El Acuerdo de Escazú es un instrumento que establece las distintas respuestas frente al delito ambiental.
Por ejercer la defensa de los derechos humanos y del ambiente sano, de manera individual o colectiva, por reunirse o manifestarse pacíficamente y por conformar asociaciones y organizaciones no gubernamentales, en Colombia más de 1.700 defensores ambientales fueron asesinados en la última década, lo que significa que Colombia es el país con el mayor número de asesinatos denunciados en el mundo en este tema específico.
Los asesinatos y agresiones de defensores ambientales, ¿no están asociados a los grandes retos que enfrenta la implementación del Acuerdo de Escazú?
Multinacionales, principalmente extractivas, como petroleras y mineras, están presentes en territorios vulnerables, que da la casualidad que, en muchos casos, son ecosistemas estratégicos.
Por ejemplo, en el departamento del Putumayo se generan alertas constantes de amenazas y criminalización de activistas y defensores ambientales.
Muchos líderes y lideresas que tienen procesos judiciales, generados a partir de la oposición a la presencia de empresas petroleras en la Amazonía colombiana, o líderes y lideresas que han sido amenazados en torno a la protección del territorio que ejercen.
La situación es grave, por eso el Acuerdo de Escazú llegó en un momento oportuno para generar un escenario de diálogo que hace mucha falta.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado internacional de América Latina y el Caribe relativo al medio ambiente, y el primero del mundo que incluye disposiciones sobre los derechos de los defensores del medio ambiente.
El Acuerdo de Escazú busca fortalecer la implementación de los estándares de democracia ambiental para lograr el derecho a un ambiente sano.
Escazú es un instrumento del derecho internacional ambiental que, aunque no es de carácter vinculante y no tiene fuerza de ley, le cambió el futuro al ambientalismo.
Este Acuerdo gira en torno a la protección y promoción de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, en situación de vulnerabilidad de las comunidades, optimización de la rendición de cuentas, la transparencia y la gobernanza ambiental en el quehacer público.
Uno de los objetivos del Acuerdo es la implementación plena y efectiva de garantizar los derechos al acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos climáticos.
El Acuerdo de Escazú es el único instrumento internacional en su tipo que incorpora una disposición que asegura a personas, grupos y organizaciones defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, un entorno seguro y propicio para actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Es el primer tratado que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente.
Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
ASÍ SE IMPLEMENTA EL ACUERDO DE ESCAZÚ EN COLOMBIA:
Política de manejo de información ambiental, estrategia de acompañamiento a defensores ambientales, ampliación de la participación ciudadana en las decisiones ambientales, apoyo a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas.
El Acuerdo de Escazú es un instrumento que presta asistencia y protección eficaces a las personas que contribuyen a combatir de manera pacífica los delitos que afectan al medio ambiente.
