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Cerca del 35 % de las indagaciones e investigaciones tienen términos vencidos. El 79,7 % de las entidades no cuenta con un sistema automatizado. La falta de personal, de infraestructura tecnológica y de capacitación continua afecta la eficacia de la acción disciplinaria.
De los 11.892 procesos disciplinarios contra servidores públicos que tramitan las 52 entidades del Distrito, 1.068 (8,2 %) están en riesgo de prescripción; apenas el 9,6 % (1.142) está en etapa de juzgamiento y únicamente el 1,2 % tiene fallo en primera instancia.
Así lo reveló un estudio de la Personería de Bogotá, en el Desarrollo del “IX Encuentro de Oficinas de Control Disciplinario Interno (OCDI), Cada decisión cuenta, cada acción importa”, se encontró qué, de un total de 10.603 procesos (el 89,1 %), 9.215 están aún en etapa de instrucción y 1.388 en evaluación de la queja.
De acuerdo con el diagnóstico, este panorama se debe, en parte, a la falta de soporte tecnológico. El 79,7 % de las entidades no cuenta con un sistema automatizado. Apenas dos de cada diez entidades usan sistemas de información o registros digitales para administrar los términos, mientras que el resto continúa con controles manuales, lo que incrementa el riesgo de vencimientos y dilaciones.
El informe establece que los principales factores que afectan la gestión en las OCDI son: la rotación constante de funcionarios (21 %), la debilidad en equipos tecnológicos (20 %), la escasez de personal (18 %), la ausencia de capacitación permanente (17 %) y la limitación de recursos financieros (14 %).
Se determinó que, de 4.916 indagaciones previas, el 38 % vencieron los términos y de 4.299 investigaciones disciplinarias, el 32 % vencieron los términos. De hecho, en 2024 prescribieron 83 procesos y en 2025, al 15 de agosto, van 71 procesos prescritos y en total hay peligro de que prescriban 1.086.
Tipos de faltas y avances
El 32 % de las averiguaciones tiene que ver con faltas relacionadas con el servicio o la función pública; el 22,8 % con irregularidades en contratación; el 20,7 % por fallas en el servicio, función o trámite de asuntos oficiales; el 7,2 % con moralidad pública; y el 6,7 % con inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses.
Otras conductas tienen que ver con vulneración de derechos fundamentales, intervención en política, hacienda pública y acciones de repetición, entre otras.
De otra parte, se evidenció que el 98 % de las entidades ha cumplido con la separación de roles; es decir, de las 52 entidades, 49 crearon las oficinas de instrucción y de juzgamiento.
“En general, la situación de las OCDI refleja la existencia de limitaciones económicas que dificultan el buen desarrollo y avance de la actividad disciplinaria en el Distrito. Por ello, la Personería hace un llamado a fortalecer el talento humano en estas oficinas con el propósito de lograr que el rol disciplinario avance con mayor eficiencia y oportunidad”, dijo el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco.
De acuerdo con el diagnóstico, los temas en los que se necesita fortalecer las capacidades y actualizar los conocimientos en los equipos de trabajo de las OCDI son: formulación de cargos (22 %), determinación proporcionalidad en la sanción (20,8 %), contratación estatal (14 %), práctica y valoración de pruebas (14 %) y aplicación de enfoque diferencial para la valoración de casos de acoso sexual (13%)
