El nuevo Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, tiene varios retos para devolverle la imagen a esa institución, entre ellos, resolver sonados procesos en Colombia que involucran a varias personalidades y sectores muy conocidos en la vida pública nacional.
Entre ellos, por nombrar algunos, la señalada red de prostitución masculina dentro de la Policía Nacional; la finalización de la judicialización de los implicados del desfalco de InterBolsa; el «Carrusel de la Contratación en Bogotá»; el proceso por acoso sexual y maltrato laboral contra el exdefensor del Pueblo Jorge Armando Otálora; la infiltración a la propia Fiscalía, supuestamente por parte del «Turco» Ilsaca y el periodista Juan Carlos Giraldo; el caso de corrupción contra el expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Bedoya; la presunta relación de Santiago Uribe con el paramilitarismo; el tema del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo, o el caso de Saludcoo.
La Fiscalía también adelanta más de once mil procesos por diferentes delitos contra miembros de las FARC, los cuales serían puestos en conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. El Fiscal Martínez será el encargado de hacer ese tránsito a la Jurisdicción Especial, al igual si la guerrilla del ELN se somete a la justicia, el Ente Acusador tendría que compulsar copias por más de 15 mil procesos adicionales.
“Este es un momento muy importante en la historia de Colombia (…) Necesitamos avanzar en la consolidación de la seguridad ciudadana. Vamos a aclimatar los tiempos de paz, que es el propósito que hoy tiene la Nación entera, con la realidad de una justicia que permita que las colombianas y los colombianos podamos caminar por nuestras calles y por nuestras aldeas sin ángel de la guarda”, aseguró Martínez en su primera rueda de prensa, en la cual aseguró que la suya será “la Fiscalía del posconflicto”, pues la entidad jugará “un papel determinante” para que la Justicia Especial para la Paz acordada en La Habana (Cuba) logre su propósito.
Sin embargo, el nuevo Fiscal garantizó que no dejará en segundo plano la obligación de combatir la delincuencia para que “los colombianos puedan caminar tranquilos por la calle”.
Néstor Humberto Martínez, militante activo de Cambio Radical, el partido del Vicepresidente Germán Vargas Lleras, es un hombre con una gran fortuna y una gran reputación como abogado. Ha sido apoderado jurídico de los más grandes grupos económicos del país y tiene ciento de relaciones públicas al más alto nivel personal, empresarial y político, lo cual le podría traer varios conflicto de intereses.
Sobre estos impedimentos, el nuevo Fiscal propone que la misma Corte Suprema nombre al fiscal ad hoc para los casos que él no pueda asumir por sus intereses o relaciones con algunos de los procesados.
Néstor Humberto Martínez fue elegido con 17 votos a favor, de 22 posibles en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Los otros dos candidatos eran Yesid Reyes Alvarado y Mónica Cifuentes Osorio, quienes obtuvieron cada uno dos votos. Uno de los 22 magistrados del Alto Tribunal, que participaron en el proceso de elección, votó en blanco.
El entrante Fiscal deberá acabar con el manejo de politiquería, burocracia y corrupción que instauró en esa entidad estatal su antecesor Eduardo Montelaegre. Basta nombrar los onerosos y millonarios contratos para la columnista Natalia Springer y una decena de reconocidos periodistas de los más importantes medios de comunicación del país.
Precisamente, sobre la corrupción el nuevo Fiscal anunció una “lucha frontal y una cruzada” contra los que se roban la plata pública. “Que tiemblen los corruptos”, manifestó.
Néstor Humberto Martínez deberá continuar con la modernización de la entidad, que cuenta con un presupuesto propio, 2,5 billones de pesos, similar al de toda la Rama Judicial.
Otra de sus grandes tareas es buscar la fórmula para atender el elevado número de procesos que llegan diariamente a la entidad, recordemos que la Fiscalía General recibe en promedio de un millón 250 mil denuncias al año y abre igual número de expedientes, por diferentes delitos, que deben ser estudiadas en el Ente Investigador que cuenta con más de 25 mil funcionarios.
