¿Cuántas víctimas verdaderas de las Farc se hubiesen podido reparar con esos gigantescos dineros públicos en estos últimos dos años, a quienes la JEP nisiquiera ha querido reconocer? ¿Por qué la Jurisdicción no compró una sede propia para ahorrarle esos recursos al Estado?
Las cifras del derroche de los dineros del Estado en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), son escandalosas.
Recordemos que la JEP fue creada por el pasado gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el marco del Acuerdo de Paz de La Habana (Cuba) en 2016, para investigar y juzgar a algunos de los miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que se acogieron ese pacto, porque la mitad de los jefes subversivos de ese grupo ilegal se declararon en discidencia y todavía se encuentran en la clandestinidad ejecutando toda clase de acciones delincuenciales.
Desde su puesta en marcha, la JEP ha pasado por muchos escándalos que han sacudido la opinión pública, comenzando por la contratación criticada de ciertas personalidades y la actuación o vinculación en estos bochornosos hechos de la misma Presidenta de la entidad, la polémica Mirtha Patricia Linares Prieto.
Sostener la JEP representa un alto costo para el Estado, porque su gasto en mantenimiento anual es de miles de millones de pesos. Eso lo pueden corroborar los lectores en estas bases de datos en excel, donde está toda la contratación de la entidad desde 2018 hasta 2019-2020, que sirven de material de consulta: CONTRATOS DE LA JEP DE 2018 / CONTRATOS DE LA JEP DE 2019 – 2020.
Sin embargo, uno de los aspectos que llama la atención entre tanto gasto de dinero público es lo que paga la JEP por el arrendamiento de su sede ubicada en la Carrera 7 con calle 63 en el norte de Bogotá.
La JEP invirtió la gigantesca suma de $44.092.765.997 en el arriendo de su edificio en solo dos años de funcionamiento. Esa cifra corresponde a los años 2018 y 2019, según las mismas estadísticas difundidas por la entidad. Todo, con los dineros públicos y aprobado por su Presidenta Linares Prieto, quien tiene la última palabra en esa Jurisdicción.
El jugoso negocio se lo ganó una empresa llamada Juan Gaviria Restrepo & CIA SA y en el 2018 se firmaron dos contratos. El primero se hizo el 29 de junio por $8.812.756.448. Luego el 18 de diciembre del mismo año se firmó otro por $16.060.872.584.
El 29 de noviembre del año 2019 se firmó un tercer contrato con la firma Juan Gaviria por la no despreciable suma de $19.219.136.965. El negocio va hasta el 30 de noviembre de 2020.
O sea, que cada mes de arriendo le cuesta a la JEP, en promedio, unos 1.600 millones de pesos.
El objeto es: «Arrendamiento del edificio torre Squadra ubicado en la avenida Carrera 7 No.63-44 de la ciudad de Bogotá para el uso exclusivo y funcionamiento de la JEP».
El representante legal de la compañía llamada Juan Gaviria es Alejandro Gaviria Vallejo, quien se está echando al bolsillo anualmente la no despreciable cifra que le otorgó la Jurisdicción Especial de Paz.
Todos esos negocios se hicieron por la modalidad de «Contratos que no requieren pluralidad de ofertas», es decir, una táctica para darle el contrato a dedo, sin licitación, a un solo oferente o a un amigo (o socio oculto) de alguien en la Presidencia de la JEP.
Surgen varias preguntas: ¿Por qué la JEP no compró una sede propia para ahorrarle esos dineros al Estado? ¿Por qué el multimillonario contrato se hizo bajo esa sospechosa modalidad y no se realizó un licitación pública para buscar ofertas más económicas? ¿Por qué el gobierno de Santos no le adjudicó una de tantas propiedades que tiene el Gobierno desocupadas o en desuso para evitar pagar ese alto costo en arriendo? ¿Cuántas víctimas verdaderas de las Farc se hubiesen podido reparar con esos 44 mil millones de pesos en estos últimos dos años, a quienes la JEP nisiquiera ha querido reconocer?
LA IMPUNIDAD, OTRO MAL QUE RONDA LA JEP
Ya contamos que la JEP parece estar dedicada a derrochar los dineros de la Nación, proveniente de los impuestos que aportan todos los colombianos, pero además sus opositores la critican por la impunidad que ha querido imponer para algunos jefes de las Farc, que participaron en las negociaciones de Cuba, como es el caso de Jesús Santrich, a quien el cuestionado magistrado Jesús Ángel Bodadilla liberó y salvó, el pasado 15 de mayo de 2019, de su extradición a Estados Unidos, donde está acusado de narcotráfico en conjunto con el Cartel mexicano de Sinaloa. Luego de eso, el célebre Santrich se fugó hacia la selva (o Venezuela), donde planea sus acciones criminales contra la Patria.
LA JEP JUSTIFICÓ EL CARRO-BOMBA DE LA «MATA HARI»
De igual forma, ahora surgió otro caso que repundian los colombianos, como es el de Marilú Ramírez Baquero, una líder de las Farc, conocida en el bajo mundo como la «Mata Hari» (por aquella famosa espía neerlandesa Margaretha Geertruida Zelle) o «Lulu», quien participó en el ataque con un carro-bomba a la Escuela Superior de Guerra de Bogotá, uno de los actos terroristas más sonados del nuestro país. Sin embargo, fue indultada o amnistiada por la JEP y puesta en total libertad.
La Sala de Amnistía e Indulto de la JEP consideró que ese cruento atentado realizado por las Farc en la Escuela Superior de Guerra, el 19 de octubre de 2006, fue un «acto válido de guerra».
La Jurisdicción Especial para la Paz tomó su decisión en forma secreta a mediados de febrero de 2020, favoreciendo a alias «Lulú», quien se había infiltrado en la Escuela Superior para planear la explosión del citado carro bomba que dejó 26 lesionados. La entidad consideró legítimo ese atentado en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y, no contenta con absolver a Ramírez Baquero, les quitó la condición de víctimas a los 14 militares que salieron heridos. Algo insólito y que solo pasa en Colombia, de acuerdo con varios expertos en el tema de los Derechos Humanos, consultados por nuestro portal.
Por su parte, Ramírez Baquero aseguró que infiltró a las Fuerzas Militares durante una década. Según ella, para quedar bien ante los colombianos y justificar la decisión de la JEP, su mejor manera de resarcir a las víctimas es con la verdad y se declaró «arrepentida» por el ataque terrorista.
Por esa razón y ante la impunidad evidente de la JEP surgieron voces como la del expresidente de Colombia y actual Senador del movimiento Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien en su cuenta de Twitter pidió acabar con la Jurisdicción Especial de Paz.
La JEP debe ser eliminada. Bastante lo dijimos en la campaña, https://t.co/cYUZT5OR0S
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 3, 2020
La JEP apenas está empezando su funcionamiento, pero parece que Colombia tendrá que acostumbrarse a escuchar muchos escándalos de contratación, corrupción o impunidad, provenientes de esa cuestionada entidad.
