¿Restitución o despojo?


 
“Crueles han sido los funcionarios de la Unidad de Restitución que indujeron a campesinos vendedores a mentir. Crueles las ONG’s con contratos millonarios con esa entidad, que elaboraron contextos en zonas de violencia generalizada para crear falsas pruebas y contribuir al despojo”…

Por María Fernanda Cabal.

Bogotá, diciembre de 2018.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras surge como una política pública del Estado colombiano, para enfrentar el problema de miles de desplazados en uno de los países con mayor desplazamiento interno del mundo.

Bajo la premisa de la justicia transicional, se pretendió restaurar a las víctimas del despojo y traer la paz rural.

Sin embargo, una vez puesta en marcha la ley, sus efectos fueron devastadores. Contrario a lo esperado, sus objetivos primigenios no se cumplieron y en cambio sembraron zozobra, angustia y depresión en la población rural que veía cómo lo mucho o poco construido a lo largo de una vida, quedaba irremediablemente perdido por una falsa premisa: que todos los despojos y desplazamientos obedecían a tenencias irregulares y, en consecuencia, los actos realizados no podían ser merecedores de ninguna clase de protección. Una terrible injusticia se conjuraba en su contra.

Así se dio inicio a la aplanadora de un Estado que nunca asumió su propia culpa ante los despojos de la guerrilla y de los paramilitares y que, en cambio, cobraba esta cuenta a los más débiles: los campesinos.

Ajeno a su responsabilidad y dándole crédito a cualquier persona que dijera ser víctima de desplazamiento, el Estado colombiano produjo implacables sentencias donde “la culpa” era endosada a campesinos pobres como si fueran agentes criminales.

Ya no son solamente los paramilitares o la guerrilla los causantes. Es el Estado mismo, que con la excusa de proteger a las víctimas, produce un daño irreparable, revictimizando a quienes sobrevivieron a la violencia rural.

Las hoy víctimas son, en su mayoría, sujetos de especial protección constitucional y además en el pasado también fueron víctimas, incluso de desplazamiento. Ahora son condenadas, nuevamente, a la injusticia del despojo disfrazado de legalidad.

Campesino contra campesino, víctima contra víctima, miles de antiguos propietarios y poseedores vagan como indigentes pues no tienen forma de demostrar su buena fe “exenta de culpa”.

Conocemos el caso del señor Jorge Luis Ochoa, de Copey, César, quien al perder su parcela cultivada con palma y no tener cómo pagar el crédito, se suicidó. O el anciano Víctor Prieto, de 76 años de Rionegro, Santander, que sobrellevaba su pobreza rural con dos parcelas que le fueron  arrebatadas, sin ninguna compensación, cayendo en una depresión clínica profunda.

Crueles, por decir lo menos, han sido los funcionarios de la Unidad de Restitución que indujeron a campesinos vendedores a mentir. Crueles las ONG’s con contratos millonarios con esa entidad, que elaboraron contextos en zonas de violencia generalizada para crear falsas pruebas y contribuir al despojo.  Crueles también, magistrados que en única instancia, violando el principio universal de inmediación de la prueba por cuenta de una ley, valga la redundancia, violatoria de garantías judiciales, que sin escuchar directamente a los testigos ni recaudar pruebas -pues esto es obligación del juez que no decide pero instruye-, produjeron con frialdad sentencias judiciales contrarias a la verdad, convirtiendo en realidad hechos jamás sucedidos.

Hoy, gracias a una tutela interpuesta por la ANUC, la Corte Constitucional señala los vacíos jurídicos de la norma y llama la atención al Congreso y al Gobierno Nacional acerca de la necesidad de establecer una política pública comprensiva con la situación de los “segundos ocupantes”, en el marco de la justicia transicional.

Es un deber de la patria proteger a los desplazados y también a quienes hoy habitan el campo y nada tuvieron que ver con el despojo de los otros. Si bien ningún estado de derecho debe renunciar a restaurar a sus víctimas, tampoco debe producir un daño irreparable a otros ciudadanos al desconocer la realidad rural y exigir lo imposible, cuando la población que afecta es también vulnerable y hoy paga con su escaso patrimonio las omisiones del Estado.

Decimos lo que otros callan
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2 COMENTARIOS

  1. Oscar antonio davila boada cc 13481537 de cucuta la ley de victimas y restitucion de tierras no esta mal loque esta mal son los falsos reclamantes que vendieron lo predios y aora los estan reclamando con puras mentiras que le dicen alos jueses de tierras para estafar al extado seria bueno que la fiscalia general de la naccion mandara fiscales espesialsado en estos prosesos a imbestigar los espedientes de las falsas victimas soy victima por una falsa reclamante de predios porque por ejemplo compre una casa legalmente enel año 2008 enel barrio aeropuerto de cucuta asiendo escrituras en notaria en precensia de un abogado profesional que la señora vendedora contrato y le firmo el poder para que le isiera la sucesion inorando un hermano en la sucesion y en la ofisina de restitusion de tierras lo nombra y registradas en instrumentos publicos y agustin codaziz y enel año 2015 me despojan de mi unica propieda con toda mi familia una hija en dieta y otra embarazada sin reconosermen la compensasion abiendo presentado mi pruebas en la ofisina de tierras que soy un comprador de buena fe como es la escritura y un escrito que la señora que esta reclamando el predio eya misma melo vendio y no las tubieron en cuenta ase 4 años y 8 meses le coloque un denusio penal en la fiscalia a esta falsa reclamante por fraude procesal falsa denusia y estafa mirando el espediente esta señora vendedora es victima pero por otros echos la biolensia que hubo en esta familia fue probocada por eyos mismos no tiene nada que ber la transacion que iso con migo esta vendedora donde esta la justisia el fiscal teniendo las pruebas recaudadas para imputarle cargos a esta criminal y no lo iso precluyo el caso aora esperando la desision del jues ojala mire bien a fondo el espediente y se aga justisia con estos criminales y alaotracara.co les agradesco que me ayuden a imbestigar para que se aga justisia con esta criminal me gustaria saber que pruebas mas tengo que presentar para que se aga justisia mi correo [email protected]

  2. Oscar antonio davila boada cc 13481537 de cucuta los magistrados que me despojaron de mi propiedad son los mismos que estan siendo imbestigados por otros prosesos que fayaron a fabor de las falsas victimas la fiscalia debe de mirar bien a fondo todos los espedientes de los falsos reclamantes para que se aga justisia con estos criminales los jueses y magistrdos confuden una cosa con la otra porqe mirando el espediente esta señora es victma mas no fue despojada no hay pruebas que aya sido despojada las victimas deben saber la berda que fue loque paso pero a esta falsa reclamante no la imbestigaron le creyeron dodas las mentiras que dijo parese que tubieran un negosio los abogados jueses y magistrados con las falsas vicimas porque esta falsa victima reclamo el predio para vivir y al año lo vendio que injustisia mi correo [email protected] cel 3163531776

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