Por Rafael Rodríguez-Jaraba*
En Colombia, algunos endilgan la inseguridad, la violencia y hasta la corrupción, al Derecho y la Justicia, ignorando que el verdadero origen del problema, es la precaria Educación, y, además, que el Derecho y la Justicia no son fines, son tan solo medios para prevenir, conjurar y reprender la indisciplina ciudadana, la alteración del orden público, y, por ende, evitar el quebrantamiento del régimen legal.
En los países desarrollados las cortes y las prisiones permanecen casi vacías, porqué los ciudadanos son educados y respetuosos del orden y la ley; en Colombia, congestionadas y hacinadas.
La eficacia de la educación de una nación, se refleja en la convivencia pacífica de sus ciudadanos, y se mide, mediante la baja tasa de ocupación de la justicia.
No le pidamos al derecho y la justicia que corrija las debilidades de la educación.
Para reimplantar el orden social, más que reformar la justicia, se requiere que la sociedad se reforme. De poco sirve, crear normas, remozar códigos, abreviar procesos, aumentar penas y construir prisiones, si no se siembra honor y virtud en mentes y corazones.
Nunca olvidemos que, el origen de la causa, es causa de lo causado, y, en consecuencia, la educación, y no el derecho ni la justicia, es la responsable del comportamiento social.
Si bien es urgente y necesario, adoptar medidas firmes, vigorosas, inteligentes y contundentes para poner freno a la violencia y el crimen que nos asola, es imperativo que paralelamente se reforme la educación, de manera que, además de informar, esté orientada a formar ciudadanos íntegros, respetuosos del orden social y de la convivencia pacífica y civilizada.
La Educación es la simiente del desarrollo integral de una nación, remedio eficaz a la violencia y vacuna a la anarquía. Colombia necesita más maestros que profesores, y más aulas, bibliotecas y laboratorios, que policías, jueces y cárceles.
La sociedad colombiana no puede permitir que siga avanzando la perversa «Paz Total«, que estimula la violencia, premia el delito y gratifica la villanía. Ese despropósito debe ser repudiado, abolido y desterrado.
Tampoco se puede permitir, que la educación pública se mantenga ideologizada, que sirva de centro de adoctrinamiento comunista, y de promotora de violencia, destrucción y anarquía.
Federico de Amberes, dijo: «La ciudad más pacífica, es la más educada; y más simple aún, la ciudad más limpia, es la que ciudadanos educados no ensucian. La educación previene y disminuye todos los problemas, por eso, debemos trabajar para remover la causa de ellos y no solo en combatir sus efectos. No hay mayor causa de pobreza, corrupción y violencia que la falta de educación”.
Estimo que, mientras en Colombia no se reoriente la educación hacia la formación fundamental integral de los ciudadanos, seguirán naciendo niños inocentes sin posibilidades ciertas de salud, educación y manutención; habrá más hogares mantenidos por mujeres; se mantendrá el desempleo y la pobreza, y; aumentarán las bandas de delincuentes, y no tendremos alternativa distinta a seguir aumentando la fuerza pública, abriendo más despachos judiciales, nombrando más jueces y fiscales, y construyendo más prisiones.
La tarea no es fácil y es de largo plazo, pero algún día se tendrá que empezar a hacer, en cambio de seguir desconociendo que la seguridad y el desarrollo son el resultado natural de la educación, y no del derecho ni de la justicia, y nunca, de la impunidad, como algunos han intentado hacerlo creer.
Ojalá que el próximo presidente de Colombia inicie la tarea, y convoque a la nación a una gran cruzada nacional en favor de la educación, de manera que cada ciudadano se convirtiera en un promotor de ella y en un policía cívico. De no ser así, nunca habrá orden, seguridad y desarrollo.
A pesar de todo, y en medio de la tragedia de violencia que padecemos a manos del actual remedo de gobierno, no tengo duda que los mejores días de Colombia están por venir.
En Sala de Espera No. 1: Que la Corte Constitucional declare “Estado de cosas inconstitucional”, ante la grave crisis que afronta el sistema de salud, que pone en riesgo la vida de los colombianos. La Corte debe evitar una tragedia nacional.
En Sala de Espera No. 2: Que la Corte Constitucional declare inexequible, la ley que aprobó la improcedente, descuadernada y confiscatoria Reforma Pensional.
En Sala de Espera No. 3: Que el Consejo de Estado declare la nulidad del decreto que Prohibió las Exportaciones de Carbón al Estado de Israel, que está arruinando a los departamentos de Guajira y César, y destruyendo más de 4.000 empleos.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado. Esp. Mg. Litigante, Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
