Por Rafael Nieto Loaiza
En pleno Halloween, el Gobierno presentó una reforma tributaria disfrazada de recorte al gasto público. El entonces candidato De la Espriella aseguró en campaña que “Colombia no necesita más impuestos que ahoguen a los campesinos y empresarios”. El jueves radicó la ley de rescate, con más IVA, más renta para la clase media y más cotizaciones para salud. La promesa de campaña se incumplió.
No sobra recordar el camino. El 16 de septiembre, el Centro Democrático radicó un proyecto que le daba al Presidente facultades extraordinarias por seis meses para fusionar y suprimir entidades, eliminar duplicidades y adelgazar el Estado. La Constitución exige que el Gobierno las pida expresamente. Durante mes y medio se lo preguntamos una y otra vez. El jueves, a las 6:15 de la tarde, respondió que no las necesitaba. Unos minutos más tarde las pidió en el artículo 7 de su tributaria que denominó de Rescate Fiscal. Como ponente, quedé obligado a pedir el archivo de nuestro proyecto. Sin la solicitud expresa del Gobierno, aprobarlo habría sido inconstitucional. Perdimos mes y medio para estudiar con mayor profundidad el recorte del gasto.
Ocurrió lo mismo en el debate del presupuesto 2027. Radicamos una proposición para recortar dos puntos del PIB en gasto y dejábamos en manos del Gobierno escoger dónde hacía el ajuste. No tiene sentido levantar un edificio completo para después demoler dos pisos. La noche del debate el Gobierno se opuso una y otra vez a nuestra proposición, alegando que no era posible realizar un recorte de siquiera un punto del PIB. Dos semanas después, radicó esta tributaria con propuesta de ajuste. No se entiende porqué el Gobierno se atraviesa en las iniciativas del Congreso y luego las presenta como propias.
Dicho esto, el Gobierno tiene razón en lo esencial: el ajuste es indispensable. Sin medidas, la deuda superaría en 2028 el límite del 71% del PIB que fija la regla fiscal, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Y la ley trae cosas muy buenas. Reduce a la mitad el gasto en contratistas en 2027, obliga a bajar 20% la nómina estatal en 2028, sin tocar a la Fuerza Pública, y reduce la tarifa de renta de las empresas del 35% al 31%, incentivando la inversión y el crecimiento.
Ocurre, sin embargo, que de los 40 billones del ajuste anunciado, apenas una cuarta parte, cerca de 10, es recorte de gasto, verdadero ajuste; el resto sale de impuestos y aportes. El problema es esa otra parte del proyecto, la que golpea al colombiano de a pie.
Empecemos por la salud. Dada la grave crisis en la que se encuentra el país, con las tutelas disparadas que pasaron de 156.000 en 2022 a 313.000 en 2025, de ninguna manera es viable encarecer los seguros y servicios complementarios en salud. Cerca de 1,5 millones de colombianos hacen un esfuerzo enorme para pagar medicina prepagada porque el sistema no les responde (y terminan pagando dos veces). La propuesta del Gobierno sube el IVA de la prepagada del 5% al 19% —un golpe directo a los adultos mayores— y eleva la cotización en salud de quien gana más de dos salarios mínimos, que pasará de aportar el 4% a aportar hasta el 8% de su sueldo. Los independientes pasarían del 12,5% hasta el 15,5%. Absurdo.
Sigue la comida. En un contexto donde la inflación anual está alrededor del 6%, tampoco es viable incrementar el precio de la canasta básica. Productos esenciales como el café, el azúcar, los aceites, la avena, las pastas y el chocolate pasarían del 5% al 19% de IVA. El tinto, el desayuno y el mercado se volverían más caros.
En la renta, el golpe a las familias no es menor. Hoy se empieza a pagar desde 1.090 UVT. El proyecto baja el umbral a 720 UVT, algo más de 3,1 millones de pesos al mes, con tarifa del 9%, recorta los alivios al salario y elimina la deducción por dependientes, es decir, quien sostiene a sus hijos o padres mayores pagará más.
Ahora, también es muy grave lo menos visible. Hoy las empresas están exoneradas de pagar aportes al SENA, al ICBF y a la salud por los trabajadores que ganan menos de diez salarios mínimos. La ley limita ese alivio a solo dos salarios mínimos. La propuesta revierte la reforma de 2012, que redujo en 13,5 puntos los impuestos a la nómina. Un estudio reciente del BanRepública demuestra que esa rebaja redujo la informalidad en 5,3 puntos y aumentó el empleo formal en 3,1 puntos. Volver a aumentar los parafiscales y los costos laborales es revertir esos avances y condenar al país al empleo precario. Y hoy todavía tenemos 13,2 millones de colombianos en la informalidad.
Colombia no sufre por falta de impuestos, sufre por exceso de gasto. La discusión no puede ser solo sobre cuántos recursos se necesitan sino sobre dónde obtenerlos y a quién afecta la carga tributaria. La coherencia está en reducir el tamaño del Estado, eliminar entidades con funciones duplicadas, fusionar, vender activos. Acompañaré los recortes a la burocracia. Pero los nuevos impuestos parecen claramente regresivos y le pegan durísimo a la clase media. El ajuste lo debe hacer el Estado, no los ciudadanos.
