El requerimiento plantea además el congelamiento total de intereses y saldos desde el 10 de agosto de 2026. ACUPE también pide continuidad de los estudios para los afectados, especialmente en las regiones de Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío.
La Asociación Colombiana de Usuarios de Préstamos Educativos (ACUPE O.N.G.), mediante su vocero Fernando Luis Calao González, presentó un requerimiento urgente al Gobierno Nacional para que adopte medidas extraordinarias de alivio para los estudiantes, beneficiarios y familias afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026.
La organización solicitó al Presidente de la República, Abelardo De La Espriella Otero; al Vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano; a la Ministra de Educación, Viviane Aleyda Morales Hoyos; y al presidente del ICETEX, Richard Alexander Caicedo Rico, suspender durante un mínimo de seis meses el cobro de los créditos educativos de los estudiantes y damnificados.
La medida, según ACUPE, debería ser prorrogable mientras persista la afectación económica y social de los afectados.
El requerimiento plantea además el congelamiento total de intereses y saldos desde el 10 de agosto de 2026. ACUPE pide que durante el periodo de alivio no se generen intereses corrientes, moratorios o capitalizados, gastos de cobranza, honorarios ni otros conceptos asociados al incumplimiento.
La Asociación también reclama protección del historial crediticio de los afectados. De acuerdo con la solicitud, durante la vigencia de las medidas no deberían realizarse reportes negativos, aceleraciones de plazo, cobros anticipados ni actuaciones que deterioren la calificación financiera de los beneficiarios, deudores solidarios o codeudores.
Solicitan condonación de créditos
Uno de los puntos centrales del documento es la creación de un programa extraordinario de condonación total o parcial de las obligaciones con el ICETEX. La propuesta contempla capital, intereses y otros conceptos para estudiantes, egresados, deudores solidarios y familias damnificadas.
ACUPE plantea que la condonación total tenga prioridad en situaciones como fallecimiento o desaparición del beneficiario o del principal proveedor económico del hogar, discapacidad, pérdida total de vivienda, destrucción de fuentes de ingreso, desempleo causado por el desastre, desplazamiento, pobreza extrema o imposibilidad comprobada de continuar pagando el crédito.
Regiones afectadas
El requerimiento menciona especialmente a comunidades de Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Risaralda, aunque solicita que las medidas también cobijen otros municipios y departamentos que sean certificados oficialmente como afectados.
La asociación propone un enfoque diferencial para víctimas directas, personas con discapacidad, mujeres cabeza de familia, comunidades indígenas y afrocolombianas, población rural y personas en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.
ACUPE también pide continuidad de los estudios
La propuesta no se limita al alivio financiero. La organización también solicita garantizar que los estudiantes damnificados puedan renovar, legalizar o continuar sus créditos y estudios, sin que la emergencia, la mora temporal o la pérdida de documentos se conviertan en razones para suspender desembolsos o cancelar beneficios educativos.
Entre las medidas solicitadas también está la creación de una mesa nacional de trabajo con participación del Gobierno, el Ministerio de Educación, el ICETEX, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidades territoriales, estudiantes, damnificados y organizaciones de usuarios.
ACUPE pide además que el Gobierno anuncie dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del oficio las medidas provisionales que se adoptarían, así como información sobre el número de usuarios del ICETEX ubicados en las zonas afectadas, los recursos disponibles y el cronograma para expedir las decisiones correspondientes.
Finalmente, la organización advierte que, si no se adoptan medidas que considere reales y oportunas, pondrá la situación en conocimiento de los organismos de control y evaluará el uso de mecanismos constitucionales, administrativos y judiciales para defender los derechos de los usuarios afectados.
La solicitud queda ahora en manos del Gobierno Nacional y del ICETEX, que deberán determinar la viabilidad jurídica, administrativa y financiera de las medidas planteadas por ACUPE.
