El Gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, entregó unas declaraciones a un medio de comunicación de Montería en las que reta la justicia, porque dice que «no pagará presuntas deudas a prestadores» de servicio de salud del departamento que atendieron en su momento a niños pobres discapacitados en la región.
Es decir, que el mandatario local no cumpliría con la sentencia en firme de la Superintendencia de Sociedades, revisada a través de tutelas por la Sala Civil del Tribunal de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia. Fallos que, además, fueron encontrados ajustados a la ley por la Corte Constitucional. Esa sentencia de la Súper fue impunada por el Gobernador y sus defensores con una petición de nulidad, que le fue negada y confirmada por la entidad nacional. Luego el mandatario y sus empleados interpusieron un recurso de reposición extemporáneo sobre esa decisión, que también perdieron. En total han sido seis decisiones de las autoridades competentes en contra de la Gobernación cordobesa.
Recordemos que Benítez y sus defensores no se presentaron a la práctica de pruebas ni a las audiencias para dictar fallo en la Supersociedades con fin de dilatar el caso y desconocer la autoridad de la citada entidad, supuestamente por la ignorancia de su asesor jurídico Daniel Díaz, quien ya fue destituido por cometer estos errores. Al parecer, el Gobernador con su despido intentó justificar la mala actuación de su gestión y culpar a otros.
Equivocadamente los asesores le dijeron a Benítez que la decisión de la Súper era una resolución administrativa y no una sentencia judicial, pero no tuvieron en cuenta que el Artículo 116 de la Constitución Nacional le da funciones jurisdiccionales a la Superintendencia.
La Supersociedades conminó a la Gobernación de Córdoba y al Ministerio de Hacienda, basada en el Artículo 37 de la Ley 550 de 1999, que le dio esa potestad, a hacer una convoctaria para un nuevo acuerdo con los proveedores o prestadores del servicio de salud, con el fin de realizar una restrucutacipon de pagos en el departamento y como consecuencia de esto el departamento podría recibir decenas de demandas y por eso Benitez no quiere acatar el fallo.
Benitez y sus asesores, al no tener ningún otro recurso legal contra la Supersociedades, se inventaron unas auditorías para dilatar la ejecución de la sentencia de dicha entidad. La Universidad de Cartagena, encargada de ese tema por la Gobernación, no tiene la facultad para auditarle las sentencias a ningún juez en Colombia y menos a un juez especial como la Supersociedades.
Estás auditorías sobre sentencias no existen en ninguna jurisprudencia y no son permitidas en ningún país del mundo, solamente en Córdoba, porque violaría la Ley y el Principio de Cosa Juzgada universal, que es lo que Benítez y sus asesores supuestamente estarían intentando.
Según algunos funcionarios de las Gobernación de Córdoba, Benitez tiene malos tratos con algunos empleados porque no hacen lo que él dice y a raiz de eso, algunos han renunciado.
Las investigaciones contra Benítez
Benítez ya tiene investigaciones por este caso de la Supersociedades ante los Fiscales Delegados de la Sala penal de Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y la Procuracuría General de la Nación, esta última ordenada directamente por el juez de la Superintendencia cuando emitió el fallo contra la Gobernación de Córdoba.
Benítez dice a voca llena, según su círculo cercano, que a él no le importan lo organismo de control porque él controla la Procuraduría y la Contaloría con sus aliados políticos.
Pero conociendo la transparencia de la Procuradora Margarita Cabello y el Contralor Felipe Córdoba, es evidente que se trata de una mentira del mandatario local para jactarse ante sus amigos y tratar de susbsanar el error que cometieron ante la opinón pública nacional.
Las consecuencias por no cumplir la sentencia de la Supersociedades son grandes. La entidad nacional ordenó pagarle a los prestadores de salud las facturas con intereses, lo cual genera un costo neto a la Gobernación de Córdoba de $200 millones mensuales y la cuenta total ya iría por más de $13 mil millones en solo intereses en los cinco años (desde el 2014) de deuda que fueron reconocidos por la Súper, la maxima autoridad en la materia. Un claro detrimento patrimonial que sufrirá este departamento costeño y sus habitantes por culpa de sus mandatarios.
