La Otra Cara revela los más oscuros movimientos que se dieron dentro de la Unidad de Protección y cómo se tejieron millonarios contratos, intrigas,anónimos, grabaciones y montajes en esa entidad del Gobierno, muchos de los cuales resultaron en escándalos.
El 28 de julio de 2014 llegó al correo electrónico de una asesora de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República una denuncia anónima en la cual se manifestaba que el Secretario General de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Julián Marulanda Calero; el Coordinador Administrativo y Financiero, Luis Eduardo Molino Torres; el coordinador de implementación de medidas, Wilson Devia; el coordinador de transportes, Guillermo Felipe Valencia Barron (primo hermano del Ministro de Agricultura y exministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia); Juan Carlos Gualdrón y Ronald Rodríguez, profesionales de la entidad; de manera fraudulenta habían manipulado los contratos de Renting (o alquiler) de Vehículos para el programa de protección, en desmedro de otros participantes interesados en llevarse una tajada de ese jugoso contrato.
Resulta que desde que el Programa de Protección estaba siendo administrado por el Ministerio del Interior y de Justicia, el contrato de Renting había sido adjudicado a la Unión Temporal de las firmas Blind Security -Blind Express, propiedad de los hermanos Aldo y Alejandro Salvino Caicedo, y a GMW Rent a Car, de propiedad de los esposos Luis Wilson González Cárdenas y Jenny Morales, esta última hermana de Néstor Morales, director de Blu Radio. Ambas firmas grandes contratistas del Estado.
La denuncia anónima al parecer tuvo poco eco en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, a cargo en ese momento de Rafael Merchán, hasta que apareció una fuente humana, la cual después se pudo establecer que era Carlos Alberto Bermúdez Cuchimaque, quien había sido funcionario del desparecido DAS y luego pasó a la Unidad Nacional de Protección, donde fue nominalmente el segundo de la Subdirección de Protección. Este personaje desde el mes de abril de 2013 se desempeñó como Director de Operaciones de la gran empresa denominada Unión Temporal Protección 33, la principal operadora del programa de protección en el país, y de propiedad de Jorge Arturo Moreno Ojeda.
Bermúdez Cuchimaque ofreció tres cosas para fortalecer la denuncia anónima:
1) Una grabación hecha en el apartamento de Marulanda, la cual supuestamente demostraría los vínculos de este con una red de corrupción de la cual debía ser parte el mismo Bermúdez Cuchimaque, conocido como «Cuchicuchi».
2) Una grabación obtenida de una conversación con el señor Molino Torres en un restaurante, con la cual también supuestamente se demostraría que tanto Molino como Marulanda estaban implicados en la red de corrupción.
3) Ofreció la cabeza de Molino a la Fiscalía como corrupto. Pero eso lo hizo mediante una trampa que él mismo le tendió a ese funcionario para hacerlo ver como ofrecedor de un soborno de 10 millones de pesos para agilizar una factura en la UNP a favor de su empresa Unión Temporal Protección 33.
Efectivamente, Luis Eduardo Molino fue capturado en un restaurante del centro comercial Ciprés Plaza, en el norte de Bogotá, cuando supuestamente recibía una coima de 10 millones de pesos de la empresa Protección 33.
El propio Secretario de Transparencia, Rafael Merchán, fue quien puso a «Cuchicuchi» en contacto directo con la Fiscalía General de la Nación y ahí se coordinó el operativo para detener a Molino, lo cual sucedió hacia las 8.30 a.m. del viernes 22 de agosto de 2014.
En ese momento, Marulanda se encontraba en una comisión autorizada por el propio Andrés Villamizar Pachón, otrora jefe de la UNP, en la ciudad de Valledupar, Cesar. Mientras que Villamizar se estaba en Medellín atendiendo las protestas del Círculo de Periodistas de Antioquia en relación con la muerte del reconocido comunicador Luis Carlos Cervantes.
Molino duró detenido más de un año en los calabozos del DAS a la espera de que el Ente Acusador le resolviera su situación y hoy tiene casa por cárcel, esperando que le dicten sentencia, en un proceso donde se demostró que no hubo tal delito de Concusión (es decir, no él pidió) sino que hubo Cohecho (es decir, le ofrecieron). Cabe preguntarse: ¿Por qué no ha sido investigado Bermúdez Cuchimaque por ese hecho?
Los papeles del Subdirector Alonso Miranda
Algunos testigos confirmaron a La Otra Cara que el entonces Subdirector de Protección, Alonso Miranda Montenegro, estaba enterado del operativo de la captura de Molino antes de que este se llevara a cabo.
De acuerdo con varias versiones, corroboradas por el propio Marulanda, con quien esta revista dialogó, él intentó ponerse en contacto por todos los medios disponibles con su jefe Andrés Villamizar, para contarle lo de Molino y hacer un plan para manejar la crisis en la UNP, pero este no quiso contestar ninguno de sus mensajes.
Marulanda, que era el segundo de la Unidad de Protección, fue informado que un grupo de integrantes del equipo de atención de urgencias de la UNP, fuertemente armado y al mando directo de Alonso Miranda Montenegro se había tomado las instalaciones de la Secretaría General de la Unidad. También se supo que el propio Miranda Montenegro se encerró solitario en la oficina de Marulanda y que un largo rato después sin mediar palabra salió y ordenó que sellaran dicha oficina.
¿Qué hizo Miranda en la oficina de Marulanda? No se sabe, pero lo que si es claro, es que hubo un abuso de poder, el cual hasta el momento la Procuraduría General de la Nación no ha querido investigar.
Miranda es aquel funcionario que en marzo de 2015 sacó de su oficina, la Subdirección de Protección, ubicada en el séptimo piso de un edificio de la zona empresarial en la calle 26, una gran cantidad de documentos claves y carpetas con información oficial de la entidad, utilizando su camioneta particular, de los cual dan fe varios funcionarios de la Unidad. Al parecer los documentos eran pruebas comprometedoras de su larga gestión en la UNP.
Recordemos que la Contraloría General de la República informó oficialmente que en la Unidad de Protección, bajo el mando de Andrés Villamizar y su Subdirector, Alonso Miranda, había un detrimento patrimonial de más de $16.000 millones, especialmente en malos manejos y contratos, supuestamente irregulares, que ambos avalaron. Lo cual extrañamente no ha sido investigado ni por la Fiscalía General ni por la Procuraduría General.
¿Por qué no se tocó al primo del ministro Irragorri?
Si se hace un rápido análisis de todo lo que hemos informado hasta el momento, salta a la vista un detalle en el que muy pocos han reparado: ¿Por qué Guillermo Valencia, el primo hermano del ministro Aurelio Iragorri, es sacado de la investigación? ¿Por qué nunca más volvió a mencionarse este personaje? ¿Se trató de un favorecimiento por parte de Villamizar para congraciarse con el ministro Iragorri, quien había sido su jefe? El hecho es que su nombre nunca ha sido objeto de ninguna pesquisa por parte de la Fiscalía. Lo cual resulta extraño, por decir lo menos.
Ahora bien, algo que los grandes medios de comunicación no han reparado, es que en la denuncia anónima nunca se menciona a Tania Trujillo, en ese entonces coordinadora de contratos de la UNP, y a Diana Carolina Rodríguez, asesora de contratación de la entidad, ambas de confianza de Julián Marulanda. No obstante, de inmediato desde la Dirección de la Unidad de Protección cae sobre ellas un manto de duda, y reiteramos, es raro que contra el primo del Ministro Iragorri, no haya pronunciamiento. Cabe resaltar que las señoras Trujillo y Rodríguez argumentan que fueron acosadas laboralmente por Villamizar, quien, según ellas, les gritaba que iban a terminar en la cárcel como su jefe, es decir, Julián Marulanda.
Estas son cuatro de las seis páginas de la denuncia anómina:
De acuerdo con el propio testimonio de Giovanni Gallo, Presidente del sindicato Analtraseg de la UNP, él tenía desde hacía varios días una cita concertada con Julián Marulanda para mostrarle pruebas sobre unas denuncias de irregularidades en las que estaba presuntamente involucrado «Cuchicuchi» y la Unión Temporal Protección 33. Sin embargo, cuando Gallo se iba a reunir con Marulanda en la población cundinamarquesa de Bojacá, este último fue abordado por un hombre en una motocicleta quien lo amenazó de muerte y le dijo que tuviera mucho cuidado con lo que iba a hacer o a hablar, relacionado con todos estos hechos. Esta situación fue mencionada por el propio Marulanda en una declaración a La W Radio.
El lunes 25 de agosto de 2014, como cualquier día laboral, Marulanda se desplazó a su oficina, sobretodo con el propósito de cancelar algunas citas que tenía, pues ese día le estaban realizando una intervención quirúrgica a su señora madre, y él quería acompañarla, ya que ella no residía en Bogotá. Cuando llegó a su despacho, el vigilante le dijo que, según una orden expresa de Andrés Villamizar, su ingreso a las instalaciones de la UNP estaba prohibido.
Marulanda entonces escribió de su puño y letra una nota dirigida a Villamizar, en donde deja constancia que se presentó a la citada Unidad de Protección, y acto seguido llamó a su secretaria quien radicó la nota en la Dirección de la UNP. Esta versión, fue entregada por Marulanda en una entrevista que concedió a La W y ha sido corroborada por varias personas de la Unidad.
De aquí se desprenden varias cosas, lo primero es que Marulanda tenía toda la disposición no sólo de dar la cara, sino de convertirse en pieza clave que permitiera desentrañar el verdadero camino de corrupción que estaba llevando a la UNP al colapso. Lo segundo, es que Villamizar, por alguna razón no estaba interesado en hablar con Marulanda, ni en permitir que Marulanda hablara con nadie.
La desprotección del periodista Cervantes
A mediados del mes de agosto de 2014, Villamizar estaba pasando por uno de sus peores momentos como director de la UNP, pues había sido asesinado en la población de Tarazá (Antioquia) el periodista Luis Carlos Cervantes.
Todo apunta a que en este homicidio está comprometida la responsabilidad de Villamizar por cuenta de su aparente negligencia en la asignación de medidas de protección para el citado comunicador. Cervantes, que en un momento fue llamado “El Periodista más amenazado de Colombia”, había solicitado que le fueran devueltos sus medios de protección, sin embargo la UNP se negó sistemáticamente a aprobar el reintegro de dichas medidas de protección y por el contrario ordenó su retiro inmediato. Fuentes de la entidad afirman que Villamizar no le quería dar el servicio a Cervantes porque decía que «ese negrito no tenía ningún riesgo, porque solo pone es música salsa en su emisora». Al final lo asesinaron y el Estado no lo protegió, pudiendo hacerlo.
La Otra Cara publica los audios de la entrevista concedida por Rusdely Escobar, viuda de Luis Carlos Cervantes, y por el prestigioso abogado Jaime Lombana, abogado de la sufrida dama, a La Fm de RCN, en donde claramente se encuentran debilidades en la argumentación de la defensa de Villamizar.
Oíga el audio de la entrevista de Rusdely Escobar, esposa de Cervantes, con Vicky Dávila, de la FM: AQUÍ.
Oíga el audio de la entrevista de Villamizar y Lombana con Vicky Dávila, de la FM: AQUÍ.
Había un hecho claro, como también lo afirmaron algunas fuentes, Andrés Villamizar estaba ya pasando por un momento de desgaste político en la Dirección de la Unidad de Protección, y este hecho unido a la muerte del periodista Cervantes, lo tenían con un pie afuera de la UNP. Igualmente, para nadie es un secreto que el más serio aspirante a sucederlo era Julián Marulanda, hombre cercano a la confianza del Vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Así las cosas, la mejor estrategia de Villamizar para defenderse fue crear un nuevo escándalo, de mayores proporciones que el de la muerte de Cervantes, en el cual en vez de victimario apareciera como victima, y mejor aún, como salvador. Esta fue la estrategia que usó Villamizar y para ello contó con la ayuda de su amigo íntimo Rafael Merchán, quien como Secretario de Transparencia, se había excusado en varias oportunidades de investigarlo, prueba de ello son los decretos en donde se asignó un investigador Ad-Hoc para los casos en los que estuviera involucrado el Director de la UNP.
Merchán se excusó de investigar a Villamizar ante una seria petición de la Contraloría General de la República sobre hechos que supuestamente involucraban al Director de la UNP por varias anomalías en la contratación de la entidad.
Este es el DECRETO 062 del 16 de Enero 2014 de la Secretaria de la Transparencia nombrando un Investigador Ad-Hoc para Villamizar:
Valdría la pena preguntarle a Camilo Enciso, el actual Secretario de Transparencia, si estas pesquisas contra Villamizar adelantadas por el investigador Ad-Hoc se concretaron en procesos formales, o si quedaron entre el tintero o engavetados.
Así pues, a Villamizar le convenía el escándalo contra Marulanda para salirse del ojo del huracán por el caso Cervantes. Esto resulta claro. Pero, ¿Quién más estaba interesado en sacar del medio a Marulanda?
Al final de cuentas, Andrés Villamizar se retiró de la Unidad de Protección dejando a su paso malos manejos y decenas de contratos firmados por miles de millones de pesos, supuestamente irregulares, de acuerdo con el Informe de la Contraloría, lo cual nunca fue investigado ni por Fiscalía ni por Procuraduría; Julián Marulanda está exiliado en Norteamérica, alegando persecución en su contra; Alonso Miranda se fue de la UNP con documentos claves de la entidad y no ha sido investigado por eso, ni por los inumerables contratos, supuestamente irregulares, que firmó en la entidad, según la Contraloría; Carlos Bermúdez Cuchimaque está libre, haciendo millonarios contratos con el Estado a través de la empresa que dirige y no ha sido investigado por posible cohecho; Guillermo Valencia nunca ha sido tocado; Luis Eduardo Molino es el único detenido y procesado por el caso, y la Unidad está impune en su responsabilidad por la muerte del periodista Cervantes.
Espere la segunda entrega de esta serie, sobre el caso de corrupción de la UNP, en la cual La Otra Cara promete dar muchos detalles…
Por Unidad Investigativa LOC
