En una historia que parece no tener final, se evidencia cómo el entramado judicial de este país está a merced de la corrupción y la influencia de caciques del poder, quienes, desde la manipulación de la verdad atentan contra el buen nombre de personas honestas y trabajadoras, que se han destacado por sus aportes a la sociedad monteriana.
Tal es el caso de la empresa humanitaria IPS Funtierra Rehabilitación, víctima de las injurias de la administración de justicia, presuntamente aguzadas por el Fiscal Anticorrupción Gustavo Moreno junto con el Fiscal Daniel Díaz, quienes recibieron aproximadamente Doscientos Millones de Pesos ($200.000.000) para afectar a la mencionada entidad. Tras 23 fallos en distintas instancias se ha demostrado que la citada empresa y su representante legal, Tania Otero, NO incurrieron en actos de corrupción al reclamar el pago que por derecho les corresponde, por la prestación de servicios de neurorreahabilitación a población vulnerable del municipio cordobés.
De hecho, a la fecha es la gobernación de Córdoba quien no ha cumplido con el pago pactado con Funtierra y otros acreedores, haciendo uso de la figura Jurídica de reestructuración según Ley 550 de 1999. Así, ante numerosas reclamaciones, la Supertintendencia de Sociedades, mediante la sentencia proferida el 2 de junio de 2021, ofició al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que convocara a una reunión de acreedores internos y externos según lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 35 de la Ley 550 de 1999. Por el Grupo de Apoyo Judicial, se libró el oficio, remitiendo copia del acta y el video de la audiencia.
Tras los recursos interpuestos por los apoderados del Departamento, la Corte Suprema de Justicia mediante fallo de la Sala Civil confirmó que el proceso para el pago a Funtierra por parte de la gobernación de Córdoba ha sido intencionadamente dilatado. Con ello se procede a denunciar penalmente al Ministerio de Hacienda por desconocer la sentencia de la Supersociedades.
A ello debe sumarse la denuncia penal por injuria y calumnia en contra del Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez quien, presuntamente, desde un manejo erróneo de la información suministrada en Montería emitió el boletín de prensa N° 42 de 2023, en el que indicaba que Funtierra estaba siendo investigada por corrupción, omitiendo los fallos proferidos con antelación y cayendo de nuevo en una jugada maquiavélica en contra del buen nombre y reputación de la citada empresa y de su representante legal Tania Otero.
En el oficio con radicado 2023EE0035499, la Contraloría le responde a la señora Tania Otero Arroyo que NO hay ninguna investigación en su contra ni de la empresa que representa legalmente, evidenciando que los auditores suministraron información falsa al Contralor General, quien apresuradamente en escenarios públicos reprodujo datos errados que atentan contra la honorabilidad de los anteriormente mencionados. Por ello además del contralor, también se interpuso demanda en contra de la Contraloría General de la República por las irregularidades presentadas.
Ello lo único que devela es que la coordinación interinstitucional e interagencial solo funciona para reproducir falacias que han desencadenado amenazas y daños, no solo para la empresa prestadora de servicios de neurorrehabilitación y todos sus empleados, sino para la señora Tania y su familia, quienes han tenido que mudarse, incluso de ciudad, por la falta de garantías sobre su seguridad, exhibiendo esto la manera en la que los ciudadanos de bien se convierten en los perseguidos de un sistema corrupto, que rápidamente daña un buen nombre, pero que poco se preocupa por resarcir los daños y cumplir con sus responsabilidades legítimas.
Cortinas de humo van y vienen, sin embargo, más de 23 fallos proferidos por diversas entidades, incluida la Superintendencia de Sociedades y la Corte Suprema de Justicia, dan cuenta de la transparencia de Funtierra, y de cómo sus servidores, la representante legal y su familia, se han visto afectados por una estratagema que exhibe la inoperancia de la arquitectura judicial del país.
Actualmente, se está a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia, única entidad que ha revisado minuciosamente el caso, revistiéndose siempre de la solemnidad y neutralidad que deben caracterizar a los organismos de justicia del país. Por ello, seguiremos vigilantes y compartiendo públicamente los avances del proceso, el cual esperamos se falle en derecho, pues es desde la ciudadanía que debemos ejercer nuestro deber de vigilancia, siendo esta la mejor herramienta para vencer la corrupción y el clientelismo, fortalecernos institucionalmente, y edificar la sociedad que nuestros hijos merecen heredar.
