Toda democracia crece, se mantiene y perdura si respetan sus Fuerzas Militares y de Policía, desde luego también, si se cuenta con una justicia imparcial, trasparente, objetiva sin ningún sesgo político ni ideológico. Perdido el respeto o parcializada la justicia, se pierde la autoridad y la seguridad jurídica.
Si hay algo claro desde el comienzo del gobierno del Presidente Iván Duque Márquez, ya cerca de cumplir dos años, es que se comenzó por cierto sector de la oposición identificada con la línea de un radicalismo de izquierda extremo, una campaña, orquestada y dirigida en contra de las FF.MM.
Era clave conseguir la caída del Ministro de Defensa Guillermo Botero quien con ocasión del bombardeo al campamento del guerrillero Rogelio Bolívar, conocido como alias “Gildardo Cucho”, a finales de agosto de 2019, terminó renunciando. ¿Quién lo creyera, una misión militar exitosa operativamente hablando, por no haber sido informada en su momento como ha debido serlo, dejando claridad del reclutamiento de menores por fuerzas insurgentes, sirvió por completo al senador Roy Barreras para tumbar al ministro?, que a sabiendas de que no conseguiría una votación a su favor, optó por renunciar y no ser visto como el primer ministro censurado y apartado del cargo.
En otro logro de la oposición, finalizando el 2019, así se haya pretendido mostrar que su retiro obedeció a razones familiares, el comandante del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, fue relevado, en medio de cuestionamientos por esa oposición que le señalaba, sin ningún fundamento y prueba, por presuntas ejecuciones extrajudiciales; queriendo con ello revivir el denominado caso de “los falsos positivos”, por demás siempre acrecentado en su número, en función de la estrategia de antaño.
Pero no sólo desde el territorio patrio se dieron a esa tarea The New York Times se ocupó de las denominados “perfilamientos y chuzadas a más de un centenar de personas en Colombia, que llevó a la Revista Semana en su edición 1983 que circuló entre el 3 y 10 de mayo de esta anualidad, a destapar el supuesto escándalo de las denominadas “carpetas secretas”; en las que dice revelar como el “Ejército ejecutó un programa de seguimiento informático” denunciando que los blancos eran periodistas, corresponsales extranjeros, políticos, generales, sindicalistas.
Revisados ambos textos periodísticos se impone, como se insinuó en ciertas columnas de opinión, la manipulación de ciertas pruebas que les dieron un determinado alcance, distinto al que de verdad poseían, que dejan saber que este vaya a ser otro caso similar al del hacker que perjudicó por completo la campaña de Óscar Iván Zuluaga.
Saliéndose del marco normativo que rige la Comisión de la Verdad, pues sus temas están circunscrito al marco del conflicto padecido a lo largo de 53 años, el sacerdote Francisco de Roux, se vino lance en ristre en contra de las Fuerzas Militares de Colombia y en la propia cuenta de twitter de la Comisión de la Verdad, extendió en junio 25 un llamado “al COL_EJERCITO para que reflexione sobre su cultura y moral interna. Un llamado a la sociedad colombiana para acabar el machismo, la exclusión y el racismo”. Es su particular estilo populista, pretende erigirse en el dueño de la cultura y moral que debe regir al interior de la institución, intromisión que se parece a la de Monseñor Darío Monsalve desautorizado por el Nuncio Apostólico, quien se atrevió afirmar temeraria e irresponsablemente, amén de calumniosa afirmación que, el gobierno del Presidente Duque tiene una “venganza genocida” con los procesos de paz.
No contento con esa actuación se viene el sacerdote De Roux a rechazar y solicitar al exministro de defensa Juan Carlos Pinzón una retractación pública por unas declaraciones que hizo en las que dejo conocer la “afinidad ideológica o nexos con grupos armados” de la mayoría de los comisionados. Él se abroga el derecho a exigir retracto, pero olvida que a él también hay que exigirle lo propio por el trato dispensado a los servidores públicos como lo son los militares.
Con un hecho condenado y rechazado sin distingo alguno por todos los estamentos públicos y privados se dio un caso de acceso carnal abusivo contra una joven indígena de la comunidad Embera, que llevó a seis de sus autores soldados regulares, un séptimo cómplice, a aceptar los cargos formulados por la Fiscalía, en una diligencia de imputación el pasado 25 de junio que, ya se verá que acontezca finalmente con el proceso que se surta prontamente ante el juez de conocimiento. Lo que siempre perdurará en la memoria del pueblo colombiano, es la injusticia por el trato dispensado a unos similares hechos que se indica los cometieron algunos subversivos del secretariado durante el conflicto, como lo señalan las integrantes de Corporación Rosa Blanca, estén hoy libres, con puestos de honorables, con pago inmenso y con toda clase de beneficios y protecciones; con una pasividad inmensa de la JEP que conoce de dichos crímenes, quien hasta la fecha no ha proferido ninguna condena.
Al parecer con motivo de esa causa penal el señor Ernesto Samper expresidente de la República, la tomó en contra de la institución castrense y la estigmatizó señalándola de “que el problema de los militares violadores, además de ser un caso judicial que debe ser castigado ejemplarmente, es un problema de fondo por el hecho de que haya soldados entrenados institucionalmente para éste tipo de actos”, tamaña calumnia contra los soldados de la Patria, motivó duras y contundentes respuestas rechazando esas infames manifestaciones, las que se repitieron en nota que extendiera al Sr. General Enrique Zapateiro cuestionándole el envío de cartas acusatorias sin sustento; toda una vergüenza la postura y reclamo del expresidente.
Por supuesto, no podía faltar en esta campaña de desprestigio y de minar la efectividad de las FF.MM., la actuación reprochable de la justicia quien al fallar una tutela, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, impulsada entre otros por los senadores Iván Cepeda, Aída Avella, Antonio Sandino y el incendiario de Gustavo Petro, de tajo pretende acabar con los sistemas de cooperación y asistencia en materia militar de los gobiernos extranjeros, al decidir que la presencia de 53 asesores de la Brigada de asistencia de la Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos que vinieron a cooperar en la lucha contra el narcotráfico, requería de una autorización de tránsito por parte del Senado de tropas armadas extranjeras por el territorio nacional.
Se suman las reiteradas intromisiones en asuntos internos por parte del Alto Comisionado de la ONU exigiendo restringir el uso del Ejercito; las del conocido tutelante de oficio senador Iván Cepeda de recortar el presupuesto de las FFMM para ser transferido al sector Salud, y tantos otros hasta desembocar ya en actos discriminatorios con tinte xenofóbico, en contra de los soldados, en plantones y marchas efectuadas en los ingresos de las instalaciones militares y establecimientos comerciales, que dejan saber que esos movimientos no son espontáneos sino que obedecen al plan de desprestigio en curso. La situación ya llega a niveles alarmantes e inquietantes como se acaba de conocer en el Cauca ocurrido con la comunidad indígena en Argelia (Cauca), defensores al parecer de los cultivos ilícitos, quienes acaban de conminar a la fuerza pública en un plazo de 72 horas a salir del territorio.
El Alto Mando se echa de menos rechazando y condenando estas expresiones ofensivas a la tropa. Que sepan en esas comunidades indígenas que en Colombia no hay zonas vetadas para el ejercicio y actividad de las FF.MM.; no existe ninguna norma que faculte esos cabildos, ni siquiera su legislación, a pretender bajo amenazas el retiro de los soldados. Aquí no se va abrir la puerta a esas pretendidas zonas como “republiquetas” independientes.
