La exgobernadora Devia, negoció 100 mil hectáreas de Córdoba. Parte II. ¿Quién está detrás?

• ¿Dónde están los senadores cordobeses que no defienden al departamento en el trámite ante el IGAC? El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, tiene un gran compromiso de defensa de su territorio ante el apetito voraz e insaciable de los antioqueños.

Por: Eduardo Padilla Hernández, director de la Red Colombiana de Veedurías.

Con el apoyo de Sixto Alfredo Pinto.

Seguimos revelando el caso de las 100 mil hectáreas pertenecientes a Córdoba, que habría negociado secretamente, por debajo la mesa, la exgobernadora Sandra Devia y que ahora serían parte del departamento de Antioquia.

De acuerdo con el artículo 290 de la Constitución Política de Colombia: “Con el cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale la ley, y en los casos que ésta determine, se realizará el examen periódico de los límites de las entidades territoriales y se publicará el mapa oficial de la República”, sin embargo esto no es una facultad omnímoda ni caprichosa del IGAC.  Se necesita que se den los requisitos exigidos en el artículo 2 de la Ley 1447 del 2011, las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes, el representante legal todas las entidades territoriales interesadas (Gobernador, alcaldes) y sobretodo, la participación ciudadana, a espaldas de la cual no se puede realizar ninguna actuación que comprometa los derechos y el desarrollo de las comunidades y los entes territoriales.

Por medio de la resoluciones 817, 818, 819, 820 y 821 de 2020 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), se ordena la apertura de la operación administrativa de deslinde entre Antioquia y Córdoba en 4 tramos independientes y definidos, los cuales son:

TRAMO I: Desde el mar Caribe hasta el alto de Carrizal; el cual afecta en el departamento de Antioquia los municipios de Arboletes, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Ituango, Mutatá, San Pedro de Urabá, y Turbo y por el departamento de Córdoba los municipios de Los Córdobas, Montería, Tierralta y Valencia.

Para hacernos una idea de la línea que delimitaría estos sectores de acuerdo a la nueva resolución hacemos un trazado en la aplicación Google Earth:

TRAMO II: Desde el Alto de Carrizal hasta punto trifinio San José de Uré- Puerto Libertador e Ituango; el cual afecta en el departamento de Antioquia los municipios de Ituango y Mutatá y por el departamento de Córdoba los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré.

TRAMO III: Desde punto trifinio San José de Uré, Puerto Libertador, Ituango hasta vía nacional que comunica Caucasia- la Apartada; el cual afecta en el departamento de Antioquia los municipios de Cáceres, Caucasia, Tarazá e Ituango y por el departamento de Córdoba los municipios de La Apartada, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré.

TRAMO IV:  Desde la vía nacional que comunica a Caucasia con La Apartada hasta punto trífino con Bolívar (San Jacinto del cauca), Córdoba (Ayapel) y Antioquia (Nechí); el cual afecta en el departamento de Antioquia los municipios de Nechí y Caucasia, por el departamento de Córdoba los municipios de Ayapel y La Apartada y por el departamento de Bolívar el municipio de San Jacinto del Cauca.

Luego de trazar los 4 tramos teniendo en cuenta los municipios de influencia mencionados para cada tramo, cómo podemos saber exactamente qué área pasaría de ser propiedad de un departamento a otro?

Es una incógnita que nos queda toda vez que la resolución carece de la cartografía requerida para calcular a ciencia cierta estas variaciones, tampoco se evidencian cuadros ni esquema alguno que aclare este punto.

Por otra parte surge la inquietud sobre qué afectación tendrá la resolución sobre las 3 reservas naturales (Jaikerazavi, Yaberaradó y quebrada Cañaveral) y los 4 resguardos indígenas (Alto Sinú, Esmeralda, Cruz Grande e Iwagado) identificados en el trayecto de la línea limítrofe.

Lo que quiere decir que estamos ante la posibilidad de que el departamento de Córdoba, pierda más de 100 mil hectáreas con Antioquia, que son cruciales para nuestra economía por su gran potencial minero energético, medio ambiente, fauna, flora, turismo y para nuestras comunidades indígenas que requieren la inmediata protección de sus territorios ancestrales.

Sabido es que estos territorios de los que pretenden apropiarse los antioqueños con la complacencia del IGAC, son ricos en oro, hierro, níquel, plata, platino, carbón y materiales para la construcción, además de la gran diversidad de fauna y flora, así como potencial turístico con nuestros mares y playas.  Ese es el verdadero interés en este plan de expropiación a punto de ser legalizada por el IGAC.

Lo peor del caso es el silencio cómplice de nuestros senadores de la República,  dirigentes políticos y mandatarios locales desde el año 2014, por ello, estamos dispuestos a sacar la cara por el departamento sin temor alguno para combatir este otro tipo de corrupción, que es este silencio celestino que busca favorecer los intereses de empresas internacionales que se están llevando nuestros recursos y nos están dejando el bagazo y el daño ambiental y ecológico.

Tanto a la clase política de Córdoba, los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales  y quienes imponen a los gobernadores hay que reprocharles que estén entregando esta gran extensión de terreno que equivale aproximadamente a dos estados de Israel y dos departamentos iguales en extensión al Tolima.

Es aquí cuando un hombre como Carlos Camargo Assís, no sólo como Defensor del Pueblo sino como cordobés, en cumplimiento de sus funciones y deberes constitucionales consagrados en el artículo 283 de nuestra Carta Magna debe salir a defender nuestros territorios, para que esté acorde con la naturaleza y calidad del cargo que ostenta. Esta es la principal prueba de fuego que tendrá el Defensor del Pueblo para demostrar que puede defender los intereses de nuestro departamento.

Por todo esto nos surgen los siguiente interrogantes que nuestras autoridades y dirigentes deben resolver para el bien de nuestro departamento y sus habitantes:

1.  El IGAC está realizando lo exámenes periódicos de los entes territoriales sólo a Córdoba o a los demás departamentos de nuestro país?

2.  La Asamblea de Córdoba ha hecho algún pronunciamiento como sí lo hizo la asamblea de Antioquia?

3.  El IGAC ha aplicado la Ley 1447 del 2011, para la demarcación limítrofe a otros departamentos del país?

4.  Por qué un proceso que inició hace mucho años entre Caucasia y la Apartada se creció tan descomunalmente ante la mirada complaciente de nuestros dirigentes y gobernantes?

5.  Por qué el IGAC no ha hecho público el expediente para que puedan participar la comunidad en general, las veedurías, los ambientalistas, organizaciones cívicas y demás comunidades organizadas?

6.  Por qué han sido tan timoratos todos estos años, los gobernadores y alcaldes de Córdoba afectados?

7.  Qué han hecho los mandatarios locales y concejales de los municipios involucrados para la defensa de sus territorios, Dónde están las pruebas que han aportado?

8.  Qué política se esta realizando para defender los territorios ancestrales de las comunidades negra e indígenas cuando hay normatividad internacional que las protege?

9.  Por qué el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, en 1997, a través del decreto 2450 revocó el Decreto 383 de 1960, de ratificación de los limites entre Córdoba y Antioquia?

10.  Por qué Uribe Vélez, en su época, hizo ese acto unilateralmente que afortunadamente fue revocado por el exgobernador Carlos Buelvas Aldana, mediante el Decreto 2846.

Los cordobeses estamos alerta por la escisión de nuestro territorio por eso, la importancia de la participación ciudadana y las fuerzas vivas de nuestro departamento.