Por Javier Cuéllar.
Como se dice en lenguaje futbolístico, la Gobernación de Córdoba va perdiendo, en el primer tiempo 5-0, a favor de Funtierra, pues ha intentado, en cinco oportunidades, tumbar la sentencia que favoreció el pago a esta IPS, pero en todos sus tiros al arco ha fracasado; por esta razón, la gobernación ahora tiene en su haber una tarjeta roja, porque nunca participó en las audiencias de pruebas que se llevaron a cabo en la Superintendencia.
No obstante, cometió el desatino de presentar una acción de tutela ante el tribunal de Bogotá, sin tener pruebas en contra de lo que sentenció el juez, el cual le dio la razón a Funtierra.
Luego, el proceso fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia y allí, de nuevo, el arquero de la ley, que ha permanecido atento en su portería, logró interceptar el esférico y pudo evitar el gol de la corrupción.
Posteriormente, la gobernación presentó una nulidad que también fue favorable a Funtierra.
Más tarde, la gobernación presentó un recurso de reposición, pero el pasado viernes la Superintendencia volvió a darle la razón a Funtierra.
Los asesores jurídicos de la gobernación se inventaron unas auditorías que son extemporáneas, pero Funtierra probó ante la Universidad de Cartagena, que tiene toda su documentación en regla.
Funtierra dice que toda su lucha es en derecho, que no acepta presiones indebidas, ni admite razones de ninguna naturaleza que no sean dentro del derecho.
Los abogados de Funtierra están dispuestos a dialogar sobre la mesa, con las pruebas que tienen, para aplicar la normatividad jurídica que toque, porque en tres ocasiones la Súpersociedades les ha dado la razón; luego el Tribunal de Bogotá y ahora la Corte Suprema de Justicia.
Todo este proceso ha ocasionado que, el acuerdo de la ley 550, que blindaba al departamento, quede sin efectos, por lo cual los ciudadanos podrán demandar por sus acreencias.
Se está hablando de más de 2.500 demandas que dejarían a la gobernación sin ningún manejo económico, porque, evidentemente, entraría el Ministerio de Hacienda a dirigir los destinos de Córdoba.
En resumen, lo que dice el fallo es que los asesores presentaron una reposición a los 8 días, pero dicha diligencia debieron realizarla dentro de los 3 días siguientes.
La Gobernación está tratando de subsanar los horrores que ha cometido, porque no ha tenido defensa jurídica, pues los funcionarios que están salvaguardando los intereses del departamento, son neófitos en materia legal, motivo por el cual carecen de idoneidad profesional en materia jurídica, y por esta razón les ha ido mal en este proceso.
Además, otra de las razones de su revés es que Funtierra tiene toda la documentación en orden, por lo cual le ganó el pulso a la contraloría en tres investigaciones.
Como consecuencia, hoy la Contraloría enfrenta una demanda por más de $76 mil millones, por haber perseguido a Funtierra con argumentos falsos.
Entonces, pues, todos estos hechos demuestran que Funtierra es una empresa seria que ha sido atacada por políticos, por administradores y por la Contraloría departamental, pero que afortunadamente tiene toda su documentación preceptivamente; y no cursa en contra de esta IPS ninguna investigación legal.
La doctora Tania Otero, gerente de Funtierra, después de una larga lucha jurídica, ha mantenido la consistencia, como su verdadera base, con la que blande la certeza de que la gobernación tiene que pagarle la facturación, con sus respectivos intereses.
