Ese Roa es un señor RRRRRR

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En Colombia los primeros meses han estado marcados por un aumento de alrededor del 30% en el precio de uno de los bienes básicos más consumidos en el país, el arroz. Esto ha llevado a la reducción del ingreso real de los hogares rurales y urbanos por efecto de la inflación.

Esta situación se puede explicar por cuatro elementos de importancia: el olvido del campo por parte del Estado colombiano, los choques externos producto de los Tratados de Libre Comercio (TLC), la caída del precio del petróleo y los intereses privados que menoscaban el beneficio de la sociedad en su conjunto.

En primer lugar, en Colombia el campo ha sido sistemáticamente olvidado lo que ha generado un atraso en infraestructura que inevitablemente transfiere vía precio, los costos de transporte y la pérdida del producto por daño o putrefacción al consumidor. Es decir la falta de una red vial que conecte de forma efectiva los territorios rurales con los urbanos no solamente afecta a los campesinos, sino también a los habitantes urbanos quienes deben pagar productos a un mayor costo.

Además se tiene un relativo atraso técnico en la producción y cosecha de arroz, puesto que las tecnologías utilizadas están dirigidas a la disminución de la mano de obra y no al aumento de productividad expresada en tonelada/hectárea. Ocasionando el deterioro de la calidad de vida de los campesinos sin tierra que deben vender su mano de obra para adquirir su sustento.

Mientras que con respecto a la coyuntura de incremento de precios en los primeros meses del año 2015 encontramos que según las estadísticas de FEDEARROZ  se pueden ver dos grandes tendencias:

El precio del arroz en USA ha tendido a la baja debido al aumento del precio del dólar generando de esta manera un aumento en la ventaja comparativa de los productores colombianos y llevando a un posible aumento de las exportaciones desde Colombia.

Un crecimiento sostenido de la producción y el rendimiento desde el año 2011 y una estabilidad con tendencia creciente del consumo del mismo, lo cual nos indicaría según la teoría económica dominante que en lugar de un incremento en el precio/kg se debería presenciar una caída del mismo.

¿Entonces qué pasa?

Desde hace ya varios años la Superintendencia de Industria y Comercio SIC ha venido investigando la conformación de carteles en la industria arrocera, lo cual la llevó a encontrar carteles y uniones ilegales hasta de cinco empresas arroceras. Sin embargo su último informe declara culpable a la organización Roa-Florhuila S.A por influenciar los precios al alza al controlar los precios de venta de sus distribuidores.

 

Dicho control de precios está dirigido a concentrar el beneficio económico en las empresas arroceras y las firmas que manejan grandes superficies (Éxito, Makro, Atacadao, Metro) y no en beneficio del grueso de la población lo que se puede evidenciar en una de las cartas enviadas a estas compañías en las que se afirma que: “Los descuentos que se otorgan por volumen serán nuestra contribución al margen y no deben ser transferidos al precio de venta público” .

Ahora bien, se debe señalar que esta empresa y varios de sus ejecutivos fueron sancionados por este hecho, sin embargo en Colombia se presentan dos elementos que generan incentivos a la cartelización a pesar de su castigo. El primero es la baja probabilidad de ser atrapados, por el alto costo de las investigaciones y la poca capacidad de las agencias encargadas. Y el segundo tiene que ver con que el margen de ganancia deduciendo las amonestaciones y multas continúa siendo elevado y llamativo.

¿Cómo cambiar el panorama?

Se debe incorporar una ley que permita el ejercicio de la soberanía alimentaria en el territorio nacional, por encima de los intereses exportadores, para de esta forma proteger a la población de los TLC y las colusiones (Un pacto que acuerdan dos personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero) de agentes privados.

El Estado debe volver a mirar el campo como un factor estratégico en el mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana y no como el residuo de las ciudades y un sinónimo del atraso.

Se deben fortalecer las agencias responsables del control a la empresa privada y los mecanismos de penalización endureciendo las penas y creando multas proporcionales a la ganancia incurrida por la acción ilegal.

Por Daniel Sebastián Contreras

Economista de la Universidad Nacional de Colombia

Tomado de Agencia de Prensa Rural

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