Ideas en torno a una Asamblea Constituyente limitada


 

Pacto social y reforma a la Justicia.

Rafael Lizarazu M.

Cuando se habla de Constituyente, muchos asocian el término con abismo. Nuestra Constitución reguló esta figura como un mecanismo válido que no afecta el “acuerdo sobre lo fundamental”.  Sin rasgarnos las vestiduras, podríamos unir esfuerzos por restablecer el equilibrio del sistema de pesos y contrapesos. Comparto con ustedes mi razonamiento.

Definimos el marco de convivencia en el pacto social, lo reformamos, lo adaptamos a lo largo de la historia, y cuando ya estamos a punto de matarnos los unos a los otros, apelamos nuevamente al constituyente primario para reformular dicho pacto. Generalmente con varios actores, que expresan dos puntos de vista, normalmente antagónicos, que giran siempre en torno a la evolución de las ideas políticas y de las teorías económicas .

Hoy esa pugna en Colombia enfrenta a la “derecha alternativa” contra el “capitalismo progresista”, o como lo ha llamado algún Senador sin muchas bases, “Posneoliberalismo”. El punto es que son dos polos opuestos, dos posiciones encontradas, recurrentes a lo largo de nuestra historia y que han sido la causa de muchas guerras.

¿Y cuándo nos sentamos a dialogar?  Cuando después de la guerra, y de miles de muertos, de fraccionamiento social, decidimos hacer una tregua y buscar una solución, normalmente reformulando el pacto social. Después del nuevo pacto, vienen momentos de desarrollo y paz, hasta que se desdibuja ese acuerdo, generalmente por excesos de las dos posiciones antagónicas frente al sistema.

En nuestra actualidad, uno de esos polos opuestos, la izquierda, ha demostrado reiteradamente que las ideas en que se fundamenta deja pueblos en la miseria, reparte y multiplica la pobreza. Moisés Naím ha llamado al fenómeno  “La necrofilia ideológica”, el amor por las ideas muertas. No sólo no han funcionado en ningún país de Iberoamérica, sino que detrás de esa obsesión, hoy en día, hay una agenda que predica “sociedades abiertas” con el solo fin de desestabilizar los Estados donde despliega su estrategia, y una vez sumidas en el caos, su palíndromo ideólogo, logra un rápido y desmesurado enriquecimiento, para luego migrar hacia otro objetivo.

Sin haber demostrado que sus fundamentos son perfectos, los resultados de la propuesta de la derecha, por el que las mayorías en Colombia nos hemos decantado, han dejado frutos, que si bien no son los ideales, nos han permitido transformar un Estado que fue calificado de inviable a uno posible. Nuestra transformación como sociedad en estos 20 años es admirada en el mundo, así nunca nos miremos el ombligo para resaltar dichos logros. Como falta tanto, no asimilamos lo que hemos avanzado. Y ese camino recorrido también se lo debemos a nuestro último gran pacto social, la Constitución de 1991.

Estamos destinados a convivir, respetando las ideas del otro. Creo que sin gran esfuerzo intelectual, esos dos antagonismos comparten cuatro pilares básicos en los que no existe discusión; vida, libertad individual, propiedad privada y economía de mercado. Donde no encontramos consenso, es en el papel del Estado y su alcance. La derecha prioriza un Estado liviano, no intervencionista, donde prima lo privado y la izquierda un Estado que llegue mucho más allá, más robusto donde prima el sector público. En democracia, este último punto, lo debe decidir quien gane en la urnas. Así de sencillo. Por tanto, podríamos concluir que en lo básico, hay consenso.

¿Dónde se ha desdibujado nuestro pacto social logrado en 1991?

En el rompimiento del sistema de pesos y contrapesos. De las tres ramas del Poder Público, hay una que ha entrado en estado comatoso, la judicial, y esta desequilibra el sistema. La reforma a la justicia por la vía ordinaria,  ha fracasado, y llevamos más de cuarenta intentos.

La Constituyente es una figura que no hemos estrenado, al no haber sido considerado necesario, porque es un mecanismo extremo, de “ultima ratio”. Pero no debemos temer acudir a ella cuando el sistema esté desequilibrado, es más, no hacerlo sería contrario al propio espíritu de la Constitución. Interpreto yo que, la invitación de la Senadora Paloma Valencia tiene ese espíritu: utilizar la figura para equilibrar el mecanismo de pesos y contrapesos y limitar como la norma lo permite, el campo de acción de esa constituyente, para que no se nos convierta en un caballo desbocado sin límites.

El artículo 376 de nuestra Constitución dice:

“Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine.” (Negrillas fuera de texto)

La Asamblea que se convoca deberá tener limitada su competencia a la reforma de la Rama Judicial, por tanto, es una “Asamblea Constituyente para la Reforma a la Justicia”. Con esa exclusiva competencia, por un periodo determinado y compuesta por expertos constitucionalistas, en lo posible. Bajo esos parámetros no veo riesgos a los cuales temer. El proyecto presentado en 2017 por Viviane Morales, cometió el error de llamarla Asamblea Nacional Constituyente. No lo es, y no es un tema semántico.

La doctrina constitucionalista la define como “Asamblea Constitucional”, para diferenciarla.

El pacto social del 91 debe quedar salvaguardado en cualquier otra materia ajena a la competencia de dicha constituyente. No olvidemos, y especialmente, la oposición, que la Constitución de 1991 le permitió a su actual líder de la oposición estar donde está y defender la ideas que defiende, así no haya participado en el proceso de amnistía previo.

El llamado Cartel de la Toga, acabó de sepultar el prestigio de nuestra Rama Judicial. Es la oportunidad de volver a recobrar la senda de la Justicia prestigiosa, proba, que caracterizó la famosa Corte de Oro de los años 30 y modernizar su estructura, composición  y todos los aspectos que le competen, para reestablecer el equilibrio de poderes.

La politización y el sesgo de la Corte Suprema de Justicia, ha deshonrado y deslegitimado la Rama Ejecutiva, y al sistema  presidencialista. La Corte, infiltrada y politizada, ayudó a dividir aún más a nuestro país.

Sus últimas actuaciones, dentro de las que se destaca el ataque personalizado a la figura política que ha contado con las mayorías en los últimos veinte años, es de una torpeza sin parangón. Pero es una de tantas. Y nadie puede alegar, que el tema de la reforma a la Rama Judicial, es nuevo y producto del calor de la indignación que tenemos muchos.

Es momento de sentarnos a dialogar y dejar las inquinas, reformar dentro del marco constitucional vigente la Rama Judicial, para que sigamos viviendo en paz. Los temas de poder, ajenos a este cáncer que nos carcome, se resuelven en las urnas, y así lo hemos hecho desde el comienzo de nuestra historia constitucional.

A la oposición le tiene que sonar esta idea.

Decimos lo que otros callan
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