Veedores tienen en la mira al aspirante a la Comisión de Disciplina, Orlando Guerra, por posible tráfico de influencias


 

Orlando Aníbal Guerra de La Rosa es un ex Representante a la Cámara que poco se hizo notar en ese importante cargo del país y aunque es abogado, no tiene experiencia en la Rama Judicial. Sin embargo, está aspirando a ser juez de jueces como uno de los siete magistrados que conformarán la nueva Comisión de Disciplina Judicial, encargada de investigar y sancionar a abogados, fiscales, jueces, magistrados y a más de 25 mil empleados de sector de la justicia en Colombia.

Guerra de la Rosa parece ser buen conocedor de los temas fiscales, pues fue Revisor de la Contraloría General de la República y Primer Agente Fiscal del Departamento del Putumayo, pero no jurista.

Además en lo que sí parece ser experto es en ser Secretario en el Congreso de la República, un puesto con mucho poder, ya que ha ocupado los cargos de Secretario General de la Comisión Segunda y la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

De igual forma, recordemos que Guerra entró al Congreso en el año 1998 cuando fue Asesor en el Grado 6 en la Cámara de Representantes y se las arregló para quedarse en esa entidad. Ha sido Asesor Jurídico en la Sección de Relatoría en el 2001 de la Cámara; Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara en el 2002; Representante por el Putumayo en dos oportunidades,  en el 2006 y el 2014, y, como si fuera poco, ahora es el Secretario General de la Comisión Séptima de la Cámara desde el 2019. Hazañas dignas solo de un buen político.

Página oficial de la Comisión Séptima de la Cámara

Su larga permanencia en el Parlamento colombiano parece ser su fuerte y el arma que tiene lista para hacerse elegir, pues recordemos que la norma dice que los siete magistrados de esta Comisión de Disciplina serán elegidos por el Congreso de la República en Pleno, de tres ternas enviadas por el Presidente Iván Duque Márquez y otras cuatro elaboradas por el Consejo Superior de la Judicatura, previa convocatoria.

Este abogado de Pasto (Nariño) y hábil político ya se hizo incluir en las ternas que enviará el Mandatario Duque.

Pero eso misma puede ser su quiebre, pues dos reconocidos y abogados y veedores Ciudadanos, Eduardo Padilla Hernández y Víctor Velásquez Reyes, lo tiene la mira, listo para denunciarlo. Padilla y Velásquez tiene suficiente experiencia en este tema porque fueron los autores, junto con José Manuel Abuchaibe, de la pérdida de investidura en el Consejo de Estado del exAlcalde de Bogotá y exSenador del Partido Verde Antanas Mockus Šivickas.

Según los juristas, Orlando Guerra estaría incurso en un posible Conflicto de Intereses porque al ser actualmente Secretario General de la Comisión Séptima del Cámara de Representantes, ya tiene por los menos los votos de los 17 congresistas que conforman esa célula legislativa, que son sus amigos, compañeros y sus jefes, que lo ven como un hombre de confianza con el que se puede hacer a futuro cualquier trato burocrático. Ventaja que no tienen otros aspirantes.

Los citados veedores argumentan que el caso de Guerra, además estaría violando el derecho a la igualdad de las demás personas  que quieren ser escogidas como integrantes de la Comisión de Disciplina, porque estas no tienen la cercanía o el manejo que tiene él en el Congreso, que elegirá a los nuevos magistrados.

POSIBLES DEMANDAS DE PÉRDIDAS DE INVESTIDURAS  

Padilla y Velásquez advierten que los congresistas que voten por su amigo Guerra de La Rosa también estarían violando el régimen de Conflicto de Intereses y están listos para demandar su pérdida de investidura ante el Conejo de Estado.

Los expertos se basan en el  artículo 182 de la Constitución Política obliga a los congresistas a informar sobre posibles conflictos de intereses que se presenten en el ejercicio de las funciones que les corresponden, como en este caso la posible elección de Guerra de La Rosa. La norma textualmente dice:
“[…] Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva cámara las  situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el  trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones […]”.

FAMILIARIZADO CON EL POSIBLE TRÁFICO DE INFUENCIAS

En el 2006, cuando Orlando Guerra fue elegido por primera vez como Representante a la Cámara por el departamento de Putumayo, de inmediato recibió una demanda de pérdida de investidura en el Consejo de Estado por parte de Luis Carlos Lozano Guío, quien alegó un posible conflicto de intereses por parte de este personaje político.

La demanda contra Guerra en el Consejo de Estado

Según el demandante, Guerra de la Rosa estaba inhabilitado conforme al numeral 2º del artículo 176 de la Constitución Nacional para ser  elegido Representante porque dentro del año anterior a su elección ejerció en la circunscripción de dicho Departamento autoridad administrativa, al desempeñarse como Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes.

En el argumento se dice que Guerra manipuló a los electores del Putumayo mediante los medios de comunicación y la publicidad y utilizó la autoridad de que estaba investido a favor de sus aspiraciones políticas.

Mediante una cuña radial emitida antes de su elección, Guerra invitó a los electores del Putumayo a votar por él y afirmó que en ejercicio del cargo en la Comisión Segunda de la Cámara, gestionó más de 2.500 millones de pesos para el distrito de drenaje del Valle del Sibundoy; defendió a las familias guardabosques de Orito para que no les quitaran los cupos y gestionó 2.800 millones de pesos para el plan de protección del Río Guamuez.

En otras palabras, lo que publicitó fue que hizo uso de sus influencias en el Congreso, lo que pudo ser cierto, para apoyar al mencionado departamento que atravesaba en ese momento una gran crisis por la emergencia invernal que entre otras cosas destruyó a Mocoa, su capital.

Al final, también, por su gran manejo en las Cortes, logró que la Sección Quinta del Consejo de Estado negara la demanda en su contra en el año 2007. Y siguió en el Congreso. Ese poder en la Justicia se vio reflejando en el año 2018  cuando fue nombrado como Magistrado Auxiliar en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

En el caso de Guerra se puede decir que es otro de los curtidos políticos el cual pretende, con su gran influencia y poder en el Congreso, volverse magistrado de la Comisión de Disciplina, un juez de jueces, experiencia en la Rama Judicial, pero con muchos amigos, que no honrará a esa nueva entidad que pretenden ser un faro que ayude a limpiar la mala imagen de la Justicia en Colombia.  Irregular, desde todo punto de vista.

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