanes para concentrar poder y acumular fortunas a costa del expolio del erario.
Qué bueno fuera, que con la misma intensidad y sentimiento con que los colombianos celebramos los triunfos episódicos y efímeros del seleccionado nacional de futbol, manifestáramos nuestro duelo, luto y repudio ante semejante barbarie. Pero no, el país carece de sensibilidad y de memoria colectiva, y, como dicen algunos “lo que no fue en mi año no fue en mi daño”.
Es evidente que la nación se mantiene sumida en una profunda amnesia y difícil será que recupere su sensatez y buen juicio; empero, es bueno rememorar algunos hechos, así tan solo sirva para restituir de manera temporal su memoria.
La falta de un ideario mínimo de valores hace de Colombia, una nación en la que, a tumbos, se repite y repite su desventurada historia, y, en donde, la pasión vence a la razón, los principios sucumben ante la conveniencia, a los valores los derrota el utilitarismo, el despropósito aniquila la cordura, y, la honestidad es apabullada por la villanía. Es triste reconocer que, en Colombia, solo parcialmente mejora lo físico y aparente, más no lo fundamental y esencial, como es la educación, la cultura ciudadana, la seguridad, el orden y la justicia.
Cómo me hubiera gustado vivir en otra época, y en una nación donde la sinrazón no fuera la razón, y en la que, para discutir no se maltratara, para discrepar no se irrespetara, para protestar no se destruyera y para marchar no se vandalizara; pero aquí nací y no me resigno a la violencia, a la indiferencia, a la indolencia, a la tolerancia frente al delito, y menos, a la neutralidad cómplice ante la felonía.
Perdón por soñar con una patria educada, culta y civilizada, y con una democracia sólida con instituciones pulcras, respetables y respetadas, de manera que nunca vuelva a ser legislada por un puñado de narcocriminales como los que, hasta hace poco, orondos frecuentan el Congreso de la República y siguen recibiendo los favores de la justicia espuria y politizada que administra la mal llamada JEP, la que se nutre de la perniciosa, mendaz y parcializada Comisión de la Verdad.
Qué horror, que quien hasta hace tan solo cien días ocupaba la primera magistratura del Estado, haya sido y, al parecer, siga siendo, miembro de la banda criminal M-19, tal y como lo demostró en su posesión, al celebrar un acto criminal como lo fue el robo de la espada de Bolívar, y quien, cínica y desvergonzadamente, lo sigue demostrando con sus diarias ocurrencias que hacen apología del delito.
Solo con la adopción de un sistema de educación fundamental integral, inmune a ideologías y doctrinas regresivas e insostenibles, y fundido sobre principios y valores democráticos y republicanos, podremos modificar la triste realidad que padecemos y a la que peligrosamente nos hemos venido acostumbrando.
Honor a la memoria de las víctimas del Palacio de Justicia, paz en sus tumbas, y, rechazo, repudio y condena a la banda criminal M-19 que vilmente las inmolaron.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado. Esp. Mg. LL.M. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Catedrático. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
