Hay un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia de Colombia que tiene en riesgo el Acuerdo de Paz de La Habana (Cuba) que firmó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con el extinto grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (Farc-EP) en el año 2016.
Este caso involucra al actual Representante a la Cámara Carlos Alberto Carreño Marín, exmiembro de las Farc y ahora militante del Partido Comunes, un movimiento que surgió luego de la firma del citado pacto de paz habanero y a cuyos miembros les otorgaron por ley, debido a ese compromiso, ocho curules transitorias durante dos periodos en el Congreso de la República.
El representante fue parte del Bloque Oriental de las Farc durante 20 años con el alias de Sergio Marín.
Llegó a la Cámara en el año 2018 por la circunscripción de Bogotá en reemplazo de Jairo González Mora, también integrante de Comunes y fue reelegido para el periodo 2022–2026.
Carreño es investigado por presunta concusión por supuestamente habría solicitado de manera reiterada a uno de los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Congreso una parte de su salario, práctica que, al perecer, se habría prolongado durante un período de aproximadamente 18 meses.
Recordemos que cada congresista tiene una UTL a su disposición para poder desarrollar su trabajo legislativo, es Unidad cuenta con un presupuesto mensual de 70 millones de pesos y con ese presupuesto, de acuerdo con las normas del Parlamento, solo se pueden contratar un máximo de 10 personas.
La principal testigo y denunciante de Carreño es Irene Amado Carvajalino, una exintegrante de su UTL quien ya estaba trabajando en esa Unidad cuando este ocupó el cargo. Amada llegó a ese puesto como sobrina y cuota de Sandra Ramírez, exesposa del máximo jefe de las Farc, Manuel Marulanda Vélez, «Tirofijo».
Carreño comenta que encontró a Amado la Unidad y aunque podría cambiarla y contratar a una persona de su equipo, la dejó por consideración a Sandra Ramíez a quien le consultó su decisión y esta la avaló. Aunque Ramírez aclaró que nunca la conoció y no sabía de su existencia porque estaba en las Farc y tenía escasos contacto con sus familiares. Amado se le presentó en el Congreso como su sobrina y esta la aceptó recomendándola para un puesto en una UTL de Comunes, diferenre a la de ella.
Amado denunció que Carreño les quitaba dinero de su salario sin justificación. «Una orden directa de Carlos Alberto Carreño desde el inicio. Y él jamás llegó a decirnos: ‘Ustedes están de acuerdo’», afirmó la mujer.
Amado dijo ante la Corte que el congresista supuestamente le pedía $3.640.000 a los Asesores Nivel I (que ganan un salario aproximado de $8 millones), casi el 50% de su sueldo. Y a los Conductores (salario de $2.700.000), unos $200.000 mensuales.
Sin embargo, Carreño argumenta que para financiar el movimiento político a los miembros de la UTL se le solicitaba una colaboración voluntaria mínima mensual de $200.000 mensuales.
TESTIGO PODRÍA SER INFILTRADA DE LA FF.MM.
Misteriosamente Amado se encuentra ahora en Estados Unidos, al parecer protegida por alguna agencia de ese país, pero nadie sabe cómo llegó allá y porqué se fue. Fuentes cercanas a Carreño indican que al parecer esta mujer era una «especie de infiltrada» de las Fuerzas Armadas de Colombia en el Partido Comunes para hacerle daño al movimiento, puesto que su padre fue un pensionado Militar y ella hasta perteneció al Programa “Chicas de Acero”.
Era una iniciativa del Ejército Nacional creada en 1997 por el fallecido general Harold Bedoya Pizarro, como parte de una estrategia de acción integral y acercamiento a la población civil en zonas afectadas por el conflicto armado. Eran voluntarias civiles, muchas de ellas adolescentes, que colaboraban con el Ejército.
FILTRACIÓN Y CELERIDAD DEL CASO EN LA CORTE
Desde que el caso de Carreño llegó a la Corte Suprema de Justicia fue tomado por la Sala Especial de Instrucción y le correspondió a la Magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez y el caso en sus manos ha tenido una gran celeridad en ese Alto Tribunal que ha llamado la atención.
Cuando le llegó el tema, Lombana viajó de inmediato a Estados Unidos a entrevistar a Irene Amado y según la defensa de Carreño no ha practicado las pruebas requeridas en el expediente por los abogados del representante.
También se critica que en manos de Lombana dicho proceso penal se filtró a principios de julio en su totalidad a los medios de comunicación y esta fuga de información le creado una mala imagen al congresista en la opinión pública.
RECUSAN A LA MAGISTRADA LOMBANA
Por esas razones, la magistrada Lombana fue recusada recientemente para que se aparte del proceso contra el parlamentario de Comunes.
Hay que explicar que la recusación es una herramienta jurídica que permite a un procesado solicitar a un juez, fiscal u otro funcionario judicial que se aparte del caso cuando existen dudas razonables sobre su imparcialidad. Es un acto procesal que busca proteger el derecho al debido proceso y a un juicio justo al implicado.
«Las solicitudes probatorias del 2 de mayo y 19 de junio de 2025 no fueron resueltas por el Despacho. Aún así, se radicó proyecto para resolver situación jurídica (de Carreño) sin permitir la práctica de las pruebas de la defensa», dice la recusación.
También se argumenta: «El 13 y 14 de julio de 2025 se filtró la totalidad del expediente generando un juicio paralelo de cara a la sociedad que podría ejercer presiones a la Corporación con miras a proferir una medida de aseguramiento en mi contra».
NO HAY PRUEBAS DOCUMENTALES
Uno de los temas que ha causado curiosidad en este caso es que no hay pruebas en el expediente contra Carreño, porque tanto Irene Amado como los otros posibles denunciantes solo aportaron sus testimonios y no soportes documentales como consignaciones donde se demuestre el supuesto descuento del dinero por parte del congresista.
LA POSIBLE ANIMADVERSIÓN DE LOMBANA CON CARREÑO
Para las personas que sigue las actuaciones de las altas cortes y para algunos medios de comunicación es de amplio conocimiento que la magistrada Cristina Lombana tiene una gran simpatía con las Fuerzas Armadas de Colombia.
Esto se debe a que Lombana fue miembro activa de las Fuerzas Militares de Colombia. De hecho, alcanzó el grado de Mayor del Ejército Nacional y se desempeñó como jueza penal militar durante 14 años antes de ser elegida magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
Resulta que los militares colombianos consideran como sus peores enemigos históricos a los grupos guerrilleros como las antiguas Farc y viceversa, en un conflicto que lleva más de 60 años.
Por eso los abogados de Carreño consideran que Lombana, como militar, tiene una animadversión fuerte contra los miembros y exintegrantes de los grupos subversivos como el citado representante y el sentido de su investigación apunta a una supuesta condena sin mostrar, al parecer, la imparcialidad debida. Esto es una causal de recusación.
Esta situación en caso de que se genere una medida de aseguramiento contra el congresista Carreño sería un hecho que podría poner en riesgo el proceso de paz de La Habana, porque se perdería la curul y los excombatientes lo verían como una vulneración de ese acuerdo por parte de un sector de la justicia con un posible sesgo ideológico.
