Por Eduardo Padilla Hernández
Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, pero más que una fecha simbólica, debería ser una alarma encendida para gobiernos, empresas y ciudadanos. Este año, la atención gira en torno a la contaminación por plásticos, uno de los problemas más visibles y persistentes de nuestra era. Es un recordatorio de que los discursos sin respaldo normativo y acciones sin seguimiento efectivo no bastan.
Del diagnóstico a la acción: el papel del derecho ambiental
La lucha contra la contaminación plástica no es solo un tema ambiental. Es un asunto jurídico, de regulación efectiva y de cumplimiento obligatorio. Hoy, el mundo genera más de 400 millones de toneladas de plástico al año. Una mínima parte se recicla, mientras que el resto termina en ríos, mares, suelos y hasta en nuestros cuerpos. La ciencia ya ha encontrado microplásticos en la sangre y tejidos humanos. El daño no es hipotético.
Frente a este panorama, la comunidad internacional sigue discutiendo la creación de un tratado global vinculante sobre plásticos. Pero mientras los países negocian, los residuos siguen acumulándose. El derecho ambiental internacional no puede seguir avanzando al ritmo de la diplomacia lenta. Se necesita una regulación clara, exigible y con mecanismos de control.
Colombia: avances, pero sin garantías suficientes
Colombia ha dado pasos importantes. La ratificación del Acuerdo de Escazú en 2022 fue una señal clara de voluntad política. Este tratado, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental, fortalece la democracia ambiental en la región. Pero en la práctica, su implementación ha sido lenta y desigual.
En 2023, las cifras ofrecían cierto optimismo: una reducción de hasta el 35% en la deforestación. Pero el primer semestre de 2024 devolvió a la realidad. El retroceso fue evidente. Las zonas más críticas del país, como la Amazonía, siguen bajo presión por actividades ilegales, intereses económicos y ausencia estatal. Y aunque el discurso ambiental es central en la política nacional, las instituciones aún carecen de dientes para hacer cumplir las normas.
El medio ambiente como víctima del conflicto armado
En Colombia, además, el debate ambiental no puede separarse del conflicto armado. La Corte Constitucional ya ha reconocido al medio ambiente como una víctima silenciosa del conflicto. Grupos armados siguen explotando recursos, desplazando comunidades y degradando ecosistemas enteros. El derecho ambiental en estos territorios no es letra muerta: es letra nunca leída.
Más allá de los discursos
Hoy más que nunca, el país necesita una política ambiental con respaldo jurídico real. No basta con leyes escritas si no hay voluntad de aplicarlas. No sirven tratados si no se traducen en presupuesto, vigilancia y sanciones efectivas. El reto ya no es normativo. El reto es político y judicial.
La protección del medio ambiente no es un favor del Estado: es una obligación constitucional. El artículo 79 de la Constitución lo dice con claridad. Todos tenemos derecho a un ambiente sano, y es deber del Estado protegerlo. Hacerlo implica pasar del simbolismo a la ejecución, de las campañas a la justicia ambiental efectiva.
