El Secretario de Salud de Córdoba, Carlos Enrique Sejín Vásquez, hizo público su error a través de los medios de comunicación, al aceptar que dio la orden de no pago a las obligaciones contraídas con la IPS Funtierra Rehabilitación por sus servicios prestados para atender a los niños discapacitados en la región, porque no conocía los procedimientos.
El pasado viernes 11 de febrero, el Secretario de Salud de Córdoba declaró ante la prensa que iba a solicitar el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría frente al tema del cumplimiento de la sentencia emanada de la Superintendencia de Sociedades (el Juez Natural), por el hecho de estar el departamento de Córdoba cobijado por la ley 550 de 1999.
En este video del reconocido portal cordobés la razon.co, Sejín Vásquez reconoce que van a hacer un acompañamiento a Funtierra para garantizarle el debido proceso a la citada IPS.
«Este tema de Funtierra lo estamos tratando con la mayor objetividad, con el mayor rigor técnico, hay un proceso de Conciliación con la Universidad de Cartagena y no se ha llegado a un punto final porque hay objeciones y lo más sano es solicitar el acompañamiento de los entes de control», manifestó Sejín al citado medio de comunicación.
Es importante que el Secretario de Salud haya corregido el error en que incurrió él y el Gobernador Orlando Benítez, los cuales pretendían hacer tropezar al Ministerio de Hacienda y a la Supersociedades, haciendo creer a la opinión pública que la Universidad de Cartagena no había finalizado la auditoría que hizo sobre el único mes que tiene que auditar, que es el mes de junio, sobre el cual ellos hicieron unas objeciones que Funtierra las respondió exitosamente.
Ellos tenían 10 días de plazo para hacer una conciliación, pero ya van corridos tres meses y no se sabe si fue que procedieron con maldad, pensando perversamente o sorprendidos de la seriedad y honestidad de Funtierra que entregó toda la información compulsada.
Transcurrieron 90 días durante los cuales no hubo ningún tipo de pronunciamiento.
La auditoría que está realizando la Universidad de Cartagena no tiene ninguna validez por ser extemporánea, sin embargo, la continuaron ejecutando. Pero Funtierra probó que tenía toda la documentación en orden.
El Secretario de Salud cordobés lo que manifiesta en los medios es un reconocimiento al error que cometió.
Ahora está solicitando a la Procuraduría y a la Contraloría que lo acompañen en la verificación del Pago.
Para los que no conocen el procedimiento judicial frente a la superintendencia, le explicamos los siguiente:
La Superintendencia, mediante un fallo, ordenó cancelar las facturas que ya habían sido auditadas por la secretaría y revisadas por el Juez Natural de la SuperSociedades.
Luego, entonces, La Súper también ordenó revisar la facturación del mes de junio. Esto ya se hizo delante de la Procuraduría que fue parte del proceso.
La Contraloría General, de acuerdo a la Constitución Política, a la ley y a sus nuevas reglamentaciones, realiza lo que se llama un control posterior cuando ya se cumpla la sentencia; dicha cartera revisa la facturas, para verificar que los pagos se hicieron correctamente.
La comunidad Funtierra se alegra de que los organismos de control realicen ese acompañamiento, porque esta institución de salud durante cinco años fue escudriñada por la Contraloría, la cual nunca le encontró una sóla terapia irregular.
La Procuraduría acompañó el proceso y jamás le pudo objetar ningún detalle de lo que estableció el juez natural en la SuperSociedades.
Entonces estamos ante un hecho ejemplar sin precedentes que le da tranquilidad al departamento de Córdoba, pues ningún ente de control ha encontrado elementos que atenten contra la ley.
Por esto Funtierra no ha sido sancionada por ninguna autoridad, porque en ningún momento ha fallado en el servicio que ha prestado.
En consecuencia, las cuentas que el juez autorizó cobrar están bajo las órdenes judiciales y no tienen ningún problema.
El próximo lunes 14 de febrero, Funtierra Rehabilitación presentará una nueva acción judicial para efectos de no permitir más dilatación por parte del Ministerio de Hacienda, la gobernación de Córdoba y la universidad de Cartagena, porque la comunidad Funtierra sospecha que hubo intriga en el asunto.
De ser cierto, esto se constituye en un atentado burocrático, un agravio, que arruina el futuro de los niños discapacitados del departamento de Córdoba.
