Por: Eduardo Padilla Hernández, profesor de derecho ambiental.
Según el portal jurídico GuiaLegal.com, la complicidad es el acto de ayudar o alentar a otra persona a cometer un delito.
También se le conoce comúnmente como ayuda e instigación. Se dice que quien colabora es cómplice.
Pero, aunque un cómplice no cometa realmente el delito, sus acciones ayudan a alguien a cometer el delito.
Ser cómplice de alguien, dentro del contexto de las relaciones interpersonales, empresariales o gubernamentales, significa estar juntos tanto física como mentalmente, entenderse y completarse mutuamente. Para el derecho, un cómplice es una persona que participa o está asociada en un delito, sin haber sido la autora directa del mismo.
El concepto de responsabilidad cómplice significa, que un cómplice enfrenta el mismo grado de culpa y castigo que la persona que cometió el crimen.
De hecho, los cómplices pueden enfrentar las mismas penas, incluida la pena de prisión.
La consideración clave es si el individuo alentó o asistió intencional y voluntariamente en la comisión del delito, o (en algunos casos) no lo evitó.
El artículo 30 del Código Penal dispone para el cómplice una disminución punitiva de la sexta parte a la mitad de la pena que le corresponde al autor de la conducta punible.
EJEMPLOS DE COMPLICIDAD
Apagar el sistema de alarma de una joyería en la que trabajas, sabiendo que será robado más tarde esa noche. Prestar un arma a alguien que sabes está planeando cometer un delito. Dirigir un vehículo a una calle sin salida, donde sabes que está un ladrón de vehículos.
DEL EJEMPLO A LOS HECHOS
Los alcaldes del bajo Sinú y el director de la CarCvs e Incoder, deliberadamente y con actitud cómplice, desconocen la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que les ordena restituir a la nación los humedales ocupados de hecho por los particulares (terratenientes vecinos) colindantes con los humedales, quienes lenta y progresivamente se apropian durante el verano de estos terrenos de la Nación.
Los gobernadores y alcaldes se encuentran al borde del Incidente de Desacato respecto a la Sentencia T-129/19 sobre la restitución de tierras a los campesinos que son víctimas y tienen derecho a la restitución de tierras en el marco del desplazamiento forzado.
“Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que de vieja data ha acogido la Sala Plena de la Corte Constitucional y que se ha mantenido es que, si bien una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental es la imposición de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia (…).
Sobre el eje del río Sinú se han apropiado de más de 30.000 hectáreas de los siguientes humedales:
Ciénaga de Betancí, Ciénaga Grande de Lorica, ambas márgenes del caño secundario La Caimanera, Ciénaga de Martinica, Ciénaga Redonda, Ciénaga Mono Macho, humedales la Lorenza, El Toronjil y Berlín.
Y en el Sinú Medio se apropiaron de 25.000 hectáreas de playones en Punta Yánez, Momil, Purísima, Cotorra y Lorica, terrenos que los latifundistas dedicaron a la ganadería y al cultivo intensivo de Maíz, sorgo y algodón.
El uso de pesticidas en todo ese territorio actúa sobre la flora, cuya acción tóxica se hace extensiva a la fauna, arruinando ese ecosistema.
Todas estas apropiaciones han ocurrido bajo la mirada y el accionar cómplice de los funcionarios y curadores municipales.
Estos Humedales que almacenaban más de 20 millones de m3 de agua, eran reservorios que cumplían la función de amortiguadores naturales durante las crecidas del río Sinú, que con el acompañamiento regulatorio de Urrá, desde el año 2000, nos garantizaban una seguridad hídrica en la gran llanura aluvial del Sinú Medio y bajo, porque actuaban mancomunadamente absorbiendo los picos de las avenidas (inundaciones).
En los últimos 10 años se rompe el equilibrio ambiental, por la descarada apropiación de terrenos del Estado y por el desplazamiento de comunidades nativas que hoy no tienen donde amarrar una canoa para pescar en invierno; ni para sembrar en verano, arroz, patillas, fríjol, tomates y berenjenas, porque los latifundistas despojaron de sus tierras a los oriundos, en detrimento de su economía y de su subsistencia, que se derivaba del pan coger (plátano, yuca, ñame, frutas y verduras, entre otros) y se complementaba con la pesca de bocachicos, bagres, mojarras, yalúas, cachamas, tilapias, etc., y la captura de aves, animales terrestres y anfibios (pisingos, barraquetes, cacó, conejos e hicoteas, además de la cría de cerdos). Y aves domésticas (gallinas, pavos, cocadas, patos, entre otros).
Hoy están inundadas más de 30.000 hectáreas de terrenos. Y hay más de 40 mil personas damnificadas por culpa de los ladrones de tierras que generan desplazamientos forzados de comunidades. A esta calamidad se suma el proyecto hidroeléctrico Urrá, que inundó 7.400 hectáreas, afectó el resguardo indígena del Alto Sinú y al Parque Nacional Natural de Paramillo, degradó los suelos, las ciénagas y en general los medios de vida en la parte baja de la cuenca del río Sinú en donde se asientan los campesinos.
Funcionarios públicos como notarios, registradores y jueces se alían con los criminales para amenazar a los campesinos y obligarlos a vender a precios muy por debajo del valor real de los predios.
Los alcaldes cómplices lloriquean migajas al gobierno central, en cada invierno, para atender emergencias con frecuencia anual, pero luego cuando reciben los recursos del orden nacional, los derrochan.
Según la Sociedad Colombiana de Topógrafos, algunos funcionarios públicos como notarios, registradores y jueces se alían con los criminales para amenazar a los campesinos y obligarlos a vender a precios muy por debajo del valor real de los predios.
Si se recuperan los playones robados, y se destruyen las albarradas construidas por los terratenientes, como consecuencia lógica disminuyen las áreas inundadas. El gobierno nacional está adelantando gestiones al respecto.
